27/09/2021

Gracias a la defensa de la educación pública dada por FECODE los corruptos no se roban más plata de ella.

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2021, John Granados Rico.

En la última década son tres sonados casos de corrupción que se han presentado con los recursos de la educación pública, en todos ellos los protagonistas son los contratistas que el gobierno nacional ha designado para desarrollar y administrar las políticas y los recursos económicos estatales.

El primer caso es la corrupción entorno al Plan de Alimentación Escolar, esta política les ha generado enormes ganancias a las firmas contratadas para suministrar los alimentos a las instituciones educativas con detrimento de la nutrición de los estudiantes. Según un informe de la Contraloría de noviembre de 2019, son más de 75.000 millones de pesos que se han robado del PAE los operadores, los contratistas, los políticos, los alcaldes y los gobernadores en todo el territorio nacional. A lo anterior hay que sumarle, los costos de la burocracia de La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar creada por Duque, que funciona con el mismo presupuesto asignado para el PAE desde el PGN y el SGP.

El segundo caso está relacionado con el Fondo de Infraestructura Educativa, el cual es una cuenta especial de la nación encargada de administrar los recursos y contratar las obras para la construcción de colegios públicos. Los contratos se pueden realizar con las normas que rigen la contratación pública o por el derecho privado, lo que, por supuesto llevará a la contratación con el derecho privado. La contraloría señaló en el año 2019 que se han perdido por la corrupción en la contratación de las plantas físicas escolares 559.853 millones de pesos, dejando como víctimas a las niñas, niños y jóvenes que no tienen entornos escolares adecuados, servicios públicos y conectividad tal como ha quedado en evidencia con la pandemia.

Y el más reciente caso de corrupción se presenta con la contratación del suministro de Internet a las escuelas públicas rurales. A través de la Unión Temporal Centros Poblados, integrada por empresas que no tenían experiencia en las telecomunicaciones, se robaron 70.000 millones de pesos de un anticipo que giro el MinTic a dicha firma. La U.T. entrego una póliza fraudulenta para formalizar el contrato.

En todos los mencionados casos el presidente y sus ministros han anunciado investigaciones y condenas a las personas implicadas pero en realidad todo a quedado en total impunidad, la plata de los tributos de los colombianos se la han robado los corruptos que son los mismos amigos del Gobierno Nacional, mientras tanto, El MEN se esta convirtiendo en un portafolio de negocios y contratos.

Por eso el magisterio no puede vacilar al momento de enfrentar la política neoliberal, que hace de los recursos oficiales una fuente de riqueza para los corruptos y debe seguir luchando para defender la educación pública, evitando su privatización, porque como los hechos lo demuestran, los casos de corrupción se presentan fundamentalmente en las situaciones donde el estado no administra directamente los recursos sino cuando quedan en manos de particulares.

 

John Granados
Asesor CEID-FECODE
Delegado Asamblea ADE
Docente INEM Francisco de Paula Santander

 

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