04/08/2021

Decreto 2355 de 24 junio de 2009, base normativa para la privatización de la educación pública (plantelización). Análisis y reflexiones

Medardo Hernández, Tribuna Magisterial, Bogotá, marzo 7 de 2011

Introducción

Por supuesto que de estas reformas no escapó la educación, que conjuntamente con la salud, la justicia, los derechos laborales y pensiónales sufrieron sus reveses. La Constitución de 1991, que lejos de ser fundamentalmente garantista, en los aspectos económicos es esencialmente Neoliberal, ha tenido diversas reformas, siendo las más perversas y dañinas la del Acto Legislativo 01 de 2001 y 04 de 2007, que conjuntamente con la elevación a la categoría de Derecho Fundamental a la “ Regla Fiscal” o la “Estabilidad Financiera”, el Gobierno de Santos le estaría dando la estocada final al Estado Social de Derecho.

El Acuerdo extendido entre el F.M.I. y el Estado Colombiano, firmado en 1999 por el Gobierno de Pastrana, dio pie a los grandes recortes presupuestales para la satisfacción de las necesidades en materia de Educación, Salud, Agua Potable, Saneamiento Básico (acueductos y alcantarillados) y en particular para que los procesos liquidacionistas y privatizadores se abrieran camino.

Así las cosas, los últimos 20 años y en especial en los del Gobierno de Uribe la “Confianza Inversionista”, permitieron exenciones tributarias, entrega de la Soberanía Nacional, ventas del patrimonio estatal a precios de gallina flaca, en fin, la creación de condiciones para la entrega final de nuestro mercado interno y la firma de los nefastos TLC.

En Materia Educativa, la concepción Neoliberal Imperante de adecuar el Sistema Educativo a las necesidades del modelo económico de mercado libre, trajo consigo las políticas propias de la “Revolución Educativa” Uribista que en ultimas es el viejo anhelo oligárquico y pro imperialista de eliminar de la Educación el carácter de instrumento de transmisión de conocimientos y avances científicos aplicados a la producción de bienes materiales de existencia. Se impide así que el país progrese económica y socialmente en el marco de una Democracia que priorice la Producción y el Trabajo, hacia una Vida Digna.

Por el contrario, el Neoliberalismo de Uribe y de Santos, en claro obedecimiento a los postulados Fondomonetaristas pugnan por bajar al mínimo el nivel de calidad de la Educación Colombiana, dándole paso a una Educación de Pobres para Pobres en un país de pobres, negando así toda posibilidad de Progreso.

Hoy, con base en normas preexistentes, existen en el país Cincuenta y Siete (57) Mega Colegios, entregados en Concesión a diversas Uniones Temporales, constituidas a su vez por distintas ONG y Confesiones Religiosas, las cuales mediante contratos por Doce (12) Años prorrogables, administrarán con orientaciones pedagógicas propias y contratando la Nomina Docente y Administrativa sin estabilidad laboral alguna, con base en los Artículos 101 y 102 del Código Sustantivo del Trabajo.

Es la privatización de la Educación Pública la principal preocupación del Magisterio Colombiano.

DECRETO 2355 DE JUNIO DE 2009

Por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.

Esta norma constituye la versión más reciente y afilada de la política oficial encaminada a profundizar el proceso de privatización de la educación pública en Colombia. A este efecto, y antes de la expedición del 2355, el gobierno ha expedido con este propósito los decretos 1518/02, el decreto 4313/04 y el decreto 2085/05, en esta enumeración se deben considerar, además, los decretos 1286/01 y 1264/04.

Los artículos 1º y 8º concordantes con el artículo 27 de la Ley 715 establecen que cuando se demuestre a través de un estudio la insuficiencia en las instituciones educativas del estado, los departamentos, distritos y municipios certificados podrán contratar la prestación del servicio con entidades que presten servicios educativos.

