Los atropellos contra el magisterio

Con el tristemente célebre informe Alesina se puso en movimiento un vasto complot dirigido por las agencias internacionales del imperialismo y aplicado celosamente por el Gobierno Nacional, encaminado a aplastar a como diera lugar la combativa organización del magisterio colombiano, que durante cuarenta años había contendido la política oficial en enormes movilizaciones y paros que dieron al traste con no pocas iniciativas contra la educación y los educadores, y alumbraron trascendentales victorias que fueron hitos en su batallar: el Estatuto Docente en 1979, el Fondo de Prestaciones Sociales en 1989 y la Ley General de Educación en 1993.
La perentoria orden de partirle el espinazo a FECODE iba dirigida a destruir la organización, claridad ideológica y capacidad de lucha del magisterio, lo cual requerían con urgencia para abrirle paso a la implementación en regla del neoliberalismo en el sector educativo. En esa situación en el año 2001 se dio la primera y más decisiva batalla general en torno a lo fundamental, la financiación de la educación pública.
El magisterio luchó denodadamente en un paro nacional indefinido contra el brutal recorte de los recursos, no obstante lo cual Pastrana y Santos alcanzaron su objetivo. Dado que la reforma constitucional requería de una ley que la reglamentara se presentó una nueva contradicción y la necesidad de que los maestros nos aprestáramos a una nueva batalla. Batalla que no se dio por primar en el sector mayoritario de la dirección de la federación la errónea concepción de que con proposiciones dirigidas a un gobierno que tenía y tiene blindadas las orejas a las concepciones nacionales se podría detener la andanada.
La ley 715 nació sin ser combatida y aún con sentimientos de aquiescencia en algunos dirigentes. La catarata de decretos que a su vez dio a luz fueron todos y cada uno verdugos de la educación pública, de la autonomía educativa, de la educación como palanca del desarrollo de la nación y de la ciencia, y de los derechos de los maestros. Dichos decretos le enseñaron a muchos el ínfimo valor que tienen las proposiciones que no van acompañadas de la lucha y el enorme peso de las del gobierno aparejadas en decisiones parlamentarias y gubernativas sostenidas por la fuerza.
Los colegios en concesión y en convenio, los bancos de oferentes y un sin número de estratagemas privatizadoras y desescolarizantes se han propagado como verdolaga en playa en los últimos doce años. El estatuto 1278 confinó a un número de educadores que crece en forma exponencial al reino de la inestabilidad y la burla a su derecho de ascender. Los colegios públicos encaminados a ser empresas y los rectores, gerentes, para tornar la educación en negocio y a la dirección colegiada –establecida por la ley general- en su negación, la dirección uninominal. La promoción automática sostenida contra la razón y la realidad. La destrucción del preescolar de tres grados, mantenida contra la sicología y los derechos de los niños que tanto cacarean defender. Las competencias para negar el conocimiento y remplazarlo por el saber hacer en beneficio de unas multinacionales que están convirtiendo a Colombia en un paraíso –para ellas- de materias primas regaladas y trabajadores a precio de ganga. Las pruebas Saber para deformar la educación pública a los intereses de los mismos monopolios.
Para todo ello se necesitaba quebrarle el espinazo al magisterio colombiano. Y esa infame tarea que se impusieron Pastrana, Uribe y Santos continua desarrollándose. Aún se le deben los días descontados a los maestros antioqueños y de otros departamentos por el paro de 2001, pese al concepto de la OIT. El Ministerio de Educación azuza a las secretarías de educación para que les hagan