02/08/2021

Acerca del supuesto cartel de los embalses y de los “avivatos” en los proyectos hidroeléctricos

Jorge Gómez Gallego*, Medellín, 27 de febrero de 2011

El Gobernador de Antioquia, sin prueba alguna, y abusando del poder mediático que le otorga el enorme presupuesto publicitario que maneja, ha venido haciendo una sistemática campaña contra la pequeña y mediana minería en los cauces de los ríos Porce y Cauca, en los que se adelantan sendos proyectos hidroeléctricos.

El calificativo de “avivatos” que usa el mandatario seccional para estos compatriotas que se ganan la vida extrayendo oro de esos ríos y la acusación de que hacen parte de un supuesto “cartel de los embalses” , apuntan a crear un ambiente adverso en la opinión pública hacia ellos.

Al respecto me parece conveniente tratar de responder dos interrogantes. El primero tiene que ver con el hecho mismo, es decir, si lo que dice el Gobernador es cierto o no. El poder mediático no garantiza la verdad. El otro se refiere a tratar de auscultar cuál es el propósito que anima al doctor Ramos para adelantar semejante cruzada.

Si fuera cierto que quienes ejercen la minería informal en esas riberas fueran simplemente unos advenedizos que se han ubicado en esos sitios a la espera de compensaciones derivadas de la puesta en marcha de los proyectos, el asunto no pasaría de ser un episodio más de la picaresca colombiana.

Pero el problema es que quienes hemos tenido oportunidad de estar cerca de esos procesos, podemos asegurar que eso no es cierto. La mayor parte de los ciudadanos que allí se desempeñan como mineros, llegan como producto de fenómenos diferentes a los proyectos hidroeléctricos, o siempre han estado allí de manera inestable.

Eso lo evidencia el hecho conocido por casi todo el país, de que algo similar sucede, con la misma o mayor intensidad, en otros sitios en los que no se están adelantando proyectos de esa naturaleza; las razones principales estriban en el alto desempleo imperante, en el incremento de los precios internacionales del oro y en el cambio obligado de actividad de muchas personas por la quiebra de la producción agropecuaria o por la fumigación y erradicación de cultivos ilícitos sin la implementación simultánea de proyectos productivos por parte del Estado.

Marginalmente puede haber, siempre habrá, personas que en medio del acoso del hambre buscan allí hipotéticas indemnizaciones; pero quienes conocen las dos zonas, las han recorrido palmo a palmo y no tienen el incentivo del salario del dueño de los proyectos o de las utilidades que de ellos se derivarán, pueden certificar que quienes laboran o han establecido “cambuche” en esos territorios, son producto de la creciente informalización de nuestra economía, o de actividad minera no permanente que siempre ha estado presente.

Hay un fenómeno que conocen, pero ocultan las autoridades: muchos mineros son ocasionales, es decir, son habitantes de los municipios y veredas cercanos, que en determinadas épocas del año y desde siempre, llegan a los ríos a compensar los meses sin cosecha, o los de mayor demanda en los gastos familiares, como por ejemplo la temporada escolar, o simplemente lo hacen en los veranos, cuando bajan los caudales, y se facilita la extracción de oro. Muchos de estos mineros ocasionales y trashumantes, ante el anuncio de la ejecución de los proyectos, que borrarán de un solo golpe un ingreso que por esporádico no deja de ser esencial, han tratado de establecer una especie de presencia permanente, con el establecimiento de “cambuches”.

Entonces, si no es cierto que exista el “cartel de los embalses” y los mineros allí presente no pasan de ser parte de los millones de colombianos que no tienen otra alternativa que el “rebusque”, ¿qué se busca con la injustificada estigmatización? En Porce IV, toda la evidencia apunta a que el Gobernador de Antioquia contribuye al montaje de una especie de “falso positivo” por parte de Empresas Públicas de Medellín. Estos son los hechos: en el segundo semestre del 2010 se consolida el acuerdo para que EPM construya, opere y explote Hidroituango, a renglón seguido se anuncia la suspensión del proyecto Porce IV, de propiedad de EPM. Construir y poner en funcionamiento Hidroituango vale la mitad por megavatio instalado que hacer lo mismo en Porce IV y como si fuera poco, la generación de un kw/h en Hidroituango vale el 22% menos que en Porce IV. ¡El día y la noche!

