El porqué de nuestro voto negativo en Fecode a la propuesta del Gobierno de nuevo Modelo de Salud para el magisterio

El pasado 1° de septiembre de 2023, el presidente Gustavo Petro, sin ningún tipo de consulta con Fecode, anunció desde Bucaramanga su decisión de cambiar el modelo de salud para el magisterio colombiano. Puso como argumento la corrupción en los manejos de los recursos de salud por parte de la Fiduprevisora, el Fomag y los prestadores del servicio en las regiones, adicionado con las innumerables quejas por la mala prestación del servicio. Ordenó después suspender el ya avanzado proceso de invitación pública 002 de 2023, que debía culminar con una nueva contratación del servicio de salud para los maestros y sus familias, además de la seguridad y salud en el trabajo. El proceso se había iniciado con unos nuevos términos de referencia aprobados por unanimidad, incluidos los tres ministros del gobierno, en el Consejo Directivo del FOMAG y por Acuerdo 05 de 2022.

La decisión de suspender la convocatoria la tomó unilateralmente el gobierno con sus tres votos en el consejo directivo del FOMAG, sin contar con la aprobación de los dos delegados designados por el Ejecutivo de Fecode, que siempre expresó dudas sobre su legalidad. La justificación pública de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya no fue ahora la corrupción alegada por el presidente Petro, sino la poca cantidad de oferentes, aun sabiendo que era la convocatoria con la mayor cantidad de proponentes en la historia de estos procesos. Es de resaltar que el ministro de Salud que, en el contexto de la Ley 91 de 1989, no tiene incidencia en estos procesos, se ha metido a intervenir de una manera absolutamente exagerada, inclusive por encima de los Ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo, que son los que representan al gobierno en el FOMAG.

Luego de cancelado el proceso de contratación, el gobierno, con los tres votos en el consejo directivo del FOMAG, aprobó nuevamente y de manera unilateral una prórroga de seis meses y además modificar el manual de contratación para que en adelante no se haga por licitación pública, sino mediante contratación cerrada y directa. Ante esta decisión, los dos delegados de Fecode, por orientación del Ejecutivo, votaron en contra y volvieron a expresar dudas sobre su legalidad.

Los seis meses de prórroga con los mismos contratistas que venían desde 2018, anunciados como un periodo de transición hacia el nuevo modelo, profundizan los atropellos y la negación de los servicios al magisterio y sus familias, sin que el gobierno y la Fiduprevisora adelantaran acciones para resolver el problema que ellos mismos habían creado. Tampoco ha interpuesto el gobierno las denuncias contra los actos de corrupción anunciados por el mismo Presidente, como lo ratifica la Procuraduría General de la Nación en su oficio dirigido al Consejo Directivo FOMAG con fecha 1° de abril. Es de recordar que Fecode ha denunciado permanentemente los actos de corrupción y la mala prestación del servicio de salud y exigido a los diferentes gobiernos, incluido el actual, fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y sanción.

Lo que sigue son más imposiciones desde el gobierno en la maratónica tarea de improvisar a tontas y a locas un nuevo modelo de salud, producto, no de una negociación directa entre FECODE y el Gobierno, sino de unas mesas técnicas finalmente impuestas por el gobierno, así se diga lo contrario, en donde FECODE delegó su participación en un grupo de estructuradores, acompañados por los dos representantes del magisterio al consejo directivo del FOMAG.

