04/08/2021

Carta a El Tiempo: Sobre la crisis de la educación pública colombiana

María Antonieta Cano, Bogotá, junio 10 de 2012

Señor
ROBERTO POMBO
DIRECTOR EL TIEMPO
Como docente adscrita a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, quiero referirme a la columna de Jorge Orlando Melo, publicada por El Tiempo el 6 de junio de 2012. En el marco de su análisis, el doctor Melo no tiene presente que el origen de la crisis de la educación pública colombiana está en el recorte de las dos reformas constitucionales a las transferencias, aprobadas en 2001 y 2007. Con éstas se le ha quitado a la educación de los colombianos 35 billones de pesos en la última década. Son recortes muy sentidos por estudiantes, padres de familia y docentes que se ven reflejados en el hacinamiento de estudiantes en las aulas con grupos que oscilan entre 35 y 50 alumnos¸ en la reducción de las plantas de personal docente y administrativo como consecuencia de la fusión de establecimientos educativos y cursos, pues de 45.000 colegios públicos en 2001 se ha pasado a 14.000 en 2011. Ha sido aumentada la asignación académica, pues de 22 períodos de clase a la semana se pretende imponer 24 periodos, lo que a nivel nacional significará la desaparición de cerca de 18.000 cargos docentes, sumados a los 33 mil que se perdieron como consecuencia de la aplicación de los decretos 3020 y 1850. Desapareció la educación preescolar en los tres grados, gratuitos y obligatorios que debería haber: pre jardín, jardín y transición y se han deteriorado hasta el extremo las condiciones de las infraestructuras escolares.
En segundo término, el doctor Melo señala: “Como los maestros están mal preparados, hace años que el Gobierno les da más y más cursos extras.” La afirmación no concuerda con la realidad. Los docentes somos responsables de nuestra formación académica en materia de posgrados, maestrías y doctorados. Además, el Decreto 1278, el “Estatuto Docente” para los educadores jóvenes, aplica un muy mal régimen laboral, injusto frente a los ascensos, impone pésimos salarios, no reconoce derechos prestacionales y anula en la práctica la estabilidad laboral. Sin maestros con un correcto régimen laboral, no es posible una educación de buena calidad.
Y por último, dice el doctor Melo que la decisión de la Alcaldía de Bogotá de ampliar horarios en algunos colegios, lo que no es la jornada única prometida en campaña por el alcalde Petro y establecida en la Ley, “es de indiscutible sensatez”. También me permito discrepar. La Alcaldía no hace las cosas como deberían ser. Hay que decir: 1. Ningún maestro tiene dudas sobre las bondades del restablecimiento de una sola jornada escolar diurna; 2. Para aplicar la jornada única en Bogotá, como lo ordena la Ley General, se requiere aumentar la infraestructura, la planta de personal docente y administrativo y la destinación presupuestal para que la educación sea financiada y administrada directamente por el Estado; 3. La forma que le da el Plan Distrital de Desarrollo a la Jornada Única desdibuja esta legítima aspiración de los maestros, pues no elimina la doble jornada sino que la extiende a 40 horas efectivas semanales; 4. Los estudiantes deberán migrar a parques, sedes culturales, museos, entre otros, dado que, la infraestructura actual es insuficiente para cubrir a toda la población estudiantil; 6. Se demuestra una vez más la total improvisación e insuficiencia del gobierno distrital.
Todos, requisitos para que la medida avance por el camino correcto y no por el de la mercantilización de la educación y consagre al fin la educación como un derecho para todos los colombianos.
Opino que el doctor Melo comete una serie de imprecisiones, las cuales un académico de su peso debería revisar.


Atentamente,


María Antonieta Cano
Docente de Bogotá

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