Opinión |2 Feb 2012 – 11:00 pm
El gobierno de los campesinos
Por: María Teresa Ronderos
“Este es el gobierno de los cam-pesinos”, dijo Juan Manuel Santos en días pasados en el estadio Metropolitano de Barranquilla repleto. “Vamos a hacer posible la reforma agraria que tanto hemos anhelado.
No será esta una revolución a punta de fusil, será con la Ley y la Constitución en la mano”. Este gobierno, como ninguno de sus antecesores recientes, parece tener la voluntad política de meterle la mano a la Colombia rural profunda. Se muestra el presidente jugado con esta causa y un equipo de funcionarios comprometidos arman una institucionalidad seria para ordenar el sector.
Preocupa, sin embargo, el uso libre de estadísticas para inflar los logros en materia de restitución. Dicen que han adjudicado 852 mil hectáreas a 33 mil familias. Maravillada, la gente termina creyendo que en menos de dos años de gestión, el gobierno Santos ya ha devuelto casi la tercera parte de las poco más de tres millones de hectáreas que oficialmente reconoció como abandonadas o usurpadas por causa del conflicto armado.
La verdad precisa es distinta. La cifra incluye la titulación de tierras baldías, la formalización de tierras colectivas de comunidades afro e indígenas, la entrega de tierras a campesinos que no son desplazados e, incluso, la regularización de terrenos como parques naturales y humedales. Realmente, devueltas a los despojados van entre 10 y 12 mil hectáreas, según calcula la Comisión de Seguimiento al fallo de la Corte sobre desplazamiento forzado.
Nadie discute que la formalización de tierras es un logro importante y que este gobierno aceleró procesos que venían hace años a paso de tortuga. Pero los mensajes deberían ser más responsables y las cifras más claras.
Que el Gobierno esté calculadamente despistando con la oratoria sería apenas un pecadillo venial, pues es comprensible que necesite pueblo para impulsar una política tan espinosa. El riesgo, sin embargo, es que termine desilusionando a muchos y saboteando así su propia iniciativa. Otra cifra demuestra lo lejos que está de restituir la tierra despojada. Aunque está recién inaugurada, los desterrados ya le han presentado a la Unidad de Restitución de Tierras del Minagricultura 7 mil reclamos por 416 mil hectáreas.
Otro asunto inquieta más. Muy decidido se ve el Gobierno con sus discursos encendidos de que no se dejarán de las extremas que resisten esta reforma agraria. Menos preparado parece para proteger efectivamente a quienes están en la primera fila de esta “revolución” de la que habla Santos con ligereza.
Porque aunque el presidente dice que ésta se hace sin fusiles, van 53 líderes reclamantes de tierras baleados. En Urabá, donde el propio Ministerio del Interior tiene protegidos a la tercera parte de los líderes que reclaman tierras, según un estudio del IPC, los asesinatos vienen inmediatamente después de las restituciones. En Cesar apareció el Grupo Armado Anti-restitución y en otros lugares hay vigilantes legales de empresas agroindustriales y de haciendas amedrentando campesinos que buscan ser restituidos. Una simple investigación de quiénes son los dueños de esas empresas de seguridad daría suficientes pruebas para revocarles sus licencias. Pero la voluntad no parece alcanzarles para meterse en esos berenjenales.
Ojalá que los datos ambiguos y la indolencia por los homicidios de los líderes no estén indicando que más que darles tierra a los desterrados, a Santos le importa modernizar y formalizar el campo, para hacer que los grandes capitales interesados en producción de alimentos y de agrocombustibles puedan invertir. Eso sería lo mismo que quería hacer Arias, pero con discursos bonitos. Ojalá que no.
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