El gobierno nacional siempre ha negado que los recursos que transfiere a las regiones por conceptos del S.G.P.T., sean inferiores a las transferencias por el situado fiscal.

Según cifras de la federación colombiana de gobernadores, los recortes a las transferencias territoriales producto de los actos legislativos 01/2001 y 04/2007 son del orden de los 76 billones de pesos, una suma de gran envergadura que se le quita entre otros a la educación.

Esta es la razón por la cual en el artículo 4º se dice: “con el fin de hacer más eficientes los recursos disponibles y satisfacer las distintitas necesidades del servicio educativo” se contratará la prestación del servicio público educativo a través de tres modalidades. Entonces es una desfachatez y desvergüenza del gobierno establecer el criterio de la insuficiencia en las instituciones oficiales como “causales” de privatización, conociendo todo el país que desde hace décadas la educación pública ha estado sometida al abandono financiero por parte del estado, de ahí sus atávicos estados de postración; pero a todo esto sobreviene una pregunta: ¿Cuáles son los criterios de insuficiencia que tomará en cuenta el gobierno para privatizar una institución educativa?

¿Será la falta de gestión de un rector? ¿La insuficiencia en el equipo de bienestar estudiantil? ¿será, el puntaje bajo en el ICFES? O ¿en las pruebas saber? ¿Será el número insuficiente de sillas, material didáctico, computadores? etc, etc.

Si los anteriores indicadores son establecidos como causantes de insuficiencia, pues a la mayoría de los instituciones oficiales las van a privatizar.

Es la táctica neoliberal de asfixiar presupuestalmente lo público para luego argumentar que este sector es inoperante, no sirve, es paquidérmico, burocrático y en consecuencia merece entregárselo al sector privado para que lo maneje, ya que según el gobierno este gestiona mejor con lo mismos recursos. hay que estar muy atentos del artículo 2º ( capacidad para contratar la prestación del servicio), donde dice que la prestación o promoción del servicio de educación formal se hará con personas de derecho público o privado. “La promoción del servicio” tal como ocurre en el sector salud con las EPS, consiste en organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación del servicio. Es decir, que personas de derecho público o privado pueden contratar directamente con la entidad territorial certificada la prestación del servicio público educativo, recibir los recursos, y luego estas mismas personas pueden establecer convenios o contratos con otras instituciones para que estas últimas sean las que efectivamente materialicen la prestación del servicio, evidenciándose una clara intermediación de los recursos públicos en detrimento de la calidad en la prestación del servicio público educativo.

Es pertinente evidenciar en todo su esplendor la aplicación de la política neoliberal en el valor de los contratos (Art. 5). Consiste en la asignación por la demanda del servicio basada en estándares técnicos y administrativos, es decir, unos instrumentos de tecnócratas para imponer un concepto de financiación de acuerdo con las reglas de mercado. Las reglas, lineamientos y parámetros de este artículo para establecer el valor financiero de asignación por alumno y su estructura de costo se convierten en el objetivo mismo de la política, llámese capitación o focalización; todo enmarcado en la nefasta ley 715/02.

La filosofía de los artículos 5º y 6º (valor de los contratos y cobro a los estudiantes) es la focalización de la prestación del servicio en los estratos más bajos de la población. Esto implica la discriminación contra el resto de la población escolar (especialmente estrato 3) a la cual se le podrán cobrar derechos académicos y servicios complementarios. Agréguese a lo anterior el hecho de que por ninguna parte se define cuáles son los tales servicios complementarios, lo cual deja abierto un espacio muy amplio y ambiguo de interpretación para descargar los costos educativos sobre los padres de familia.

