02/08/2021

Colegios concesionados

Francisco Torres

Secretario de Prensa de ASEDAR, Arauca

septiembre 17 de 2012

Ahora que por arte y magia de la propaganda neoliberal del doctor Santos la educación pública es sinónimo de mala calidad y su administración, de corrupción, bueno es que analicemos la educación privatizada a ver si ella sí es, como lo pregonan, en comparación, una fortaleza de buena calidad y trasparencia.
Los contratos que diferentes gobernaciones y alcaldías han hecho con empresas privadas para entregarles colegios en concesión nos pueden dar pruebas de lo que está pasando.
En cuanto a calidad, por ejemplo, el municipio de Villavicencio construyó para entregar al Colegio privado Alafas del Norte Limitada, una infraestructura física educativa debidamente dotada, denominada La Reliquia, Sector La Unión, en la cual deben estudiar 1.440 alumnos. Para ello el municipio entregó 36 aulas. Es decir, que en cada salón de clase debe haber 40 estudiantes. Y si en prescolar se tienen menos alumnos por salón es porque se aumentan en la primaria. Me preguntó si con ese número de niños por grupo escolar se puede garantizar una educación de alta calidad.
Si bien en los espacios se establece una ludoteca, dos aulas polivalentes, biblioteca, laboratorios de ciencias e integrado, aula de informática y aula múltiple, no se prevé construcción alguna de talleres, ni en los valores a pagar por el servicio educativo se diferencia la secundaria de la media con lo cual se evidencia claramente que no se ha pensado siquiera en darle al colegio maestros para atender la técnica. Y como un chiste flojo se define en el contrato lo que debe ser la Educación Media Técnica, “lo más avanzado de la ciencia y la técnica”, sí, lo más avanzado, pero en el papel. Moraleja, en la educación concesionada no hay lugar para una verdadera media técnica ¿será esa la educación que se necesita para el desarrollo del país?
En lo atinente a lo que hoy en día se llama, con más pompa que verdad, trasparencia, es menester hacer comparaciones, así las comparaciones sean odiosas.
Primera comparación. Mientras a la educación pública se le giran los recursos mes por mes en doceavas partes, en contratos como el arriba mencionado, a los colegios concesionados, en los primeros quince días de febrero se le paga el 40%, en la segunda quincena de julio el 30% y en la primera quincena de noviembre el 30% restante. No hay duda de a quien el Estado le adelanta generosamente los dineros y a quien se los vive tacañeando.
Segunda comparación. En la educación pública las deserciones de estudiantes se persiguen con saña ordenando el Gobierno el cierre de grupos escolares, la salida de maestros y la disminución de los recursos para el año siguiente. En los contratos de los colegios concesionados se les pagan los alumnos desertados cuando no se supere el 2,5%, con lo cual un colegio de 1.440 puede recibir el dinero de hasta 36 estudiantes que ya no están. Lo cual nos lleva a la inevitable conclusión de que por medio de la contratación se han legalizado los alumnos fantasmas para beneficio de los contratistas.
El municipio o departamento que firme el contrato se ve obligado, año tras año, a suministrar la matrícula necesaria para prescolar. Además, garantiza que “si no se puede encontrar en el vecindario de cada infraestructura concesionada (un kilómetro a la redonda) el número de alumnos de estratos 1 y 2 ó de nivel del Sisben 1, 2 y 3 establecido para ser atendidos en cada vigencia, presentará cada año, los alumnos necesarios para completar la población”. Suculento y sin pierde el contrato para quien tiene la buena suerte de ganárselo. Le dan el colegio, se lo dotan y le garantizan los alumnos. Y si no se los llevan puede pasar lo de las autopistas en concesión, que cobran por los carros que no pasan. Y este fabuloso negocio asegurado por doce años.
Y de coletilla veamos un aspecto que los tecnócratas neoliberales no gustan de considerar: la situación laboral de los docentes y administrativos. Lo primero que en ese terreno se establece en el contrato es que entre el Estado y el trabajador “no existirá vínculo laboral, civil, comercial, legal o reglamentario alguno”. En cuanto a sus derechos simplemente se les aplicará el Código Sustantivo del Trabajo, porque en el sector privado no hay estatuto docente. Y se les pagará conforme lo establezcan sus contratos de trabajo. No hay que ser un mago para entender que los salarios, en esas condiciones, serán reducidos, como efectivamente ha sucedido, a niveles lo más bajo posible. Sobra hacerse la pregunta de a quien beneficia esta situación.
En resumen, la propaganda oficial de que privatizando sí hay mejora en la calidad y transparencia diáfana –la publicitada urna de cristal de Santos-, no pasa de ser un muy orejón conejo que engorda feliz.

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