04/08/2021

https://www.rcnradio.com/colombia/lanzan-advertencia-por-irregularidades-en-la-pae-en-cartagena

DUQUE MIENTE SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PAE

Bogotá  18 de abril 2020, John Alexader Granados Rico, Asamblea Delegados de la ADE, CEID –  FECODE.

Las acciones que tomaron los mandatarios de Bogotá, Villavicencio, Cali y Cartagena, para atender la pandemia causada por el virus COVID-19, obligaron al presidente de la republica Iván Duque a declarar “Estado de Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”.

Para comprender los alcances de la declaración de emergencia en materia educativa hay que analizar los decretos 470 y 533 expedidos por el Ministerio de Educación, los cuales, modifican los artículos 16 y 17 de la ley 715 de 2001, para incluir a los departamentos en el criterio de distribución por equidad y en la trasferencia de recursos de calidad del Sistema General de Participaciones – SGP, además de los municipios y distritos. Las normas expedidas por la ministra María Victoria Angulo no adicionan nuevas fuentes de financiamiento para el sector educación para atender la crisis, sino que les recarga mayores gastos a los insuficientes fondos del SGP, porque en la distribución de los dineros se incluyen a los departamentos, en otras palabras, el gobierno nacional transfiere la misma plata, pero la divide entre más actores. De este modo, los distritos y municipios no tienen otra salida que atender las necesidades del sector educación con recursos propios porque en la práctica verán reducidos los dineros que les gira la nación.

Adicionalmente, los decretos 457 y 531 les permite a los secretarios de educación y rectores citar a los maestros para entregar el PAE, pero no contempla que se debe primero garantizar las condiciones previas para evitar que los y las docentes se contagien del virus.

Con la resolución 006 del Ministerio de educación les permite a los entes territoriales efectuar o modificar los contratos del PAE para garantizar su consumo o preparación en casa y además contempla la posibilidad de otorgar un bono alimentario a los y las estudiantes por $50.000. Establece que para la entrega de los alimentos o del bono se debe identificar a la población más vulnerable, exigiendo un ejercicio de re-focalización de los beneficiarios del programa, adjuntando los respectivos soportes. Para la financiación del PAE, durante el periodo de emergencia, los entes territoriales deben cofinanciar la prestación del servicio con los recursos que cuenten en caja hasta la fecha. Mientras tanto Para motivar la cofinanciación, el gobierno nacional se compromete a distribuir unos recursos adicionales, en relación, a la fecha de iniciación de operaciones del PAE en el 2020, y no en relación, a los gastos totales que el ente territorial incurriría para garantizar la prestación del servicio durante la emergencia.

Con esta resolución queda en evidencia la política tacaña de Duque, porque en vez de universalizar la cobertura del programa, les exige a los entes territoriales focalizar la cobertura de la población beneficiaria del PAE, desconociendo que por causa de la crisis económica y la cuarentena que atraviesa la nación, los padres de familia han perdido sus empleos, han visto reducidos sus ingresos por medidas de los empleadores o no han podido salir a la calle a conseguir el sustento diario para su familia. Un hecho que demuestra que el gobierno nacional no transfiere los recursos, es la obligación a los departamentos, distritos y municipios de cofinanciar el PAE con sus propios recursos durante la emergencia sobre la base de la promesa de que una vez superada, la nación girara un porcentaje de los recursos invertidos con un criterio que no está relacionado con la población atendida por ellos, de este modo el gobierno central elude la responsabilidad de financiar y girar más dinero para el programa durante la crisis. Finalmente, no se pude olvidar que el Programa Alimentación Escolar, desde que entró en funcionamiento, siempre ha sido una de las principales fuentes de corrupción en la contratación nacional y regional.

El análisis de las normas, permiten concluir que, las medidas realizadas por el presidente Iván Duque, en el marco de la declaración de Emergencia, profundizan la política neoliberal desarrollada para educación por los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, consistente en reducir la inversión que hace el gobierno nacional para financiar la educación pública; reduciendo costos de funcionamiento; y trasladando mayores responsabilidades fiscales a los entes territoriales, lo anterior, para garantizar que Colombia disponga de los recursos necesarios para pagar la deuda externa y otorgar beneficios tributarios a las multinacionales y al capital extranjero.

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