La ley 715 es cicatera en cuanto a los recursos que deben recibir las entidades territoriales. La descentralización es un espejismo llamativo para que las entidades certificadas administren la educación y por ende repartan el dinero que viene del S.G.P. Pero la realidad es que mirando los artículo 7º y 8º de la ley 715 a los municipios certificados le acarrean una serie de compromisos que demandan mayores recursos para su atención, que ni aún realizando reformas tributarias territoriales van a estar en capacidad de subsanar. Esta precariedad de recursos es el caldo de cultivo para establecer medidas privatizadoras (para hacer más “eficientes” los recursos en la jerga neoliberal), y aquí se patentiza el enlace con los decretos 1290 y 2355. El primero porque los únicos indicadores de calidad para el gobierno son las pruebas externas (Internacionales, ICFES, saber) y seguramente aquellas instituciones que obtengan rendimiento insuficiente, este criterio será motivo o causa de privatización, tal como aparece en el artículo 1º del decreto 2355.

Podemos afirmar que la privatización de la educación pública en los términos del decreto 2355 es una forma de perpetuar las asimetrías e inequidades que se observan primordialmente en los países tercermundistas, hacia el futuro se seguirá concentrando la riqueza y el capital en manos de las clases más pudientes pero también crecerá de manera exponencial la miseria en nuestro país.

Los capítulos II, III y IV del decreto 2355 desarrollan las modalidades de contratación del servicio educativo.

El capitulo II se refiere a la figura de la concesión establecida en el estatuto general de contratación pública (art. 32 ley 80/93). El gobierno nacional ha emprendido la construcción de muchos mega colegios en los distritos y municipios certificados con la condición (chantaje) de que la materialización de esas infraestructuras quede supeditada a la entrega en concesión al sector privado. El ente territorial que se niegue a tal entrega, simplemente no se le darán los dineros y le serán ofrecidos a otro municipio que apruebe la concesión. Lo atrevido de la figura consiste en que con dinero del erario público se va a enriquecer a unos particulares, pero lo perverso consiste en que a diferencia de las concesiones en puertos, aeropuertos, carreteras, etc., lo que está de por medio en la concesión para educación es el futuro de la formación de cientos de generaciones de niños y jóvenes de nuestra nación, ya que dichas concesiones no pueden garantizar une formación de alta calidad.

¡Una educación de alta calidad para toda la población sólo la puede garantizar el estado si es él quien la brinda directamente!

Veamos el por qué de esta última afirmación: Una institución privada de clase media alta, entre matricula y pensiones recibe por cada estudiante más de cuatro millones de pesos anuales; en cambio lo que va a recibir el concesionario u otro contratista de las otras dos modalidades de privatización es la suma por alumno definida por la nación, es decir, la manida unidad de capitación, que oscila por la suma de un millón de pesos anuales por alumno atendido.

Para el gobierno lo importante es que se garantice la prestación del servicio educativo, pero para el contratista es su oportunidad de negocio, de lucro, de ganancia (es la razón de ser del sistema capitalista). Es preciso apuntar que las ganancias o el lucro del contratista saldrán mayoritariamente de la forma de contratación de los maestros (bolsa de empleo, cooperativas de trabajo asociado, etc.), es decir, la famosa tercerización laboral o contratos por horas de servicios prestadas. Todo esto conllevará a la pauperización de las condiciones de vida de los maestros.

El capítulo III se refiere a la contratación de la prestación del servicio público educativo, donde dicha contratación se realiza por un año lectivo para un número determinado de estudiantes. Esta modalidad se conoce comúnmente como plan becario. Es letra muerta lo establecido en el artículo 13 de este capítulo en el sentido de que “solo se podrá recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación de la prestación del servicio educativo cuando no se pueda ofrecer disponibilidad de cupo en un establecimiento educativo oficial a los estudiantes que en la vigencia anterior eran beneficiarios del servicios contratado”, porque en decenas de municipios existen también decenas de miles de estudiantes vinculados a instituciones educativas bajo esta forma de contratación, que se asimila a una clientela educativa porque los dueños de los contratos cuentan con el respaldo polítiquero en las respectivas secretarias de educación, mientras que la realidad muestra a muchas instituciones educativas oficiales con escasez de alumnos al principio de cada año lectivo, teniendo incluso los profesores que buscar alumnos casa por casa para esta época, para completar el mínimo de estudiantes por docente que establece el decreto 3020 y evitar la zozobra de quedar sobrando en la planta y que se consuma el respectivo traslado discrecional.

