24/07/2021

Contra el matoneo del dicho al hecho hay mucho trecho


Francisco Torres Montealegre, Bogotá, abril 14 de 2013

Colombia es un país de paradojas inauditas. Al mismo tiempo que se desarrolla un debate sobre las graves consecuencias del matoneo en las instituciones educativas y se expide una ley para prevenir y mitigar la violencia escolar, que no analiza las causas ni provee las condiciones materiales y educativas para lograrlo, el gobierno de Santos y de su inefable ministra de educación adelanta en la práctica una política que va en contravía de la lucha contra el matoneo escolar. Y, de contera, se dedica a desarrollar una “conducta negativa, metódica y sistemática” contra los maestros.
La ley establece la “creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. Pero cuál es ese sistema con el que se va a resolver la problemática. En primer lugar, establece una corresponsabilidad de la familia, los colegios, la sociedad y el Estado, tal como la contenida en la Constitución y que le ha servido a estos gobierno neoliberales para eximirse de sus obligaciones y transferirlas a los ciudadanos.
Se crea un Comité Nacional encabezado por la Ministra de Educación y toda la plana mayor del alto gobierno con su parafernalia de altos consejeros, de los que no se tiene noticia para que sirvan. No se da participación a los educadores. Para colmo de males la ley le da facultades al ministerio para promover la “implementación de los programas para el desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos…”, con lo que aviesamente se continua en la tarea de arrasar la autonomía educativa y de imponer los estándares y competencias, que tanto daño le vienen causando al carácter científico y democrático de la educación.
Queda el Ministerio revestido de todos los poderes para “producir y distribuir materiales educativos para identificar y utilizar pedagógicamente las situaciones de acoso escolar y violencia escolar”. Es decir, que también por medio de los textos el gobierno va a imponer su particular, antinacional y anticientífica visión de la realidad, violando la ley 115 que establece en su artículo 102 que “los textos escolares que se adquieran, deberán ser definidos de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional”. Definidos por la comunidad educativa y no por el Gobierno.
El Artículo 17 de la ley responsabiliza a las instituciones educativas, es decir, a docentes y directivos docentes, de “garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos”. Como se ve la institución educativa termina siendo la única responsable.
Ahora bien, yendo a la verdad y no a la palabrería oficial, qué condiciones puede haber cuando se redujo la orientación escolar a una sombra de sí misma. Una orientadora por cada institución educativa que tenga más de 800 estudiantes. Colegios con 3.000 estudiantes y una sola orientadora. Colegios en las zonas rurales, en áreas de conflicto, en barrios donde impera la miseria y la violencia, sin orientadora porque cargan el pecado de tener menos de 800 alumnos ¿Se puede tomar en serio en esas condiciones la política gubernamental contra el matoneo? Aulas atiborradas de estudiantes que son caldo de cultivo de actitudes violentas por el hacinamiento, la insalubridad y la exasperación de la incomodidad. Escuelas y colegios que más parecen cárceles, sin áreas de recreación, derruidos por cuenta de la vil tacañería del gobierno para con los niños.
Profesores perseguidos por el Estado, agobiados por jornadas laborales extenuantes que causan graves y en muchas ocasiones irreparables daños a su salud física y mental, sin servicio médico adecuado, sometidos al escarnio público por un gobierno que para eximirse de responsabilidades ha impuesto evaluaciones de competencias para negarles mejoras salariales y, al mismo tiempo, ridiculizarlos y perseguirlos. Instituciones llevadas a la miseria por la falta de recursos. Niños sin transporte ni alimentación escolar o, en el mejor de los casos, con unos pequeños refuerzos alimenticios y empacados al vacío en un viejo bus.
Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice la sabiduría popular. Y en esto de la lucha contra el matoneo sí que hay un trecho inmenso que se quiere ocultar con propaganda. Adicionalmente se usa un justo reclamo de estudiantes y padres de familia como un medio para ahondar el desastre que ha causado Santos y compañía a la educación colombiana.

1 comentario en «Contra el matoneo del dicho al hecho hay mucho trecho»

  1. realidad tangible,medible,y deshumanizada,en todo el territorio nacional,en donde no lo exploran los medios masivos de comunicación, sino que hacen bum de los anuncios gubernamentales o de las políticas inmediatista.

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