La dictadura del capital financiero en la emergencia invernal

Juan Manuel Santos pretende aprovecharse de la tragedia y el sufrimiento de millones de colombianos para enriquecer a los magnates del mundo mediante la violación del principio de separación de poderes. So pretexto del desastre invernal, declaró un Estado de Excepción para tomar decisiones que ordinariamente le corresponde discutir y aprobar al Congreso. Lo mismo intentó hacer Álvaro Uribe con la emergencia social en materia de salud.

El artículo 215 de la Constitución señala que el Presidente podrá declarar la emergencia económica cuando se presenten hechos sobrevinientes que constituyan una grave calamidad pública, hechos que, según la Corte Constitucional, deben ser imprevisibles y extraordinarios. Este desastre invernal no era ni imprevisible ni extraordinario. Todos los años, entre septiembre y noviembre, los colombianos que por sus condiciones de pobreza habitan en las orillas de los ríos y en las laderas de las montañas, son víctimas de las mismas inundaciones y deslizamientos de siempre. Desde junio pasado el Ideam advirtió que “las condiciones de interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico Tropical, favorecen la ocurrencia de una etapa temprana del fenómeno de La Niña”. Y en septiembre alertó sobre la continuación de “las emergencias por inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos”. Por eso llamo la atención de “las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, (…) sobre la alta probabilidad de ocurrencia de emergencias, por lo cual se (debían) tomar las precauciones y medidas pertinentes en cada región”.

Llamado ante el cual el gobierno no hizo nada, a pesar de que el 8 de agosto el presidente Santos visitó la región de La Mojana cuando comenzaban las inundaciones. Desde 2009, alcaldes y medios de comunicación de la Costa Caribe advirtieron que era altamente probable el rompimiento del Canal del Dique pero, ni este, ni el anterior gobierno, intentaron evitarlo. Por eso, el principal responsable de esta tragedia es el gobierno nacional que, sabiendo lo que iba a suceder, no tomó las medidas preventivas exigidas por la situación.

Lo que Santos sí ha hecho es aprovechar la “oportunidad” para pasarse por la faja el Congreso y montarles un jugoso negocio a los magnates del mundo. La creación de un fondo para desarrollar proyectos “público-privados”, la privatización de Ecopetrol y la implementación de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano, son algunas de las medidas que apuntan a satisfacer las necesidades de las grandes empresas.

La enajenación de otro 10% de Ecopetrol es un buen ejemplo de las maniobras del uribo-santismo. Con esta decisión el gobierno se desprende, y seguramente a un bajo precio, de un importante porcentaje de la empresa que más recursos le genera al Estado. La medida apunta a satisfacer los intereses de una minoría que busca apoderarse de la principal compañía de los colombianos. Además de ser una política profundamente dañina, viola abiertamente la separación de poderes, confirmando que a más neoliberalismo, menos democracia.

El gobierno argumenta que debe vender porque necesita con urgencia cuantiosos recursos para reconstruir el país, por lo que esta decisión se debía tomar en diciembre. Sin embargo, de acuerdo con el ministro de Hacienda, en 2011 sólo se venderá entre el 1 y el 2 por ciento de las acciones, y los recursos serán invertidos en la reconstrucción de las zonas afectadas, la cual sólo se iniciará después de junio de este año. Entonces, ¿cuál era el apuro de privatizar Ecopetrol sin la intervención del parlamento y, especialmente, de los sectores de oposición? Al igual que trató de hacerlo con el tratado de las bases estadounidenses, Juan Manuel Santos viola las más elementales normas de la democracia, imponiendo en el país la dictadura del capital financiero.

Aunque en Colombia hay muy poca democracia, es demasiada para las necesidades del capital financiero. La emergencia económica es un buen ejemplo de ello. Y también demuestra que el gobierno de Juan Manuel Santos, al igual que al de su predecesor, no le tiembla la mano para montar sobre el sufrimiento de los colombianos los negocios que los banqueros nacionales y extranjeros requieran.