Jorge Enrique Robledo Castillo, manizales, 20 de Febrero de 2001
Lo primero que quiero resaltar en esta presentación del texto “La educación Colombiana, medio siglo de imposiciones”, es que su autor, Wilson García Quiceno, hoy presidente de Educal, es un hombre de acción que ha dedicado su vida a defender la educación pública, dando ejemplo de coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace, relación elemental si se desea evitar la charlatanería. Pero Wilson García, además, no es un dirigente que actúa dotado de instrumentos de navegación de teoría elemental que le impiden mirar más allá de lo educativo o lo gremial, sino uno que se ha preocupado por estudiar a fondo la realidad del medio en el que desarrolla su lucha, haciéndolo dentro del marco más amplio de los problemas nacionales e internacionales, lo que le da la perspectiva necesaria para atender bien los problemas de su sector y vincularse a los del resto de la sociedad. Wilson García, entonces, nos ilustra el tipo de dirigente sindical y político que se requiere para poder transformar la desastrosa situación económica y social en que vivimos, es decir, el que combina la teoría con la práctica y al que le cabe el mundo en la cabeza. Y en las palabras anteriores también puede identificarse a José Fernando Ocampo Trujillo, prologuista de este libro y uno de los principales estudiosos de la problemática educativa colombiana, pero, al mismo tiempo, un aguerrido luchador por la profunda transformación de Colombia. Los dos representan un digno mentís al estereotipo que los reaccionarios colombianos han creado de que los jefes sindicales, y especialmente los del magisterio, son ramplones tramitadores de lo que ellos, obnubilados por la más instintiva posición de clase, estigmatizan como mezquinos “privilegios y prebendas gremiales”.
El texto que se presenta hoy pone en forma de libro una verdad que desde hace décadas circula en los escasos medios de comunicación de quienes no le quemamos incienso a las falacias que llegan del exterior ni mucho menos hacemos parte de los sumisos burócratas que en Colombia las presentan como el fruto de sus cacúmenes: que la política educativa colombiana —como todas las demás orientaciones nacionales— ha sido dictada por las agencias internacionales de crédito y principalmente por los ideólogos norteamericanos. Esa historia podrán detallarla los que lean la “La educación en Colombia, medio siglo de imposiciones”.
En la obra se prueba una relación de uno a uno entre las políticas económicas y las educativas del país, salvo en el caso de la Ley General de Educación, ganada por Fecode con la lucha. Entonces, lo primero es ver en qué consiste la economía que Estados Unidos ha definido para Colombia. Ella, como cualquier política imperialista sobre cualquier país atrasado, tiene un doble aspecto. En primer término, debe generar algún desarrollo porque si no la expoliación es imposible. Por ejemplo, en la Colombia de los principios del siglo XX era vital crear una infraestructura de puertos y ferrocarriles para que pudieran entrar las mercancías que venían de norte América y para que saliera el café que pagaría esas importaciones y la deuda externa. Y, hoy, el asalto a la riqueza nacional no puede darse sin unas redes de comunicación computarizadas que le permitan al capital financiero internacional entrar y salir con la misma velocidad que requiere la especulación con las tasas de interés y las divisas. El otro aspecto de esa dominación —y este es el principal, el que supedita a los restantes— es que ese desarrollo, por la vía de la inversión extranjera y el endeudamiento externo, no puede conducir al auténtico progreso del país, porque eso minaría uno de los pilares de la dominación neocolonial: el atraso de las fuerzas productivas nacionales. De ahí que, antes y ahora, las llamadas políticas de desarrollo colombianas no hayan sido de auténtica modernización sino apenas modernizantes, reservándose la metrópoli el monopolio de las formas de producción más avanzadas y dejándole al país algunas de sus partes secundarias. Relaciones neocoloniales y auténtico progreso material son, por definición, términos mutuamente excluyentes.
Entonces, las políticas educativas impuestas por Estados Unidos también han estado signadas por esa doble relación. De un lado, no es posible expoliar a una nación que se mantiene en la ignorancia total. Pero del otro, ¿para qué educarla bien si ha sido condenada a un desarrollo limitado y mediocre? ¿Para qué acceder a los niveles más altos del conocimiento científico y tecnológico si se tiene definido que esos niveles no van a ser alcanzados por el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, pues han sido reservados al exclusivo dominio de los países desarrollados dentro de la llamada división internacional del trabajo? Por ello las orientaciones oficiales sobre la educación colombiana no han tenido nunca como propósito supremo crear y transmitir ciencia y conocimiento a los niveles de los más avanzados del mundo, pues con formar la mano de obra capaz de aplicar algunos de esos conocimientos bastaba y sobraba. Y así se entiende el por qué de la deliberada exclusión de tantos del sistema educativo, dilapidando el principal recurso de una nación: la adecuada formación de las inteligencias de cada uno de sus habitantes. Neocolonialismo y educación de alta calidad y para todos en el respectivo nivel también son, entonces, términos mutuamente excluyentes.
