04/08/2021

La reforma tributaria de Santos también atenta contra el magisterio


María Antonieta Cano

Bogotá, octubre 13 de 2012

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma tributaria. Son 102 artículos, calculados todos para multiplicarles los impuestos a los más pobres y a la clase media y para aumentarles los privilegios a los poderosos. Mientras que a los empresarios se les rebaja la tarifa del impuesto de renta del 33 al 25%, a los asalariados se los obliga a pagar impuesto de renta desde los 2,3 millones de pesos de ingresos mensuales en adelante. Hoy se comienza a cobrar a asalariados que ganan desde 3,6 millones de pesos. Como si fuera poco, se aumenta el IVA a los productos básicos de consumo y hasta el “corrientazo” será gravado con el 7%. De hecho, incrementar el IVA es sobrecargarles la tributación a los más pobres.
El gobierno es acucioso a la hora de justificar la medida contra los trabajadores y expone minuciosamente cómo algunas personas naturales están pagando una tarifa de renta inferior a la que pagan otras con menores ingresos, pero no es igual de solícito al momento de dar a conocer la tasa efectiva que pagan los monopolios y las trasnacionales. Hay un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de análisis: el impuesto a la clase trabajadora se calcula con base en sus ya menguados salarios, mientras que el de las empresas se hace con respecto a las utilidades.
¿A quiénes golpea la medida? ¿Quiénes son los trabajadores, independientes y asalariados, que van a ser víctimas del impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN) que gravará sus sueldos y honorarios? No hay que ir muy lejos para encontrarlos. Los profesores, por ejemplo, que ya contamos con el deshonroso puesto de tener uno de los salarios más bajos del mundo, seremos objeto de la reforma así: serán gravados con este impuesto de los cobijados por el régimen laboral del estatuto 2277 de 1979, todos aquellos que estén del escalafón 12 en adelante, y de los docentes y directivos docentes regidos por el decreto-ley 1278 de 2002, todo aquel que tenga una asignación básica mensual igual o superior a la que corresponde al grado 2 nivel salarial C, es decir, todos los licenciados o profesionales no licenciados que tengan en su haber una especialización o una maestría.
Es contra trabajadores como nosotros contra quienes se descarga este adefesio llamado reforma tributaria. Y también contra el abogado que litiga, contra el odontólogo que se rebusca su sustento en un consultorio privado, contra el ingeniero de sistemas que no tiene salario ni seguridad social, en fin, contra toda la clase media colombiana, gente sencilla, trabajadora, acosada por la tarjeta de crédito, por la plata del mercado, por el arriendo, por la cuota del carro que en muchos casos es su medio de trabajo. Es con este sector con el que el gobierno de Juan Manuel Santos se ensaña imponiéndole una carga onerosa.
La pericia con la que el ministro de Hacienda intenta demostrar la “evasión” de la clase trabajadora, asalariada o independiente, no se compadece con las exenciones de las que son beneficiarios los monopolios y las trasnacionales. El senador de la República, Jorge Enrique Robledo, le envió una carta al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, en la que le pide información sobre la tasa de renta que pagan efectivamente los monopolios y las trasnacionales.
Afirma el senador Robledo en su misiva que “el gobierno no les ha informado a los colombianos cuál es la tasa efectiva que pagan los denominados grandes contribuyentes, que en su mayoría son los monopolios y las trasnacionales, para poder comparar la tasa que pagan las grandes compañías con la que pagan los trabajadores. Esta omisión impide que se haga un debate serio sobre la desigualdad y la progresividad en los tributos, pues no es posible que haya equidad si empresas como Claro y Cerro Matoso, por ejemplo, pagan proporcionalmente menos impuestos que las capas medias y pobres”.
En la exposición de motivos, el gobierno nacional calla la información en forma culposa, porque muy seguramente los bancos y las multinacionales pagan una tasa inferior a la de los asalariados. Es la famosa ley del embudo. Los más ricos de los ricos viven a expensas de las clases populares. Esperemos a ver cuál va a ser la respuesta.
Porque ¿qué significa la reforma tributaria en términos concretos? Simplemente que las rebajas a las empresas y al capital financiero se compensarán con mayores gravámenes al trabajo, incluyendo el IVA. Se les baja la carga tributaria a empresarios como Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, propietario en Colombia de Claro, y se exime de impuestos a multinacionales como la BHP Billiton, de El Cerrejón y Cerro Matoso, y se les amplía la base tributaria a los trabajadores y las grandes mayorías.
Pero si los que más tienen no pagan, es indiscutible que seguirá habiendo déficit por más que intenten ahogar a la mayoría de la población. De llegar a pasar, la reforma tributaria profundizará la crisis que vive el país. En buena hora los sectores democráticos de la nación colombiana ya tomamos nota de los alcances del proyecto y nos preparamosa librar grandes batallas para derrotarla. Profesores, estudiantes, empleados, profesionales independientes, amas de casa, todos saldremos a las calles a demostrarle a Santos que así como derrotamos el proyecto de reforma a la educación superior, así como tumbamos la reforma a la justicia, también tumbaremos con la resistencia civil el esperpento denominado reforma tributaria.
¡El 1° de noviembre todos a la calle a tumbar la reforma tributaria neoliberal!

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