Suspender operativos contra la minería informal demanda el diputado del Polo en Antioquia

Alegando razones que supuestamente tienen que ver con el control y persecución a los grupos armados ilegales y de protección al medio ambiente, se está justificando el inusitado aumento de los procedimientos contra la mal llamada minería ilegal que viene adelantando la Policía Nacional, por órdenes del gobierno nacional y con el entusiasta respaldo de la Gobernación de Antioquia.

Si bien la actividad minera está reglamentada, la forma como la ejercen más de 100.000 ciudadanos en Antioquia no la convierte de por sí en una actividad ilegal. A lo sumo se le podrá calificar de informal. Algo similar sucede con otras tantas a las que se dedican millones de colombianos sin licencia o permiso alguno, empujados por la inexistencia de empleo productivo, estable y bien remunerado. Declaró el Diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, Jorge Gómez Gallego.

En consecuencia, el deber de las autoridades es prestar a esos ciudadanos todo el respaldo para que la adelanten de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Las campañas de erradicación a juicio del corporado, solo buscan, con sofismas de distracción, proteger los títulos de explotación minera concedidos con generosidad a inversionistas extranjeros y multinacionales.

El Diputado dijo tener pruebas acerca de que los procedimientos han cobijado mineros con juiciosos y detallados planes de manejo ambiental, implementados por cuenta propia, ante la inoperancia de las autoridades mineras y ambientales al respecto. También aseguró que se conoce con certeza que la casi la totalidad de mineros de nuestro Departamento, antes que colaboradores de los grupos armados ilegales, son víctimas de ellos.

Finalmente, al tiempo que demandó la suspensión inmediata de los operativos, exigió la implementación de proyectos masivos de asistencia y capacitación en el manejo medioambiental para los pequeños y medianos proyectos mineros, el despliegue de operativos para evitar la extorsión y el chantaje de que son víctimas y sobre todo, la agilización de los procesos para el otorgamiento de los títulos a aquellos ciudadanos dedicados por años a la actividad minera, y que infructuosamente han tratado de acogerse al proceso de formalización establecido en el artículo 12 de la Ley 1382 de febrero de 2010.