Las cuentas del Estado en orden será desde ahora un criterio consagrado en la Constitución.
El acto legislativo por medio del cual la sostenibilidad fiscal se eleva a criterio constitucional, para que el Estado se vea obligado a mantener una disciplina en el manejo de las finanzas públicas, fue aprobado ayer en su octavo debate en la plenaria del Senado, donde contó con el aval de la mayoría de los partidos políticos.
Lo que sigue es la etapa de conciliación, teniendo en cuenta que el texto aprobado ayer es distinto del que había avalado la Cámara en pleno.
Entre abrazos, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, celebró la aprobación del acto legislativo que, tras ocho debates, generó fuertes polémicas.
El Polo Democrático, a través de Luis Carlos Avellaneda, allegó una proposición para archivar el proyecto, lo que fue votado negativamente por la plenaria.
Al sentir que no eran escuchados, decidieron abandonar el recinto, por lo que la votación final quedó 62 a favor y 7 en contra.
Según dijo Jorge Robledo, se retiraron porque Armando Benedetti, presidente del Senado, no los dejó hablar.
Según Robledo, lo relevante es que “se le da rango constitucional a algo que anula la independencia de la Rama Judicial y barre con los derechos democráticos”. Los opositores temen que no se puedan garantizar derechos si ello desequilibra las finanzas.
Al contrario, para el ex ministro Óscar Iván Zuluaga, gestor de la iniciativa, “el mensaje es que el Estado Social de Derecho solo es viable, en la medida en que se garantice la sostenibilidad fiscal”.
Según Zuluaga, “la existencia de una ponencia distinta en cada cámara no será obstáculo, pues la aprobación por mayorías tan amplias llevará a que se acoja una de las dos propuestas”, pero para otros, como el ex magistrado José Gregorio Hernández, la situación es distinta.
“En su paso por la Corte, el acto legislativo podría peligrar, porque las diferencias señalan que hay vicio de trámite”.
La sostenibilidad fiscal entró al Congreso como un derecho constitucional; hacia el cuarto debate ya era un principio y, finalmente, quedó como un criterio. “No creo que esas modificaciones logren disipar las dudas que hay sobre la validez de ese acto legislativo. No le veo mayor efecto a esa distinción.
El hecho de que sea criterio no elimina la disculpa para irrespetar los derechos”, indica Hernández.
La propuesta de dejar la sostenibilidad fiscal solo como un criterio fue del Partido Liberal, que hasta el sexto debate votó negativamente, por considerar la iniciativa en contravía del principio constitucional que creó el Estado Social de Derecho, con el cual se lograron beneficios como la tutela, para que los colombianos puedan reclamar derechos fundamentales.
¿Qué significa el nuevo criterio?
Equilibrar ingresos y gastos para que las finanzas con las que se invierte en mejores oportunidades para los colombianos se mantengan saneadas es una función del Estado que hasta ahora no se ha podido lograr. Por ello, el Gobierno anterior propuso que, por mandato de la Constitución, se obligue a la racionalización de gastos, de manera que las finanzas del Estado sean sostenibles, lo que, a su vez, deberá permitir alcanzar los objetivos del Estado Social de Derecho.
El hecho de que estas dos herramientas estuvieran en un mismo rango fue, precisamente, lo que los opositores al proyecto vieron como un menoscabo a los derechos fundamentales del ciudadano que ya están ganados en la Carta Magna.
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