La última modalidad de contratación o privatización es la administración del servicio educativo con las iglesias y confesiones religiosas (capítulo IV), donde su alcance se extiende a las congregaciones católicas, evangélicas, Pentecostés, mormones, bautistas, testigos de Jehová, etc. Hace siglos que los estados democráticos superaron la escolástica, la patrística, la metafísica, el idealismo, el criticismo etc., incluso en nuestro medio se superó el oscurantismos del siglo decimonónico, para ahora volver a entregar la administración de la educación oficial de los niños y jóvenes colombianos a la comunidades religiosas y confesionales; y eso que según la constitución de 1991 nuestro estado es de naturaleza laica. Es tan catónica y draconiana esta forma de contratación que el contratista también tiene que aportar la orientación pedagógica de la institución. Se acaba así la democracia en la escuela y la autonomía escolar para la construcción colegiada del currículo, el plan de estudio, la metodología, etc.

Se salvó el régimen prestacional del magisterio colombiano con el segundo concepto del consejo de estado sobre el acto legislativo 01/2005, pero quedan vivitos y coleando los decretos 1290 y 2355 que “juntos son dinamita” para la destrucción de la educación pública. Para empezar por los docentes, las dos primeras formas de contratación (concesión y contratación del servicio público) no admiten vinculación laboral alguna con la entidad territorial contratante (capitulo V Art. 22). Es decir que en la modalidad de concesión la entidad territorial podrá aportar “infraestructura física y dotación”, los docentes si son del 2277 tendrán que ser trasladados por necesidad de servicios discrecional (decreto 3222) y si son del 1278 les podrían aplicar el decreto 1278, Art. 63 (retiro del servicio), literal G (supresión del cargo con derecho a indemnización). La contratación del servicio público educativo (plan becario) nació con la vinculación directa de docentes privados, se parte del supuesto implícito de que el gobierno no ampliará, en lo sucesivo la oferta del servicio educativo, por el contrario, esta se estancará en sus niveles actuales y previsiblemente decrecerá.

Volviendo a la modalidad de la administración del servicio público, resulta que el contratista designa y vincula su rector para que imparta sus instrucciones, más las provenientes de la secretaría de educación respectiva y del MEN. El artículo 17 también amenaza directamente a los docentes que discrepen con las disposiciones legales vigentes, las directrices oficiales o controviertan las disposiciones (ordenes) del rector. ¡Se les aplicará el régimen disciplinario vigente!

Se impondrá un régimen pinochetsco en las instituciones ofrecidas en administración, lo que significa el autoritarismo uribista llevado hasta la escuela, se acaba como dijimos anteriormente la democracia en ésta y para cumplir con la moribunda ley 115 los miembros de los consejos directivos serán de bolsillo (coptados por el rector). Como estamos observando los rectores también serán desplazados de las instituciones educativas oficiales según esta forma de contratación, y los sacarán no porque han sido infieles a su “patrón gobierno” sino porque ya no los necesita.

El decreto 2355 debe ser caracterizado como el instrumento de la política más radical de privatización de la educación pública que se haya propuesto gobierno alguno en la historia del país. En tal sentido debe ser denunciado y combatido por el magisterio, la comunidad educativa y la opinión pública en general.

Desde cuando en 1989 los Jefes de Estado y Ministros de Hacienda del Hemisferio aceptaron el denominado “CONSENSO DE WASHINGTON”, en América Latina en particular se pusieron de moda las Reformas Estructurales de los Estados, las privatizaciones de las empresas estatales, el empequeñecimiento de los Estados, las denominadas Aperturas Económicas y en general todas las Políticas Neoliberales.

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