Y esta realidad, impuesta desde hace por lo menos medio siglo, se acentúa con la globalización neoliberal, que agrava el sojuzgamiento y apunta a hacer todavía más mediocre el desarrollo del país. En palabras de Francisco Mosquera, el colombiano que primero y mejor entendió la “recolonización” imperialista en marcha: en el pasado, “se trataba de una expoliación disimulada, astuta, que nos permitía algún grado de desarrollo, complementario a la sustracción de las riquezas del país. Digamos que los gringos chupaban el néctar con ciertas consideraciones. Pero con la apertura la extorsión se ha tornado descarada, cruda, sin miramiento alguno”. Para cualquiera que observe lo ocurrido en la última década en la industria y el agro, la tendencia consiste en la ruina o el anquilosamiento de las formas de producción no monopolistas y el paso a la propiedad del capital extranjero de los establecimientos de tipo monopólico que aun no poseía, sean estos de origen público o privado, lo que significa renunciar a la creación en Colombia de cualquier estructura productiva integrada de alto nivel, pues, además, el paradigma es la maquila, esa forma de simple ensamblaje que por definición le reserva a las metrópolis las partes de los procesos que exigen alta ciencia y tecnología y que tiene como requisito ineludible para su funcionamiento tecnificaciones menores en los países sometidos, las que mejor se prestan para la brutal sobre explotación de la mano de obra asalariada. Comentando las condiciones tecnológicas de las maquiladoras automotrices que operan en México, una revista norteamericana decía: “Henry Ford —el Henry Ford original— se hubiera sentido como en su casa en la planta de la Nissan en Cuernavaca”.
Así se entiende por qué la política educativa neoliberal se ha convertido en la más retardataria de cuantas se hayan definido, como de sobra lo ilustra el proceso de privatización de la educación pública, seguramente su aspecto principal. Con él, primero, cada vez más niños y jóvenes quedarán excluidos por completo del sistema educativo o su presencia en las aulas se limitará a unos pocos años, por la sencilla razón de que no tendrán con qué pagar matrículas y pensiones. Segundo, el nivel académico de las instituciones tenderá a ser tan mediocre como las bajas y bajísimas capacidades de pago de las familias colombianas que puedan financiarlas. Y tercero, las condiciones laborales que se les impondrán a los docentes dejarán la libertad de cátedra y el análisis científico como el período vivido entre el confesionalismo religioso y el neoliberal, así éste último intenten ocultarlo tras especulaciones seudocientíficas. Habrá, sí, unas pocas universidades y colegios también confesionales aunque de mejores calidades, financiados a punta de altas matrículas y subsidios estatales, donde estudiarán los hijos de algunos de los cuadros encargados de hacer viable en Colombia la dominación global, pero cuyos alcances y programas serán apenas los indispensables para el funcionamiento de esa dominación. Y siempre le quedará a la minoría de la minoría la posibilidad de formarse o especializarse en el exterior, aunque también en ese caso en las áreas que le interesen a la metrópoli. “Una educación subdesarrollada para el subdesarrollo”, es la consigna, con el énfasis puesto no en el conocimiento científico sino en los valores, entre los que se resaltará uno que los orientará a todos: rendirle culto a cualquier cosa que hagan o digan los voceros del Imperio del norte, a partir de estimular la más abyecta sumisión nacional.
En los últimos días, una gran noticia conmovió a la humanidad, generando tristeza y alegría. Me refiero a la comprensión de los aspectos fundamentales del genoma humano. Y digo que tristeza, porque la ciencia colombiana y la de tantas otras naciones como la nuestra no hizo parte de los equipos que lograron el avance, teniendo que resignarse a celebrar el aporte de los especialistas de otras latitudes. Pero igualmente alegría, porque con ese indudable progreso, que también estableció sin lugar a dudas la igualdad fundamental del equipaje genético de cada hombre y mujer del globo, se hundió definitivamente y para siempre, a nivel científico, uno de los principales reductos en que se sustentan las concepciones retardatarias: el truco de justificar la rapacidad de los imperialistas por las supuestas ventajas raciales de las que los ha dotado la naturaleza, ocultando que las diferencias entre los procesos evolutivos nacionales se explican por las diversidades de los respectivos procesos económicos, políticos y sociales.
Entonces, la lucha política y gremial en la educación deberá librarse en por lo menos cuatro direcciones: por su carácter público y porque sea gratuita en todos los niveles, mediante la suficiente financiación estatal, por lograr contenidos y métodos de base científica y por la más celosa oposición a cualquier forma de confesionalismo con respecto a lo que se enseña y a cómo se enseña y por las mayores garantías salariales, laborales y prestacionales de los educadores, aspecto este último que también debemos defender sin ruborizarnos, porque constituye una reivindicación democrática elemental que por lo demás es, en últimas, base de una buena educación. Y en toda esta batalla, porque nadie dude que es una batalla que se está librando, los docentes también debemos educar a los estudiantes, a los padres de familia y a la sociedad toda en una idea fuerza que yace palidecida, que no domina, y que por ser relativamente débil nos debilita: la idea de la resistencia al imperialismo y en favor del patriotismo, de la soberanía, de la autodeterminación nacional, de que los colombianos, sin injerencias foráneas, definamos nuestro propio destino como nación, la unidad de organización que en esta etapa de la historia de la humanidad es la base insustituible del progreso económico, del progreso social y de todo progreso.