Editorial de Tribuna Magisterial – Mayo 22 de 2011
Por: Álvaro Morales Sánchez, Director
El escándalo relacionado con la crisis del sistema de salud en Colombia está llegando a límites insospechados. Un observador acucioso podría decir que, salvo las astronómicas cifras del “robo a la salud”, no hay nada novedoso en las denuncias que pululan por estos días en torno a los turbios manejos de las mal llamadas “Empresas Promotoras de Salud”. Desde que la salud en Colombia ha sido regida por la Ley 100 de 1993 se han presentado de cuando en cuando las denuncias de que las EPS cobran las llamadas Unidades de Pago por Capitación por personas que no existen, que sobrefacturan medicamentos, que niegan procedimientos y medicamentos contemplados en el POS para que los pacientes los obtengan por vía tutela y el Estado vuelva a pagárselos a las EPS. Una de las denuncias actuales consiste en señalar que empresas como Saludcoop, no contenta con las defraudaciones anteriores, ha creado un verdadero monopolio de la salud, que consiste en que todos los procedimientos y actividades que estén relacionadas con el servicio los desarrolla a través de empresas de su propiedad, desde la consulta inicial hasta la recuperación final, pasando por el suministro de medicamentos, la fabricación de envases para medicamentos, los uniformes de los médicos y empleados, los exámenes diagnósticos, el suministro de alimentos, las cirugías y el suministro de instrumental quirúrgico, la papelería, la mensajería, el transporte, ¡Hasta los sitios de descanso y recuperación de los pacientes adinerados, en lujosos hoteles construidos con dineros de los afiliados! Parece que sólo le falta tener empresas funerarias y ofrecer el servicio de lotes en parques cementerios o la cremación de aquellos pacientes cuyos tratamientos no resulten exitosos.
Las denuncias de tan graves hechos provienen de sectores y personas tan respetables como la Federación Médica Colombiana y otras asociaciones del sector de la salud, serios estudios de la Universidad Nacional, investigaciones de periodistas que se caracterizan por su profundidad y seriedad como Daniel Coronel, congresistas cuyos debates revisten la mayor contundencia y rigor, como Jorge Enrique Robledo. Sin embargo, lo preocupante aquí no son las denuncias, con todo y lo graves que resultan siendo, sino el rumbo que toma el escándalo, por el sesgo que le dan los grandes medios de comunicación, interesados, como siempre, en distorsionar la realidad y tratar de impedir que se llegue al fondo del asunto. Se insiste en que estamos ante un enorme fenómeno de corrupción, pero se soslaya que el problema radica en el modelo de salud creado por la Ley 100 de 1993, ideado exclusivamente para entregarle al capital financiero el jugoso negocio del aseguramiento de los ciudadanos como la única forma de acceso a los servicios médico asistenciales, en un perverso sistema de intermediación absolutamente innecesaria. Con la filosofía de que todas las actividades de la sociedad son una oportunidad para el negocio, los tecnócratas y los políticos neoliberales del gobierno de César Gaviria, entre ellos el senador Álvaro Uribe Vélez, ponente principal en los debates que dieron origen a tan nefasta Ley, crearon la fórmula mágica para enriquecerse a costa de las dolencias de salud de los colombianos. Hoy, casi veinte años después de haber sido creado aquel engendro, las consecuencias saltan a la vista, la salud de los colombianos está en manos de unos criminales de cuello blanco, responsables de la aplicación de una ley que ha causado más muertes que todas las violencias que agobian a Colombia, como suele decir el Senador Robledo.
Los colombianos de bien, que somos la inmensa mayoría debemos salir a las calles a impedir que otra vez se juegue con la salud y con la vida, mediante el procedimiento de hacerle a la ley 100 unas modificaciones cosméticas, sacar de en medio y quizás encarcelar por poco tiempo a unos cuantos vivos y poderosos que han usufructuado el negocio de la salud en los últimos años para entregárselo a otros más vivos y más poderosos. Salgamos a exigir que se acaben las EPS, que cese la criminal intermediación del capital financiero en la salud, que se derogue la ley 100 de 1993. Vinculémonos a la marcha del martes 24 de mayo en defensa del derecho a la salud. Encontrémonos en el Parque Nacional a las 9 de la mañana y marchemos por la vida y la salud de los colombianos.
Coletilla: si los maestros, los padres de familia y los estudiantes colombianos no nos movilizamos a impedirlo, el futuro de la educación será el mismo terrible presente de la salud. Nada de raro tiene que mañana sólo tengan acceso a la educación quienes posean un carnet de afiliados a una “Empresa Promotora de Educación” y paguen para ello elevadas cotizaciones, que les permitan ingresar a los colegios privados y a los megacolegios públicos concesionados a operadores particulares, mientras que a unos cuantos pobres de solemnidad, de estrato cero, se les entregan unos cupones para que vayan a pelearse, en interminables colas de menesterosos, unos pocos cupos en las desvencijadas escuelas públicas que aún queden. Ya no será el “paseo de la muerte”, sino el “tour de la ignorancia”.