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Francisco Torres, Secretario de Prensa Asedar
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Arauca, Febrero 21 de 2012
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Las masivas manifestaciones del pasado 16 de febrero demostraron muy a las claras que la comunidad educativa no se ha dejado engañar por la falsa gratuidad del Gobierno de Santos, entre otros asuntos que atañen a la educación pública.
Con la publicación de lo que le corresponde a las instituciones educativas se han aclarado aún más las cosas. Y es que el Gobierno hizo las cuentas con los alumnos del año pasado. Igual a como lo hace con los demás recursos, una vieja treta para que, mientras presiona cada año por más estudiantes, paga por los que terminaron el año anterior. Quedaron por fuera también los que no pudieron ser subidos al SIMAT, el burocrático tormento ideado para que el Estado no reconozca el valor de la educación de miles de niños–nadie sabe cuántos-. Como tampoco los de los cientos de colegios que no aparecen pese a haber enviado la documentación requerida. En resumen, por medio de diversas argucias técnicas se mezquina la limosna.
Para completar, operadores privados de educación –de los muchos que de las más variadas formas crecen como verdolaga en playa- demoran la liberación de los niños que ingresan a los establecimientos públicos.
Por otro lado, en el CONPES 146, el Gobierno modificó los ítems de lo que debe ser financiado por gratuidad, añadiéndole el mantenimiento de equipos y la edición de periódicos escolares. Y ante el escándalo suscitado por su pretensión de que se diera transporte y alimentación en jornadas extendidas –como lo establece en el Decreto 4807- con trescientos o cuatrocientos pesos diarios, la escondió en la elusiva expresión de “entre otros”. Pero el Decreto sigue vigente.
También fue modificado en el CONPES el inicial ofrecimiento de entregar $65.000 en primaria y $95.000 en secundaria, por una tabla que diferencia lo urbano de lo rural y el preescolar, la básica primaria y secundaria, la media y la media técnica. Muchas serán las cuentas a realizarse para saber si aumentaron o disminuyeron los escasos recursos de esa gratuidad de mentiras. Pero lo cierto es que en la zona urbana –donde vive el 75% de la población-, en la básica primaria –donde la proporción de estudiantes es mayor- bajó de $65.000 a $60.000 y en la básica secundaria urbana –donde junto con la básica primaria están la mayoría de los estudiantes- se redujo de $95.000 a $60.000.
Pero, se podría aducir, que a caballo regalado no se le mira el colmillo, que algo es algo. Pues bien, lo 525 mil millones de la gratuidad no salen –como se esperaría- de recursos del Presupuesto General de la Nación arbitrados por el Gobierno, sino del Sistema General de Participaciones, de la misma escasa platica que, cabe recordar, fue recortada en 2001 –con Santos de Ministro de Hacienda- y nuevamente trasquilada en 2007 –con Santos en el gabinete-. O sea, de apretar y recortar en otros rubros educativos –por ejemplo, el salario de los maestros, disminuido brutalmente con el 1278-. Del cuero salen las correas. Y con ello se hace la mayor demagogia posible.
Como tampoco es exacto que el presidente y su ministra en un arranque de inusitada generosidad y poderosa videncia hayan decidido lanzar la política de gratuidad. En realidad, la comunidad educativa viene luchando por ella hace más de una década y la Corte Constitucional, mediante sentencia C-376 de 2010, declaró la exequibilidad condicionada del Artículo 183 de la Ley 115: “la norma otorgada al Gobierno Nacional para regular cobros académicos en los establecimientos educativos estatales, no se aplica en el nivel de educación básica primaria, la cual es obligatoria y gratuita”. La gratuidad venía condicionada parcialmente por la Corte. Lo que no pudo prever la alta corte era que Santos redujera a la mínima expresión las consecuencias materiales de su decisión.
No terminemos sin tocar otro aspecto que toca la verdadera gratuidad: los recursos presupuestados para cubrir los costos de la educación: el per cápita con el cual se puso precio al estudiante como si fuera otra mercancía más. En el CONPES 146 dicho per cápita, distribuido en nueve grupos de entidades territoriales y un grupo adicional, es, como siempre, insuficiente e indignante ¿O acaso se supone que con un millón ciento quince mil pesos al año se puede educar a un estudiante de primaria en Armenia, Piedecuesta o Ibagué? ¿En Bogotá con un millón trescientos cuarenta y ocho mil pesos a un estudiante de secundaria? ¿En Florencia un millón ciento ochenta y siete mil alcanzarán para un niño de transición? ¿En la zona rural de Arauca, un millón doscientos siete mil para un niño de primaria?
Para colmo de males de esos escasos recursos se debe descontar el porcentaje para la administración que realizan departamentos y municipios certificados, que va de 8,5% a 10%, más otro 1% para gastos de administración como, por ejemplo, el proceso de modernización.
Y todavía tiene la desvergüenza el Gobierno de Santos de hablar de gratuidad y, además, de calidad.
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