18/05/2022

AFECTADO GRAVEMENTE EL SERVICIO DE SALUD Y VIOLENTADA LA LEY 91 DE 1989 POR EL GOBIERNO DUQUISTA

Bogotá D.C., 17 de enero de 2022

El gobierno actual, al igual que los de sus neoliberales predecesores, está empeñado en arrasar las conquistas alcanzadas por el magisterio en décadas de luchas, entre ellas el Fondo de prestaciones sociales del magisterio, creado por la ley 91 de 1989 y preservado de la ley 100 por medio de la movilización.

Desde el comienzo de la Apertura Económica y con los Tratados de Libre Comercio y la OCDE se ha feriado el patrimonio público. A la contratación pública que mueve billones de pesos se le trata de aplicar el derecho privado, reduciendo al mínimo el control del Estado. Un caso  emblemático es el contrato de la Refinería de Cartagena, efectuado con el derecho  privado  y que terminó en escandalosos sobrecostos. La OCDE “recomendó” al gobierno que “corrija el sistema de contratación pública”. La reforma contiene varios aspectos, uno de ellos “establece las normas aplicables para la celebración, ejecución y liquidación de los contratos estatales, las cuales deberán atender en primera instancia las reglas contenidas dentro de la legislación comercial y civil”.

Robledo denunció que Duque y sus ministros afirmaron que los reclamos del Comité de Paro eran mentiras, que no iban a crear  el holding financiero con las empresas del Estado para privatizarlas. Pues bien, salió el decreto creándolo, ¿quien resultó ser el tramposo? Con el holding financiero Grupo bicentenario se busca la privatización del manejo de 85 billones de pesos y es una medida que va a afectar el Fomag. El año pasado el director de la Agencia de Contratación del Estado anunció, “ahora habrá un revolcón a esas normas de contratación que ya casi completan 30 años (se refiere a la contratación con ley 80), pero  no para tener mayor control.

Los fondos, de manera general, no son un patrimonio autónomo del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo respectivo. Si a lo anterior agregamos que por definición el FOMAG es un sistema presupuestal de manejo de recursos públicos, debe concluirse que dicho Fondo se encuentra sometido a las reglas del derecho público y a los principios que rigen la función administrativa en su constitución, manejo de recursos, funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones asignadas por ley. Promocionar la teoría que los recursos del Fomag son de la Previsora debe ser rechazado tajantemente.

El gobierno no cumple con el contrato de salud ni lo hace cumplir sumiendo al magisterio y sus familias en una terrible negación de derechos fundamentales, no aplica el estatuto general de la administración pública como debe, las cláusulas de la mixtura sólo han servido para mayores atropellos. Para acabar con el Fondo de prestaciones sociales del magisterio y cumplir los consejos de la OCDE el Gobierno ha alcahueteado la no prestación adecuada del servicio médico usando el mismo método de desprestigio que usó contra el Seguro Social.

Con el Artículo 3 de la ley 91 de 1989 se creó el Fomag como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% de capital y se crearon los comités regionales, “el Fondo será dotado de mecanismos regionales que GARANTICEN la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad”. Garantizar es dar garantía o seguridad de que determinada cosa va a suceder o realizarse y en el servicio médico se está incumpliendo, no se garantiza la prestación del servicio. además se desnaturaliza el mandato de la Ley y se contraría la división de poderes.

Con una serie de decretos, el último de los cuales fue el 1272 de 2018, el gobierno redujo el objetivo del los comités a “hacer seguimiento” y sus funciones a “monitorear, proponer estrategias, presentar recomendaciones, trasladar quejas, realizar el seguimiento de la misma y al terminar la respectiva anualidad rendir al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la sociedad fiduciaria un informe en el que se detalle su labor”, es decir de mandaderos y amanuenses sin el poder que les da la ley, mientras Duque usurpa sus funciones legales. 

El magisterio debe defender por medio de la movilización el Fondo, un patrimonio ganado con la lucha, la ley 91 de 1989, las atribuciones de los comités regionales de GARANTIZAR la prestación de los servicios, el derecho de los maestros y sus familias a la salud y la vida y una contratación con el derecho público.

 

TRIBUNA MAGISTERIAL NACIONAL

Victoria Avendaño, Diógenes Orjuela, Luis Ramón Pájaro, Timoteo Romero, Elías Fonseca y Francisco Torres

 

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