02/08/2021

Sobre la oposición y el ’canguro’

Eduardo Posada Carbó, El Tiempo, Bogotá, febrero 10 de 2011

El artículo 47 de la Ley 190 del 2010 es una seria amenaza contra la democracia representativa.

Es lo que llaman “artículos canguro”. Y se llaman así, según el Registrador, porque aparecen a saltos, sin cumplir con las etapas debidas durante el proceso de aprobación de leyes en el Congreso.

Uno de esos “canguros” apareció de sorpresa en la recién aprobada “reforma política”, dizque para depurar el censo electoral. Hasta ahora, pocos han levantado la voz contra la medida. En protesta, los dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA) se retiraron de la mesa negociadora del estatuto de oposición. Tendríamos que protestar todos los ciudadanos.

No hay que ser de la oposición para oponerse al artículo “canguro” -el 47 de la Ley 190 del 2010-, que sacará del censo electoral a 15 millones de personas. De un plumazo, la medida les niega la posibilidad de votar a quienes no participaron en las últimas elecciones, a menos que vuelvan a registrarse.

Hay fuertes razones para protestar contra esta ’cangurada’: constitucionales y filosóficas, políticas y prácticas -todas expuestas con lucidez por Carlos Ariel Sánchez, el registrador, en entrevista con Cecilia Orozco-.

Comencemos por reconocer la importancia del asunto. No se trata aquí de materia marginal. Cualquier legislación sobre las elecciones afecta de una u otra forma la calidad de quienes representarán a los votantes -la definición misma de la democracia-.

Esta ’cangurada’ sobre el censo electoral viola normas del proceso legislativo y atenta contra el principio de transparencia que debe acompañar la aprobación de las leyes. Más aún, si su forma está viciada, su contenido es además inconstitucional.

Al excluir del censo a quienes no hayan votado en las últimas elecciones, se estaría castigando a los abstencionistas. El voto entre nosotros no es obligatorio. Es un derecho, de ejercicio voluntario. Lo ha sido así casi desde los orígenes de la república, una tradición de la democracia liberal colombiana que es preciso defender.

Adicionalmente, al excluir del censo electoral a quienes no votaron en las últimas elecciones se estaría discriminando, en particular, al partido que decidió abstenerse en aquellas contiendas: al PDA. Tal medida tendría sabor de persecución política contra la oposición. Afectaría la legitimidad democrática, ante ojos internos y externos. Dicha ’cangurada’ no podía ser más inoportuna, en momentos en que se discute -en una negociación ya prolongada- el estatuto de la oposición.

Hay más: al reducirse tan drásticamente el censo electoral se estaría bajando el umbral para la validez de cualquier referendo. Quedaría así debilitada una de las barreras constitucionales contra los posibles abusos de la democracia participativa.

Por si faltaran razones, estamos frente a una medida poco práctica (excepto para las malas prácticas de la política). Como el Registrador advirtió, no habría tiempo ni recursos para volver a inscribir en el censo a tanta gente antes de las elecciones de octubre.

Los defensores de la medida argumentan que es necesario depurar el censo y que se reduciría así el abstencionismo. Este último es un argumento falso e iluso. Unos 27 millones de colombianos hemos renovado la cédula: esta y no otra sería la cifra para estimar el abstencionismo. Con buen sentido, el Registrador sugiere que estas nuevas cédulas deberían ser la base de la depuración del censo electoral (hay casi 30 millones inscritas en el censo).

La ’cangurada’ no solo afectaría al PDA. Esta medida favorecería el malabarismo electoral, a quienes recurren a toda clase de maniobras para distorsionar el proceso democrático.

Es, pues, una seria amenaza contra la democracia representativa. La sociedad civil, incluida la opinión pública, se ha demorado en levantar su voz de protesta.

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