24/07/2021

Los atropellos contra el magisterio

Francisco Torres,
candidato al Comité Ejecutivo de Fecode, 
Arauca, febrero 25 de 2013

Con el tristemente célebre informe Alesina se puso en movimiento un vasto complot dirigido por las agencias internacionales del imperialismo y aplicado celosamente por el Gobierno Nacional, encaminado a aplastar a como diera lugar la combativa organización del magisterio colombiano, que durante cuarenta años había contendido la política oficial en enormes movilizaciones y paros que dieron al traste con no pocas iniciativas contra la educación y los educadores, y alumbraron trascendentales victorias que fueron hitos en su batallar: el Estatuto Docente en 1979, el Fondo de Prestaciones Sociales en 1989 y la Ley General de Educación en 1993.
La perentoria orden de partirle el espinazo a FECODE iba dirigida a destruir la organización, claridad ideológica y capacidad de lucha del magisterio, lo cual requerían con urgencia para abrirle paso a la implementación en regla del neoliberalismo en el sector educativo. En esa situación en el año 2001 se dio la primera y más decisiva batalla general en torno a lo fundamental, la financiación de la educación pública.
El magisterio luchó denodadamente en un paro nacional indefinido contra el brutal recorte de los recursos, no obstante lo cual Pastrana y Santos alcanzaron su objetivo. Dado que la reforma constitucional requería de una ley que la reglamentara se presentó una nueva contradicción y la necesidad de que los maestros nos aprestáramos a una nueva batalla. Batalla que no se dio por primar en el sector mayoritario de la dirección de la federación la errónea concepción de que con proposiciones dirigidas a un gobierno que tenía y tiene blindadas las orejas a las concepciones nacionales se podría detener la andanada.
La ley 715 nació sin ser combatida y aún con sentimientos de aquiescencia en algunos dirigentes. La catarata de decretos que a su vez dio a luz fueron todos y cada uno verdugos de la educación pública, de la autonomía educativa, de la educación como palanca del desarrollo de la nación y de la ciencia, y de los derechos de los maestros. Dichos decretos le enseñaron a muchos el ínfimo valor que tienen las proposiciones que no van acompañadas de la lucha y el enorme peso de las del gobierno aparejadas en decisiones parlamentarias y gubernativas sostenidas por la fuerza.
Los colegios en concesión y en convenio, los bancos de oferentes y un sin número de estratagemas privatizadoras y desescolarizantes se han propagado como verdolaga en playa en los últimos doce años. El estatuto 1278 confinó a un número de educadores que crece en forma exponencial al reino de la inestabilidad y la burla a su derecho de ascender. Los colegios públicos encaminados a ser empresas y los rectores, gerentes, para tornar la educación en negocio y a la dirección colegiada –establecida por la ley general- en su negación, la dirección uninominal. La promoción automática sostenida contra la razón y la realidad. La destrucción del preescolar de tres grados, mantenida contra la sicología y los derechos de los niños que tanto cacarean defender. Las competencias para negar el conocimiento y remplazarlo por el saber hacer en beneficio de unas multinacionales que están convirtiendo a Colombia en un paraíso –para ellas- de materias primas regaladas y trabajadores a precio de ganga. Las pruebas Saber para deformar la educación pública a los intereses de los mismos monopolios.
Para todo ello se necesitaba quebrarle el espinazo al magisterio colombiano. Y esa infame tarea que se impusieron Pastrana, Uribe y Santos continua desarrollándose. Aún se le deben los días descontados a los maestros antioqueños y de otros departamentos por el paro de 2001, pese al concepto de la OIT. El Ministerio de Educación azuza a las secretarías de educación para que les hagan Cada día las normas aprobadas en esta última década persiguen con saña a los maestros buscando que todos y cada uno nos dobleguemos ante las horcas caudinas que han erigido estos bárbaros –como justamente los llamara Vargas Vila- en su propósito de convertir en ceniza la educación pública colombiana.
Así, las aulas deben estar atiborradas de estudiantes hacinados y, a la vez, debe haber profesores sin asignación académica. Los dos polos de una contradicción que se resuelve con la disminución de la nómina y la privatización. Los maestros no pueden enfermarse y si lo hacen deben, en muchos casos, enviar un remplazo. No importa que sea ilegal, los niños no pueden perder clase, los colegios no pueden perder alumnos porque no habrá estabilidad en los cargos.
El aumento de la asignación académica se refuerza en la Directiva 02 con 30 horas de sesenta minutos de jornada académica, 24 horas de asignación académica para que más educadores queden sin asignación. El descanso o recreo enviado al limbo creado por el Ministerio de Educación. Y todos estos entuertos sostenidos con una cháchara barata que no resisten ni siquiera la menor comparación con lo que se hace en los países desarrollados.
Estos últimos afrentosos años nos han educado en la perversidad del gobierno, quien con la boca llena de melifluas palabras canta loas a su política dizque de mejoramiento de la calidad de la educación y de profesionalización docente, en tanto perfecciona medida tras medida para arrojar la educación al abismo y a los educadores a la mayor pobreza e injusticia. Y ahora, la crisis económica mundial causada por el imperialismo y las medidas de austeridad neoliberal entronizadas en los cinco continentes supuestamente para resolver los problemas causados por la misma política, se ensañan en Colombia multiplicando los males.
Ante semejante panorama no cabe duda que debemos persistir en el continuo llamado a la claridad ideológica frente a un gobierno que hasta en su menor decisión se revela como el campeón del neoliberalismo, en la elevación y fortalecimiento de nuestras organizaciones sindicales, gremiales y populares, y en la firme decisión de salir a las calles con la enseña del paro, tal como lo vienen haciendo un número creciente de compatriotas.

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