31/07/2021

Retrocesos democráticos

Eduardo Posada Carbó, El Tiempo, Bogotá, febrero 18 de 2011

“Se está jugando con candela”, observó un informe de Semana. Antonio Caballero recordó la época trágica de la violencia partidista. Algunos dirán que son expresiones alarmistas. Ambas observaciones, sin embargo, son oportunas para advertir los riesgos de manipular el censo electoral.

Urge intensificar el debate. El “artículo canguro” de la “reforma política” recién aprobada por el Congreso, que sacaría a más de 15 millones de colombianos del censo electoral (a quienes no votaron en las últimas elecciones), tendrá el efecto de favorecer a los malabaristas electorales que distorsionan el proceso democrático.

La historia de la democracia representativa está muy vinculada a la historia del registro electoral. Mientras el voto fue restringido, el empadronamiento de los electores era esencial para verificar si los votantes cumplían con los requisitos del sufragio. Pero el registro se convirtió pronto en el centro de la lucha electoral: quien controlaba el padrón electoral garantizaba la victoria en las urnas.

“Hay un nuevo elemento perfeccionado de poder político”, expresó el líder británico Robert Peel en la década de 1830: “El registro de los votantes […]. El partido más fuerte es, en efecto, aquel que cuenta con el registro a su favor”.

Por eso, aquí y en la Patagonia, las reformas democratizantes buscaron siempre liberar a los electores frente a las maquinaciones del registro. Uno de los fines centrales de las famosas leyes Sáenz Peña en Argentina, en 1912, fue darle confianza al registro electoral.

Por el contrario, el “artículo canguro” de la tal reforma le restará confianza a nuestro proceso electoral. Eso no es sano para la legitimidad.

Ya el Polo Democrático, cuyos miembros desaparecerán del censo, pues se abstuvieron en las últimas elecciones, se han levantado de la mesa negociadora del estatuto de oposición. La medida no solo afecta a dicho partido. Afecta a toda la ciudadanía.

“Nosotros estamos buscando implementar unas políticas de interés de una verdadera democracia”, expresó uno de los senadores que apoya el “artículo canguro”. Si tal fuese el objetivo, debería estar defendiendo medidas modernizantes, como el registro automático y permanente de los votantes, u otras de alcance similar, que impidan el control clientelar de los electores zonificados o registrados en cada ciclo electoral. Pero no. Lejos de favorecer la “verdadera democracia”, ese “artículo canguro” es un serio retroceso democrático.

Debe insistirse, además, en que el “artículo canguro” aprobado viola derechos fundamentales. Quienes se abstuvieron en las últimas elecciones, o deseen abstenerse en las próximas, ejercieron y ejercerán así un derecho reconocido en la Constitución.

El voto aquí no es obligatorio. No lo ha sido por lo general en nuestra historia republicana. Excluir a los abstencionistas del censo electoral sería un abuso contra las garantías ciudadanas y un atentado contra las tradiciones liberales y democráticas del país.

El Gobierno tendría que escuchar las sensatas observaciones del Registrador: la medida sobre el censo electoral, además de haber desconocido el debido proceso, es inconveniente e innecesaria.

Las nuevas cédulas -27 millones de colombianos- son hoy la mejor base para calcular el censo electoral. Si el Gobierno no escucha, queda la esperanza del juicio de la Corte Constitucional, defensora en última instancia de nuestros derechos ciudadanos.

En cualquier escenario, la sociedad civil está en mora de levantar su voz. Toda regulación electoral, por afectar la esencia democrática -la representación-, tiene un enorme impacto social.

Más aún si se trata de manipular el censo electoral, en dirección contraria a la democracia.

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