Bogotá D.C., 24 de marzo de 2020
La constitución de 1991 instauró el concurso de méritos para acceder al servicio del Estado. Fue un avance ante la politiquería reinante en los nombramientos, sin embargo, la decisión estuvo determinada por las necesidades del imperialismo de un desarrollo limitado del Estado para poder saquear mejor a Colombia. De hecho, durante el siglo XX y lo corrido del XXI han sido impuestas reformas desde la potencia del norte para su beneficio. Ahora bien, decir que se alcanzó la meritocracia, el gobierno de las personas más capacitadas, cuando los que verdaderamente gobiernan, el presidente, sus ministros y la legión de altos funcionarios lo hacen mal y sin sujetarse muchas veces a ninguna norma, adicionalmente, es una exageración decir que todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades, porque, lo que en realidad sucede con él concurso, es que las profundas brechas de oportunidades entre las regiones limitan las posibilidades de acceder a todos los colombianos a los cargos de carrera administrativa.
Además, el gobierno ha mantenido a un número desproporcionadamente grande de servidores públicos en provisionalidad y otras formas de contratación indirecta. Actualmente hay más de cincuenta mil maestros en plazas en vacancia definitiva o temporal, sin derechos de carrera, sin la posibilidad de ascender y sin estabilidad laboral. Entre otras justificaciones insostenibles para semejante injusticia está, sin duda alguna, que tener maestros que nunca pueden ascender es más barato y que mantenerlos sin derechos es rentable para el gobierno al suprimir el derecho a protestar y organizarse.
Otra ganancia que ha logrado el gobierno es la de imponer, desde antes de que los maestros asuman sus labores, una determinada concepción de la educación, los estándares violentando la autonomía escolar establecida en la ley general, dando además a los aspirantes una abrumadora lección inicial de despotismo.
Al hacer estas denuncias exigimos el concurso de ingreso de manera inmediata, con plenas garantías democráticas para garantizar la estabilidad laboral, los derechos de la carrera administrativa y la libertad sindical, a su vez, rechazamos cualquier pretensión del gobierno de Duque de disminuir la planta de personal cuando la pandemia exige el aumento del número de educadores.
Llamamos a la unidad en torno a Fecode, la Cut y el Comando nacional de paro.
TRIBUNA MAGISTERIAL
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