02/08/2021

Informe del Senador Jorge Enrique Robledo sobre sus visitas a la zona del desastre del Canal del Dique

Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 23 de febrero de 2011

El fin de semana del 12 y 13 de febrero pasado y el lunes 21 de febrero, esta vez como parte de la Comisión Accidental del Senado de la República para la Emergencia Económica y Social, visité la región del Canal del Dique en los departamentos del Atlántico y Bolívar, la zona afectada por el desastre invernal de fines del año pasado. Estuve en los municipios de San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Manatí, Sabanalarga, Candelaria y Campo de la Cruz. Y regresé a Bogotá muy impresionado, como mis colegas de la comisión, por las durísimas condiciones por las que pasan miles y miles de compatriotas que se sienten abandonados por el Estado.

Paso a hacer unos comentarios que pueden ser de utilidad:

Son pocos los colombianos que saben que la región del Canal del Dique sigue inundada en un área enorme, de decenas de miles de hectáreas, aunque ya se haya cerrado el boquete de Santa Lucía, Atlántico, y en algunas partes la inundación no cubra ahora las partes más altas de las poblaciones. Ojalá la televisión le mostrara al país lo que ocurre.

El desastre generó una situación de ruina, desempleo y pobreza extrema, a la par con una impotencia que por razones obvias desespera a los damnificados luego de casi noventa días, que en proporciones muy altas se quedaron sin ningún ingreso y a que a duras penas sobreviven con los escasos alimentos que les da el Estado.

Resalta el reclamo de los damnificados que piden que se evacuen las aguas cuanto antes, porque de ello depende poder regresar a sus actividades económicas.

Actualmente, y aprovechando la ley de la gravedad, se están evacuando las aguas a través de cinco boquetes hacia la ciénaga de El Guájaro y el propio Canal del Dique. Juan Pablo Deik, secretario de Infraestructura del Atlántico, calcula que a mediados de marzo deberá haberse evacuado el 80 por ciento de la inundación, siempre y cuando el nivel del Canal del Dique lo permita, en razón de que las lluvias no vuelvan a aumentar el caudal del río Magdalena. La parte restante deberá evacuarse mediante grandes motobombas funcionando durante seis meses, si el gobierno nacional cumple con las que ofreció pero que no ha conseguido. El gobernador Eduardo Verano le transmitió esas necesidades al gobierno nacional, el Ministerio del Transporte le dio la viabilidad, pero Colombia Humanitaria respondió que ignoraba el tema. La situación puede complicarse porque el río Magdalena subió de nivel tres centímetros el día de esta visita y porque este martes 22 el director del Ideam alertó al país sobre el invierno que se avecina.

Además, y aunque suene increíble, entre Soplaviento y San Cristóbal, en el departamento de Bolívar, hay otro boquete de 150 metros en el Canal del Dique, en el Chorro de Las Mestizas, al que el gobierno nacional no le ha hecho absolutamente nada, a pesar de que se abrió a mediados de diciembre. Por ahí se inundaron los municipios de Soplaviento, San Cristóbal y Mahates, los cuales se volverán a inundar si suben nuevamente los niveles del río Magdalena y el Canal del Dique.

La atención a los damnificados luego de casi tres meses de la ruptura del dique es por completo insuficiente. Ante la ausencia de alternativas, una parte importante de ellos se hacina en planteles educativos y sufre por incontables penurias, mientras miles de estudiantes permanecen sin estudios. Y el número mayor se amontona en cambuches de plástico negro, soportando temperaturas infernales. Con extrema lentitud –y excepcionalmente– avanza la construcción de los llamados albergues donde se supone se alojarán los damnificados que salgan de las escuelas y colegios. Son muchas las quejas sobre lo escaso de los mercados y elementos de aseo que les entregan, al igual que sobre por lo insuficiente del agua potable, en medio de muy altas temperaturas.

Entre los damnificados hay un número importante que no está en las escuelas ni en los cambuches y que se tratan como si no fueran afectados, cuando sí lo son y en materia grave. Para ellos no existen políticas de respaldo. No ha llegado ni un peso para el pago de arriendos al que se comprometió el gobierno nacional.

Los recursos del departamento y los municipios son escasos y, de acuerdo con las normas legales, están comprometidos en otras necesidades, por lo que sufren severas limitaciones para enfrentar el desastre. Y las platas del gobierno nacional, que sí son importantes y pueden gastarse en estas necesidades, llegan con extrema lentitud, presas de un sistema paquidérmico, burocratizado e ineficiente. Solo han sido girados nueve mil millones de pesos para la Caja de Compensación, Comfamiliar, la entidad contratada para el suministro de los alimentos.

Según informes de la Asociación Agropecuaria del Sur del Atlántico, la producción agraria –la principal actividad económica de la región– desapareció casi totalmente bajo las aguas. Manatí, de producir ocho mil litros de leche al día, pasó a 500 litros. Candelaria, de cinco mil pasó a doscientos. Se inundaron –con profundidades de hasta cinco y diez metros– cuarenta mil hectáreas, quedando en la ruina millares de campesinos y empresarios. El ministro de Agricultura se comprometió, el 4 de enero en una reunión en Cacom III de Malambo, a condonar las deudas con el Banco Agrario; pero hace poco dijo que solo aliviarían el 95 por ciento, hasta quince millones de pesos y si estaban al día en sus compromisos bancarios, lo que ha causado mucha molestia en la región, donde también se reclama que se condonen las deudas contraídas con otros bancos. Llama la atención que al gobierno nacional no se le haya ocurrido impulsar un auténtico programa de recuperación económica, la única solución verdadera que puede dársele al desastre social.

A medida que baja el agua en los cascos urbanos, quedan a la vista grandes cantidades de basura, desperdicios, muebles rotos, animales muertos y una capa de lodo con toda clase de bichos. Es evidente que este problema sanitario, de relativa fácil solución, tampoco se ha atendido como se debiera, aumentando la frustración de la comunidad.

El gobierno nacional –el que tiene la plata y las normas legales para invertirla– no entiende que en la medida en que bajan las aguas y las edificaciones quedan en lo seco, hay que limpiarlas, desinfectarlas y asearlas para volverlas habitables, pero que ello exige el respaldo del Estado, porque los empobrecidos damnificados carecen de casi cualquier recurso. Si esto se hace bien, se harán innecesarias ciertas enormes inversiones de las que se están hablando y podrían generarse empleos que mucha falta hacen.

Luego vendrá la etapa de ver cómo se tratará con todo rigor y seriedad técnica y ambiental el Canal del Dique y el río Magdalena, al igual que el resto del país. Pero la Gobernación del Atlántico ya presentó una serie de proyectos para proteger el sur del departamento de nuevas inundaciones, que podrían darse en las próximas semanas. Uno de ellos consiste en la construcción de diques arcillosos que protejan de nuevas inundaciones los cascos urbanos de los municipios.

Al momento de redactarse estas líneas, la fuerza pública reprimió una protesta de los desesperados habitantes de Campo del Cruz. Repudiable el estilo de un gobierno que ha sido negligente antes y después de producirse el rompimiento del Canal del Dique, pero que sí es diligente para reprimir a unos compatriotas que protestan por su durísima situación.

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