Winston Petro Barrios, Fiscal Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, Bogotá, enero 27 de 2014
El decadente espectáculo de cada fin de año alrededor del incremento del salario mínimo, a cargo de la ostentosa Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, terminó mucho peor de lo esperado por los trabajadores. Y, pese a la ocurrencia de otros hechos trascendentes en la agonía de 2013, como la incalificable destitución de Gustavo Petro, el acuerdo entre el Gobierno, los patronos y las centrales CGT y CTC, por sus implicaciones económicas y políticas, desató encontrados juicios y opiniones. Lo dado, ratifica la cuesta abajo de los salarios, y debe permitir la reflexión sobre la distancia entre las direcciones sindicales y los condenados al ’mínimo’, la segmentación de los trabajadores de acuerdo con la creación de los regímenes de transición y el quiebre generacional. Los estragos ideológicos sufridos por las filas obreras, que han mermado la resistencia a la Apertura imperialista, a los TLC y a las políticas de los gobiernos, se revelan devastadoramente, mereciendo también un examen crítico sin vacilaciones.
Alrededor del incremento de la remuneración en 4,5%, para cerca de 1.273.000 trabajadores, debió promoverse la denuncia sobre el escandaloso descenso de los costos laborales y sus causas, y de acuerdo con ello, exigir una restitución importante del poder adquisitivo de los asalariados. Por lo menos, ese fue el papel atribuido por el Comité Ejecutivo de la CUT a sus delegados en la Comisión. Y, se quisiera o no, el movimiento sindical tenía que aclarar si en su seno se gestaba una réplica de la Unidad Nacional que respalda la pretensión reeleccionista de Juan Manuel Santos.
El primero en expresar su beneplácito por el avenimiento fue Santos –comprensiblemente, pues había atado otro cabo en su propósito reeleccionista–, aunque anotó que la dicha no era completa porque un sector de la CUT, obedeciendo a su firme oposición al Gobierno, no lo había firmado. Así, se creó la impresión de que la Central más importante del país, salvo algunos “radicales”, estaba a bordo de la tramoya configurada con la complicidad de la CTC y la CGT. Luis Alejandro Pedraza, entonces, apuró una declaración en la cual aclaró que la CUT, por definición democrática de su Comité Ejecutivo, no firmaba acuerdo alguno por debajo de lo definido en esa instancia y que lo transado en la Mesa «no alcanzaba siquiera para una bolsa de leche». La polémica pareció quedar en sus debidas proporciones, pues nadie ignora la naturaleza cada vez más distanciada de los intereses obreros de la CGT y de su proclividad al gobierno norteamericano (el embajador gringo es invitado especial a los congresos de esa organización, al lado del Presidente y del Vicepresidente de Colombia; muchos de sus dirigentes viajan a Washington a solicitar trámites expeditos para la aplicación de los TLC, no se cansan de alabar el acuerdo Obama-Santos, el contrato sindical cuenta con su promoción abierta o embozada, entre otras perlas).
Pero, como para no permitir que Santos se revalidara como el contumaz mentiroso que es, el 30 de diciembre apareció un pronunciamiento del autodenominado sector democrático de la CUT, firmado por cuatro de sus integrantes, exaltando el acuerdo y enumerando sus componentes: formalización laboral –la demagogia de siempre-, una confusa exoneración a los pensionados del pago de 8% en salud y una convocatoria de la Subcomisión del Sector Público para revisar los incrementos de los servidores del Estado. Es muy relevante destacar que quienes hacen parte de esta expresión sindical en la CUT, hace rato definieron su respaldo a la aspiración reeleccionista de Santos sin ningún tapujo y con mayor claridad que la CGT y CTC (1).
En ese lapso de festejos y navidad aparecieron las opiniones de los defensores del establecimiento, todos colmados de favores por el Ejecutivo, incluidos los gremios, prestando sus lomos al «triunfo» del Gobierno y celebrando con algazara la manipulada disminución del desempleo, el crecimiento económico de 4% (según la Cepal), por encima de la vecindad latinoamericana, sin echar de ver el crecimiento de la deuda externa a casi U$ 100.000 millones -que se incrementará por la mayor dependencia de la economía del crédito externo-, las tergiversaciones de las cuentas y el ininterrumpido decaimiento industrial. En altivo contraste con lo anterior, a las iras expresadas por los trabajadores y gentes del común, se sumaron las voces de Clara López, Jorge Robledo, Iván Cepeda, el semanario Voz, César Luque y diversos analistas y medios de talante democrático, todos tildando con vehemencia el aumento como ruin y ajustado a las ambiciones de los oligopolios y del reeleccionismo.