Deben saber los lectores que a EPM le fue adjudicada en el año 2008, un cargo por confiabilidad en la generación de energía en Porce IV por 962 gigavatios/hora a partir del 1º de diciembre de 2015, que es una especie de contrato en el que EPM se obliga a generar esa energía, y la subsidiaria de ISA que controla el sistema interconectado le paga una suma de dinero anual por la sola disponibilidad del servicio. Pero en caso de no cumplir, deberá pagar una cuantiosa multa en dólares.

Al anunciar la suspensión de ese proyecto, EPM y la Alcaldía de Medellín han alegado, mintiéndole a la opinión pública y ambientando una excusa para sacarle el cuerpo a la multa, circunstancias imprevistas y de fuerza mayor, como el alto e inusitado crecimiento en el volumen de personas que se deben compensar y la alteración del orden público.

El censo que EPM adelantó una vez declarada zona de interés público Porce IV (2008) había arrojado una población muy similar a la que se rumoraba a finales del 2010, y las condiciones de seguridad del sector eran de conocimiento público desde que se hicieron los estudios de pre-factibilidad. Una vez asegurada la concesión de Hidroituango por 50 años, EPM decidió abandonar Porce IV en beneficio de Hidroituango, pero la multa (inicialmente U$ 14 millones y aumentando a medida que pase el tiempo) era un obstáculo. Ahí es donde aparece muy activamente nuestro Gobernador ayudando a montar la coartada perfecta, ayudando a montar el alegato del hecho sobreviniente y la fuerza mayor.

Otra astucia, pero ligada a la anterior, es la que se presenta en el caso de Hidroituango, donde se están practicando arbitrarios desalojos de población minera. Allí el mandatario seccional, el mismo que está llamado a declarar en la Corte Suprema de Justicia por el vergonzoso escándalo de la parapolítica y que se encuentra investigado y cuestionado por el aberrante “botellón” de la contratación, ya no es cómplice del “avivato”, como en Porce IV; no, aquí es el “avivato” en persona.

Está litigando en causa propia, pues el IDEA y la Gobernación son dueñas del 53%. Sus utilidades aumentarán tanto como se reduzcan los costos, y la manera cómo piensan estructurar financieramente el proyecto, evidencia que eso no lo harán achicando la ganancia de los piratas del capital especulativo (Ver artículo anterior sobre la financiación de Hidroituango).

Tampoco van a bajar a la fabulosa Tasa Interna de Retorno acordada con Empresas Públicas de Medellín, la empresa de naturaleza pública que opera como privada y que de rival de ayer, por la fuerza de las circunstancias se ha convertido en su compinche.

En este caso, EPM y Gobernación, antes enfrentados, ahora están coludidos para acudir en apoyo a la rentabilidad para ellos mismos y sus eventuales financiadores. Se concentran en esquilmar al conjunto de afectados sin poder y sin medios: a mineros que son estigmatizados para bajarle al monto de las compensaciones; a propietarios de predios a los que les pagarán sus tierras a precio de rastrojera y no de lecho de represa generadora de energía y ojo, a administraciones municipales a las que el nuevo dueño de los predios escasamente pagará la mitad del impuesto predial actual, y las están engatusando con las transferencias del 1.5% de las ventas brutas de energía, que apenas compensarán esa caída en el recaudo del predial. ¡Ah y son transferencias con destinación específica y preestablecida!, no de libre destinación como los recursos que se pierden.

¡Este es el verdadero “cartel de los embalses”! ¡La auténtica asociación de los “avivatos”!

*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

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