José Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, abril 11 de 2011
Estados Unidos padece una de las crisis más fuertes que lo obliga a recomponer la tasa de ganancia de sus empresarios. Por eso George Bush -padre- lanzó en junio 1990 “La iniciativa para las Américas”, que pretendió eliminar las barreras al comercio y a sus inversiones de capital. Ser dueño de un solo “mercado” desde Alaska hasta Tierra de Fuego, 34 países y 800 millones de personas, es el sueño gringo.
El proceso comenzó en 1994. Los 34 Presidentes concibieron el Área de Libre Comercio de América, ALCA. Más que un tratado comercial, era la discusión integral de la vida de los países, quedando sus soberanías sometidas a él, en temas como: acceso a mercados, garantías a la inversión extranjera, compras al sector público, es decir la toma de los presupuestos, propiedad intelectual, agricultura, servicios públicos, solución de controversias, subsidios, derechos e indemnizaciones.
Con la presión de EE.UU el Alca entraría en vigencia en enero 2006; pero por desacuerdo de Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros países, debido a los subsidios que EE.UU entrega a sus empresarios, quedó en suspenso. Por este motivo, EE.UU lanzó su segunda estrategia, consistente en impulsar Tratados de Libre Comercio -TLC- para sujetar lo que no pueda conseguir con el Alca. En noviembre de 2003 anunció los TLC con Colombia, Perú y Ecuador, y Bolivia como observador, países de la Comunidad Andina de Naciones; Venezuela rechazó esta negociación.
Álvaro Uribe, “el Mandatario más amigo de EE.UU”, decidió sin consultar -ni al pueblo, ni al Congreso- comprometer a nuestro país en este tratado colonial. Realizaron 14 rondas, que no tuvieron nada de negociación sino de aceptación de las condiciones gringas, en un acuerdo absolutamente desventajoso por la asimetría de las economías. Colombia termina cediendo a las 37 peticiones que el 18 y 19 de mayo de 2004, en Cartagena, los EE.UU le impusieron.
Exigieron acceso al mercado de: telecomunicaciones, banca, energía, mensajería, servicios públicos, textiles y vestuario; vender bienes, servicios y medios electrónicos sin pagar impuestos cuando sean digitales; compensar a los dueños de patentes y propiedad intelectual; eliminar aranceles, barreras sanitarias, fitosanitarias, técnicas y licencias a productos agropecuarios; facilitar ingreso de productos perecederos y desmontar barreras aduaneras; seguir aplicando sus leyes antidumping y mecanismos de retaliación; solución de disputas a través de las leyes de EE.UU; reducir barreras a su inversión, igualando sus derechos a los de los nacionales; compromiso para respaldarlo en la Organización Mundial del Comercio para mantener subsidios a sus exportadores; y leyes laborales regidas por la OIT, entre otros aspectos.
A cambio, nos ayuda a proteger el medio ambiente, dan acceso al mercado norteamericano de acuerdo con las normas del ATPDEA, un tratado de preferencias arancelarias para las naciones andinas que luchan contra las drogas, que contempla exención arancelaria a cerca de 5.000 productos de los cuales sólo le exportamos 800, o sea el 12% del total a vender a EE.UU. La utilidad para los exportadores colombianos es cercana a U$180 millones al año.
Un estudio realizado en el 2004 por el Departamento de Planeación indicó que el crecimiento de: el bienestar y consumo del país con el TLC es 0,79% y con ALCA: 0,23%; la producción: 0,48% y 0,25%, respectivamente; las importaciones: 11,92% y 10,07%; y las exportaciones: 6,44% y 6,30%. Estos datos demuestran que vamos a importar más que exportar; agrega que los ingresos tributarios bajarán con TLC 590,6 y ALCA 806,5 millones de dólares. La perspectiva la ratifica la semana pasada el gobierno cuando revela que el TLC incrementará en 0.5 el Producto Interno Bruto y creará 250 mil empleos. ¿Será buen negocio entregar todo el mercado interno y el aparato productivo a cambio de tan pírrico resultado?
Lo paradójico es que EE.UU acapara nuestro mercado interno, arrasa la economía, la somete al atraso y aspira que trabajadores y sus dirigentes colombianos queden agradecidos porque obligan al gobierno a tomar algunas medidas que mejoren sus relaciones con los empresarios. ¡Verdaderamente es el tratado de la ignominia!
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