El proyecto de presupuesto general de la nación para el año 2025 presentado al Congreso de la República por el gobierno de Gustavo Petro fue tasado en 523 billones de pesos, el desglose general es de 327,6 billones para gastos de funcionamiento (62,7%), 112,6 billones para servicio de la deuda (21,5%) y 82,5 billones para inversión (15,8%). Dos problemas enormes se evidencian de inmediato, uno tiene que ver de donde va a salir la plata para financiar el monto del PGN, habida cuenta de las dificultades manifiestas de acuerdo a las cifras de entidades como el DANE del estado de crisis económica y desmoronamiento de los sectores claves en la producción de riquezas en Colombia en lo que va corrido en los dos años de gobierno. El segundo reside en las definiciones sobre gastos de funcionamiento e inversión, que apuntan a cosas muy distintas a la reactivación de la economía y la inversión en sectores que generen puestos de trabajo y contribuyan a morigerar el creciente desempleo e informalidad.
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Distintas voces se han expresado advirtiendo la desfinanciación del presupuesto 2025, algo que ya pasó con el presupuesto 2024. Por ejemplo, el ministro de hacienda señala que la nueva reforma tributaria asegurará el ingreso de 12 billones, afirmación que se pone en duda por depender de un proyecto de ley y de condiciones económicas de estancamiento, lo cual, sumado a la inseguridad del recaudo tributario por la crisis económica no garantiza tener el dinero para la ejecución de dicho presupuesto. Ante esta situación, se vaticina una bomba fiscal de gran tamaño, que induce a muchos economistas aconsejar reducir en más de 20 billones el presupuesto 2025.
Las cifras del desempleo en el mes de junio muestran la perdida de 333.000 puestos de trabajo en los sectores de la construcción, comercio y sector público (que aportan el 50% del empleo en el país), lo que eleva a 2.600.00 personas sin empleo de los 40 millones en edad de trabajar; sumado a lo anterior, la informalidad pasó de 55,17% al 56%, lo cual debe de manera urgente ser atendido por el gobierno y tomar medidas de choque que permitan disminuir estas preocupantes cifras, es necesario un plan de empleo público y un estímulo estatal a la producción de las empresas grandes, medianas y pequeñas en el sector industrial y agropecuario que en vez de cerrarse por quiebra, generen nuevos puestos de trabajo en condiciones dignas. Después de dos años han brillado por su ausencia políticas que generen trabajo y promuevan las empresas y la producción nacional. Se necesita enfatizar en el presupuesto 2025 la inversión productiva, y no la reducción de este rubro, que pasa de 99 billones en 2024 a 82,4 billones, son 16,6 billones menos para inversión en 2025.
Además, la avalancha de productos importados golpea enormemente la producción nacional a causa de los nefastos TLC, generando quiebra de empresas y desalojo de mano de obra nativa. El panorama económico y laboral es desolador, dos años transcurridos sin mejoría; si no hay variación en las políticas que enfrenten la crisis, vendrán dos años de penurias y angustias, “Sin plata y sin empleo”.
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