EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MAGISTERIO EL GOBIERNO DUQUE BUSCA IMPONER LA LEY 100 Y LAS EPS

Bogotá, 23 de mayo de 2022, Tribuna Magisterial.

Como hemos aprendido en carne viva los colombianos y lo manifestó a su debido tiempo con meridiana claridad Jorge Robledo, al amparo de la constitución de 1991 se expidió un conjunto de leyes con el propósito de garantizarle al capital privado ganancias fabulosas y de presionar la privatización, entre ellas la ley 100, que generó privatizaciones multimillonarias en salud y pensiones.

Siguiendo la política orientada por la OCDE y demás agencias internacionales de profundizar la privatización de la salud para beneficio de las cada vez mas monopolistas EPS y de propiciar la división de los servicios de salud de los maestros y maestras Duque esta comprometido con una reforma que afecta el derecho a la salud y a la salud en el trabajo de más de 300 mil maestros y sus familias.

La modificación del acuerdo 9 es profundamente nociva para el magisterio colombiano y sus familias porque apoya los designios de introducir las EPS y la medicina prepagada y con ellas todo el modelo de la ley 100 con el argumento neoliberal de garantizar la competencia y libre concurrencia, porque esta dirigida a debilitar la unidad del magisterio con el manido argumento de la libertad neoliberal que ante gigantescos monopolios deja escasas posibilidades de lucha, porque escinde los servicios médico-asistenciales, incluyendo los derivados de riesgos laborales, de los servicios propios de salud y seguridad en el trabajo, porque empeora los servicios al disminuir el numero de regiones, porque establece una auditoria sobre la contratación y mantiene el despojar a los comités regionales, donde hay presencia del magisterio, de la potestad de garantizar los servicios de prestaciones sociales, porque las EPS podrán organizar los servicios de salud, porque permite de manera expresa la participación de empresas de medicina prepagada en la prestación de servicios de salud de los regímenes excluidos.

La modificación del acuerdo establece que si las entidades, como es el caso del Fondo de prestaciones sociales del magisterio, que quedaron exceptuadas de la ley 100, en el marco de su autonomía deciden celebrar contratos para organizar la prestación de servicios de salud lo podrán realizar únicamente con las EPS, aberrante imposición que Duque trata de imponer con su mayoría, de conformidad a Io señalado en el artículo 2.5.2.1.1.10 del Decreto 780 de 2016, teniendo en cuenta que por expresa autorización legal será con dichas entidades que se podrá llevar a cabo la suscripción de contratos para la prestación de servicios de los trabajadores de los regímenes exceptuados.

El magisterio colombiano dirigido por Fecode debe rechazar el proyecto de modificación de acuerdo y prepararse para derrotarlo por medio de la lucha.

TRIBUNA MAGISTERIAL
Victoria Avendaño, Diógenes Orjuela, Timoteo Romero, Elías Fonseca, Francisco Torres.