Ante estos hechos, Fecode y su Comité Ejecutivo, luego de amplias discusiones internas, plenarios de juntas directivas de los sindicatos filiales y Juntas Nacionales, y ante la presentación en marzo de una nueva propuesta de modelo de salud por parte del gobierno, que desató aún más inquietudes,definió los siguientes criterios:

Siempre dejamos en claro que diseñar un nuevo modelo de salud para el magisterio debía ser un proceso de negociación directa entre el gobierno y Fecode a través de su comité ejecutivo. Que se elaboraría en nombre del magisterio una propuesta que respetara el régimen especial de salud y SS en el trabajo, la Ley 91 de 1989 y el FOMAG en todos los procedimientos. En consecuencia, que cualquier modelo debe mantener a la Fiduprevisora con las funciones establecidas por la Ley 91, garantizar todas las prerrogativas que tiene nuestro modelo actual como sedes exclusivas, no copagos, no cuotas moderadoras y la prestación eficiente del servicio, entre otras. Inexplicable que se haya renunciado a ello.

El comité ejecutivo de Fecode fue presionado permanentemente para que aprobara la propuesta del gobierno presentada por el Ministerio de Salud a pesar de las enormes dudas que generaba.

Era evidente que, ante el afán gubernamental por asumir el control, no gustaba el criterio correcto de una negociación con Fecode y un periodo de transición bien organizado y planificado para evitar traumatismos. Para nuestra sorpresa, en plena semana santa, el gobierno desató el más implacable apremio sobre el comité ejecutivo, para que le aprobara a ciegas el modelo aún inconcluso, en el cual se le asigna a la ADRES la función de pagador y auditor, atropellando la Ley 91.

El gobierno no se paró en pelillos ante una posible ilegalidad y presionó al ejecutivo de FECODE para que le votara el documento con el nuevo modelo sin terminar, y además con falencias sobre muchas de las inquietudes planteadas en la Junta Nacional extraordinaria convocada para retroalimentar el tema tan delicado de salud del magisterio y los cambios que debían seguirse discutiendo de cara a nuestro gremio. El 1° de abril, la mayoría aceptó respaldar el documento en mención, con constancias de algunos y nuestro voto NEGATIVO en coherencia con las preocupaciones reinantes, incluida su legalidad, pero también defendiendo el principio de independencia y autonomía de nuestra organización sindical, abiertamente vulnerada por la presión desde las altas esferas del Estado, que es nuestro patrón. También lo hicimos ante la incertidumbre en varios de los temas planteados en el borrador inconcluso y atendiendo las inquietudes no resueltas de los delegados a la junta nacional y de los maestros y maestras frente a lo que se pueda presentar a partir del 1° de mayo, fecha en que se inicia la aplicación del nuevo modelo de salud.

Algunas a continuación:

• ¿Qué pasará con las sedes exclusivas? No hay respuesta clara al respecto.
• ¿Por qué a ADRES –la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ley 100, de la cual somos exceptuados– la convierten en pagadora de los contratos de salud del magisterio, que son Ley 91?
• ¿Por qué el afán de incorporar los dineros de la salud del magisterio a la bolsa común de todo el sistema?
• ¿Qué va a pasar con la libre elección, tan rechazada en gobiernos anteriores por FECODE y el magisterio por significar el debilitamiento de la unidad lograda con la Ley 91/89? ¿Qué costo tiene el nuevo modelo de salud del magisterio?
• ¿Qué costo tienen los ECIS?
• ¿Se dispone de un Manual de contratación de servicios?
• ¿Se realizará mediante Manual tarifario?
• ¿O presupuestos máximos y mínimos?
• ¿Existe un manual de sanciones?

Formular estas y otras inquietudes de los maestros y maestras no significa que nos opongamos a la necesidad de cambios en la prestación de los servicios de salud y seguridad y salud en el trabajo. Se necesitan en forma apremiante, pero no para empeorar, sino para mejorar, como lo indica el principio de progresividad y no regresividad conquistado por el movimiento sindical. Tampoco implica que defendamos la corrupción ni a los actuales contratistas de salud, ni que seamos de ultraderecha. Significa que debemos defender lo conquistado en las luchas históricas desarrolladas en estos 65 años de existencia de FECODE.

Ante la incertidumbre y los interrogantes de los docentes, la invitación al gobierno es a responder como corresponde, no con insultos, falsedades, señalamientos y estigmatizaciones.

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