En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU el presidente Gustavo Petro cambió, sin ruborizarse, el libreto de la cantaleta que había sostenido hasta hace poco de convocar una asamblea nacional constituyente, en su defecto planteó la necesidad de utilizar el método del “fast track” o trámite legislativo rápido para aprobar un paquete de reformas denominado plan de choque que contiene ocho temas, que según lo expresó en la ONU, son necesarios “para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado” con la ex guerrilla de las Farc en el 2016 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. La nueva agenda legislativa giraría en torno a la reforma de las vigencias futuras, al sistema general de participaciones, no dar cárcel a campesinos cultivadores de coca, las inversiones forzosas, conversión de la concesión hereditaria en zonas selváticas, reforma agraria y transformación de la Agencia Nacional de Tierras, sistema único de verdad justicia y reparación y finalmente la ampliación por 7 años más del tiempo de implementación del acuerdo de Paz con las Farc.
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El gobierno debe concentrarse en la ejecución de las políticas que generen una mejoría en la crítica situación económica, social, política, de seguridad y violencia que sufre la población, una efectiva acción y sanción contra la corrupción evidente en el actual gobierno, señalando que para ello no hay necesidad de convocar Asamblea Constituyente, “Poder Constituyente”, “fast-track” ni nada por el estilo, lo que se requiere es un plan económico de choque, que dinamice la actividad productiva en el campo y la ciudad, fortalecer el mercado interno, que las inversiones públicas y privadas tengan unas mínimas garantías para desarrollar las actividades económicas productivas que generen riqueza, nuevos empleos con garantías laborales y estabilidad a las inversiones del sector empresarial.
El acuerdo de paz de la Habana necesita es su puesta en ejecución, sin más dilación, ni la que hizo el gobierno de Duque, ni la que hace al actual gobierno, a pesar de los diversos llamados a nivel nacional e internacional de los actores que participaron en este paso positivo para la paz y la reconciliación, es clamor de toda Colombia y en especial de los habitantes de los territorios que sufren las nefastas consecuencias del aumento de las violencias y la inseguridad, que el Estado, tenga por fin el control territorial efectivo y el monopolio de las armas, condición esencial para que se acabe el martirio que por décadas hemos padecido.
Si el gobierno sigue ejecutando la política que dictan los organismos internacionales como ha sido hasta ahora y persiste en la idea de la constituyente y el “fast track”, y si además no hay renegociación de los TLC’s, no habrá ningún cambio en la grave situación que atraviesa el país, todo lo contrario, se agudizaran, y el futuro será más nefasto para millones de colombianos, se requieren políticas para desarrollar el aparato productivo de la nación, lograr mejores condiciones para las gentes laboriosas y lograr una paz efectiva y seria.
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