02/08/2021

Auditoría de matrículas

Francisco Torres

Secretario de Prensa de ASEDAR –  Arauca

septiembre 3 de 2012

Contratada con una firma privada por el Ministerio de Educación avanza a todo vapor –otra locomotora- el denominado “Sistema de información para la auditoría de matrículas, planta docente y matrícula contratada”, interminable nombre para una refinada herramienta de represión y coerción.
Y digo que es una herramienta de represión porque, para empezar por el final, los rectores sólo tienen dos días para ejercer el derecho a réplica sobre los hallazgos efectuados en la visita. Dos días, cuando en los procedimientos administrativos públicos se cuenta con tres o cinco días para defenderse. Este sistema de auditoría parece una ejecución sumaria. Pero para eso sirve la privatización, entre otras cosas, para juzgar a los servidores públicos como si no lo fueran.
No se trata exclusivamente de averiguar si existen o no los estudiantes, operación taimadamente realizada en una época del año cuando la deserción ha golpeado la matrícula. A ello se añade la verificación de los docentes, cuya permanencia se decidirá por la de los estudiantes. También se mide el futuro, porque es evidente que con el ajuste –reducción- de grupos escolares en un momento en que necesariamente se ha reducido el alumnado, se diseña una oferta educativa insuficiente para el siguiente año, generando con ello barreras para el ingreso a la educación pública y, en cambio, posibilidades para la privatización de la educación. Y todo ello se justificará con el hallazgo de algunas diferencias en las matrículas, una letra en un nombre, un dígito en una tarjeta de identidad.
En cuanto a las legiones de alumnos fantasmas que hay en el sector privatizado y que denunció la revista SEMANA ¿Se sacará de ello alguna conclusión acertada como la de que la introducción de intermediarios genera corrupción, despilfarro y enriquecimiento de unos pocos? Se podría asegurar que no. No son esas respuestas las que interesan a quienes se han dedicado a privatizar.
¿Se preguntará en las auditorías por las causas de la deserción de los estudiantes y del hacinamiento en los salones? ¿Habrá alguna averiguación sobre cómo están los salones, los baños, las bibliotecas, los laboratorios? ¿La eficiente firma privada tendrá entre sus funciones inquirir si las zonas de recreación son suficientes, si hay riesgo de que se caigan las paredes, si el encerramiento de la escuela o colegio se ha deteriorado y por sus huecos entran personas indeseables? ¿Habrá alimentación y transporte o, por el contrario, aguantarán hambre y sufrirán extensas caminatas los estudiantes? Cuántas preguntas sin respuestas sobre las condiciones de la educación de millones de niños y jóvenes.
Es que no hay interés por parte del Gobierno del presidente Santos sobre por qué Juan, Arturo y Carolina dejaron de asistir a las aulas y no estuvieron el día en que pasó la cuchilla de la auditoría. Mucho menos por si en verdad hay alguna posibilidad de dotaciones para recibir una educación científica. Ni, tampoco, las razones por las cuales se han disparado las enfermedades mentales, del aparato fonador, las causadas por los movimientos repetitivos entre los maestros.
¿Habrá alguna encuesta de cuántos maestros deben barrer, trapear, hacer el mantenimiento de las escuelas y preparar algo de alimentos a sus estudiantes? Esas preguntas jamás tendrán su encuesta. Y luego, cuando muchos de ellos se enferman, apenas, irónicamente, se les dará la mala noticia de que las dolencias que adquirieron no son enfermedades profesionales ¿Acaso los contrataron para servicios generales?
Estas auditorías de matrículas, cruzada de persecución, se convierten en un nuevo propósito de protesta de la comunidad educativa que 4 y 5 de septiembre renuevan su cita con la movilización en las calles de Colombia.

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