31/07/2021

DESASTROSO INICIO DEL AÑO ESCOLAR

Muy mal comienza el nuevo año educativo. No es solamente el hecho de que en un buen número de zonas del país las enormes dificultades originadas por la ola invernal impiden que se inicien las labores educativas en forma normal, bien porque las escuelas quedaron destruidas por derrumbes o sepultadas bajo el agua, o bien porque fueron el único lugar en el que se pudieron acomodar miles de familias que lo perdieron todo por acción del invierno y no han encontrado una efectiva acción estatal que resuelva sus tribulaciones. Es que además de los desastres naturales convertidos en desastres sociales, afrontamos una nueva arremetida del modelo neoliberal contra la educación pública: aumenta el número de megacolegios construidos por el Estado para ser entregados al capital privado para su usufructo, aumenta también la cantidad de operadores privados que asumen la prestación del servicio educativo a través de la figura del llamado “banco de oferentes”, otra de las formas de privatización iniciadas bajo el régimen uribista que han sido adoptadas y profundizadas por la administración santista encabezada por la empresaria María Fernanda Campo. Y en los colegios públicos en los que aún se mantiene la nómina de educadores estatales se observa una arremetida contra los docentes regidos por las normas del decreto 2277 de 1979, que son el blanco preferido de rectores y politiqueros gobiernistas cuando de recortar la nómina se trata; en efecto, aplicando parámetros excesivos en el número de alumnos por curso, hacinando entre 45 y 55 alumnos por salón de clase, en un gran número de establecimientos educativos resultan “sobrando” docentes que son puestos a disposición de las autoridades educativas municipales o departamentales para que lleven a cabo su reubicación. Lo que no sabe la opinión es que además de ser un atentado contra la calidad de la educación este hacinamiento de alumnos en los colegios públicos, está en curso una campaña soterrada para sacar de una vez por todas del servicio educativo a los antiguos docentes. Los educadores que “sobran” en estos procesos mal llamados de “racionalización de la planta docente” son por lo general los más antiguos, los pensionados, los activistas sindicales, es decir, los que resultan más costosos para el recortado presupuesto educativo, o los que resultan incómodos para la aplicación del modelo educativo neoliberal porque impulsan entre sus colegas la resistencia a semejante política. La reubicación de los docentes que salen de los establecimientos educativos por esos perversos reajustes son, consiste, por regla general, en enviarlos a los lugares más apartados, o a los más conflictivos, todo ello con un solo propósito, el de obligarlos a que renuncien y abandonen el sistema educativo; cuando ello ocurre, casi sin excepción estos cargos vacantes desaparecen de la nómina estatal; y si los docentes no renuncian, son sometidos a procedimientos de acoso y persecución que culminan en muchos casos con enfermedades asociadas al estrés laboral, cuando no conducen incluso a la muerte. Para agravar todo este panorama, los servicios de atención de la salud de los docentes continúan en un proceso de franco deterioro a causa de la deliberada política gubernamental de marchitamiento presupuestal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que ha sido aplicada en los últimos años. Sobre este tema trataremos con más profundidad en una próxima emisión de Tribuna Magisterial, pero por el momento resaltamos como el mayor problema que afronta la educación pública el acelerado proceso de privatización que se está desarrollando en nuestro país, contra el cual tendrá que levantarse no sólo el magisterio sino también los padres de familia, los estudiantes y el conjunto de la sociedad colombiana que será afectada por la desaparición del derecho de todos los colombianos a recibir del Estado una educación gratuita, obligatoria y de calidad. COLETILLA: Los educadores de las regiones afectadas por el invierno no le harán el juego al gobierno nacional que pretende usarlos para que presionen el desalojo de las escuelas ocupadas por los damnificados con el pretexto de “garantizar el derecho de los niños a la educación”. Primero deberá garantizar el derecho de los damnificados a vivir en condiciones dignas.
Editorial del programa Tribuna Magisterial Enero 23 de 2011 Por: Álvaro Morales Sánchez, Director

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