24/07/2021

Senadores de la Comisión V solicitan al gobierno sacar del PND los artículos que concentran la propiedad de la tierra

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 3 de marzo de 2011.

Que la reforma a la Ley 160 de 1994, sobre entrega de tierras del Estado a los particulares, se tramite como proyecto de ley independiente y no como letra menuda dentro del Plan Nacional de Desarrollo, le pidieron algunos congresistas de la Comisión Quinta del Senado al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Los congresistas, todos de distintos partidos, le solicitan al ministro “retirar del Plan de Desarrollo los artículos 45, 46 y 47 y, en su reemplazo, presentarlos dentro de una ley diferente ante el Congreso”, a fin de que se puedan analizar en profundidad las medidas propuestas.

El mensaje lleva la firma de la presidenta de la Comisión, senadora Daira Galvis, y la de Félix Valera, Luis Emilio Sierra, Maritza Martínez, Milton Rodríguez, Jaime Durán Barrera y Jorge Enrique Robledo.

De aprobarse lo propuesto por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, un particular podría adquirir sin autorización alguna tierras baldías hasta por 9.000 hectáreas y, con permiso especial, hasta 100.000 o más, bien sea en propiedad o en usufructo. El Plan también faculta al gobierno para definir los demás aspectos de la política en materia de entrega de tierras.

El siguiente es el texto de la carta:

Doctor JUAN CAMILO RESTREPO Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: El cambio de la ley sobre la entrega de tierras del Estado a los particulares debe debatirse cuidadosamente.

Cordial saludo:

Los artículos 45, 46 y 47 del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que modifican la Ley 160 de 1994, significan un cambio muy profundo, de 180 grados, en la política de entrega de tierras del Estado a los particulares.

Porque mientras dicha ley promueve que los baldíos de propiedad del Estado se distribuyan entre los colombianos más pobres (jornaleros y minifundistas) y en tamaños de economía campesina, el Plan de Desarrollo elimina las restricciones vigentes y busca que esas tierras pasen a manos de grandes inversionistas, incluidos los actuales propietarios rurales, cosa que hoy está prohibida. Y también se elimina la prohibición de sumar a otras las tierras que el Estado les cedió a particulares, otra medida que facilita montar proyectos de gran extensión.

Para dar un ejemplo de lo que se busca, hoy en la Altillanura el Estado no puede transferir tierras suyas en áreas superiores a 900 hectáreas por persona, pero con la reforma podrá, sin permisos especiales, entregar 9.000 hectáreas a cada uno. Y si el beneficiario consigue una autorización oficial, el Estado podrá entregarle predios de cualquier tamaño: 20, 50 ó 100 mil y más hectáreas. Que estas entregas no sean en propiedad sino en algún tipo de usufructo no modifica que se trata de un cambio de fondo en la política agraria del Estado colombiano.

La Ley del Plan de Desarrollo, además, le transfiere al gobierno la autorización para definir los demás aspectos de un cambio de este calibre en la política de tierras.

El propósito de la anteriores líneas no es el de controvertir lo que el gobierno propone hacer con los baldíos rurales de propiedad estatal, porque en la Comisión Quinta existen distintas opiniones sobre el tema. En lo que coincidimos es en que un tema de los enormes alcances de este no debe tratarse en tres artículos entre los 170 del Plan de Desarrollo, sino como una ley de la República tramitada por aparte, de manera que luego de un análisis especializado y con tiempo suficiente se legisle al respecto.

En consecuencia, Señor Ministro, respetuosamente le solicitamos retirar del Plan de Desarrollo los artículos 45, 46 y 47 y, en su reemplazo, presentarlos dentro de una ley diferente ante el Congreso, para que este decida luego de un trámite informado y con tiempo de análisis suficiente.

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