La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) tiene un propósito claro en el Plan de Acción del 2012: sacar adelante un Referendo que Garantice el Derecho a la Educación Pública desde el Preescolar hasta la Universidad, incluyendo Educación Técnica, Tecnológica y Normalista Superior. La educación pública debe ser financiada enteramente por el Estado sin intermediaciones y, para ello, es necesaria la asignación del 7% del PIB nacional exclusivamente para cobertura en educación.
A pesar de ser un deber Constitucional, el Estado ha buscado la manera de librarse de esa responsabilidad para con el Pueblo. La estrategia a la que ha recurrido resulta casi cínica. Año tras año da una nueva vuelta de tuerca para asfixiar el presupuesto educativo del sector hasta sofocarlo. Hace años que las políticas nacionales no invierten en la construcción de nuevos colegios y ni siquiera en el mantenimiento de los que existen.
Mientras los recursos no aparecen, se implementan medidas de formación que imprimen mayores exigencias a los docentes. Pretende el Gobierno que el educador permanezca más tiempo al interior de la institución, pero olvida que realizar los exámenes y evaluarlos posteriormente, preparar las clases, hacer seguimiento a los estudiantes o llevar controles de disciplina son actividades, por nombrar sólo algunos compromisos, se salen del horario de la jornada laboral escolar. Pese a ello, el educador siempre destina tiempo, incluso para formación profesional.
A la vez, el Estado se ha encargado de montarle la competencia al mismo sector público. La entrega de megacolegios por concesión o los bancos de oferentes aparecen como la panacea. A los padres de familia les suena encantador que les den educación a sus niños en imponentes estructuras y que les regalen desde lápices hasta uniformes.
La movida más reciente es la gratuidad de la educación. El Gobierno Santos se aplaude a sí mismo con esta decisión y FECODE reafirma que está a favor de la gratuidad. Lo que no dicen ni el Presidente ni la Ministra de Educación es que están aportando solamente 65.000 pesos por alumno matriculado en primaria y 90.000 pesos en bachillerato. Con estos recursos, el Estado no está cumpliendo con los costos de útiles, servicios generales y demás gastos de las instituciones. Ahora los rectores no saben de dónde financiar estas necesidades urgentes de sus planteles.
La Federación Colombiana de Educadores asume su compromiso con la educación pública del país, exige una educación pública gratuita, obligatoria y de calidad, prestada directamente por el Estado. Encauzará una lucha social, para que como mínimo el 7% del PIB de Colombia sea asignado exclusivamente para financiar la educación pública.
Durante este proceso, FECODE liderará el debate nacional alrededor de la propuesta. Es indispensable que los colombianos y colombianas comprendan que la estrategia de privatización de la educación del Gobierno conduce a que si no se cuenta con el dinero será imposible acceder a una educación de calidad; de las universidades y carreras técnicas saldrán profesionales mediocres que difícilmente podrán acceder a un trabajo digno. La política no la construyen exclusivamente los Gobiernos, nace a partir de las necesidades del Pueblo, y está en los ciudadanos el compromiso de dirigir el camino de sus Estados. En estos momentos, la propuesta de FECODE apunta a que una firma o la marca en un tarjetón pueda asegurar que uno(a) y muchos(as) más niños(as) tenga seguro un futuro digno.
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