Recordemos –sin precisiones exhaustivas– que la fijación del salario mínimo fue el resultado de la admisión por parte del Estado colombiano de la normativa laboral adquirida por el proletariado europeo, con sus fuerzas y protestas desencadenadas contra las burguesías, en las postrimerías del siglo XIX. Como siempre, lo alcanzado por la resistencia de los trabajadores ante la explotación en los países de desarrollo capitalista se reconoció en nuestro medio con un retardo de varios decenios –otro de los tantos hechos que explica nuestro enorme atraso y demuestra la rapacidad de las clases opresoras que han controlado los destinos de la nación–. Luego de la creación de la Ley 6 de 1945, los criterios para imponer la paga mínima, por parte de los gobiernos, tuvieron modificaciones formales, hasta que bajo el embeleso suscitado por la Constitución y el ’Estado Social de Derecho’, y atendiendo las ingeniosas recomendaciones de la misiones asesoras norteamericanas, se crearon las Comisiones Permanentes, con las cuales los reclamantes se hacen aparecer como coautores de las tropelías contra sus representados, sin que algunas migajas y reconocimientos dejen de aparecerles.
Con la apertura económica, los trabajadores perdieron sus conquistas casi centenarias, sufriendo el hierro de la renovada dominación norteamericana. Con una fórmula inescrupulosa pero efectiva, se dividió a los afectados: la Ley 50 dispuso dos regímenes de cesantías, dejando el peso del desmonte a los que ingresaran a las lides productivas después del 1° de enero de 1991, sofrenando la indignación de los ya vinculados; la Ley 100 estableció regímenes de transición, con igual propósito; los maestros fueron clasificados también en dos opuestos estatutos laborales y con el 1278 emergió un nuevo magisterio sin garantías para el mejoramiento económico y su capacitación científica. En las pocas convenciones colectivas existentes se produjeron, por fuerza de las embestidas gubernamentales y de la debilidad sindical, modificaciones que diferenciaban a unos y otros sectores de beneficiarios. Todo esto impregnó la actitud de muchos sectores sindicales vinculados a las generaciones “protegidas” que, sin exponer su futuro económico, sucumbieron ideológicamente bajo la guía de los Garzones, y se aferraron a las tesis, –traídas de los contornos del FMI y de sus “tanques de pensamiento”–, de los planes alternativos, cuya médula es el abandono de la confrontación de las políticas imperialistas adversas a la nación y a los trabajadores. Lucho y Angelino, actuando como abiertos brigadistas antimotines del Gobierno, ahora hacen menos daño que el que le infligieron, casi irreparablemente, a la causa de los obreros; por supuesto, esta aseveración es discutible, porque no sabemos a cuántos males coadyuvarán en el futuro.
El mayor obstáculo que tienen los miles y miles de trabajadores que «viven para no morir», es el de la carencia de organización, pues tanto los del mínimo sueldo, como aquella masa que devenga menos de $ 204.000 mensuales –esta última, constitutiva de 32% de la fuerza laboral- no están representados por las Centrales Obreras (la tasa de sindicalización es de apenas 4%), y encarna el sector más desprotegido y numeroso del proletariado colombiano. Por eso, no se rompe una lanza por ellos en la víspera de las conversaciones, ni se asume la elemental tarea propagandística de “poner los gritos en los cielos” para convocar las solidaridades del pueblo, como tampoco se propone un período distinto al decembrino para su trámite.
Tal vez los encomiables y contundentes estudios, que precisan las desgracias que padecen los asalariados -en contraposición con las ganancias acumuladas por los oligopolios foráneos y nacionales-, a cargo de desvelados economistas amigos de los trabajadores, como César Giraldo y Aurelio Suárez, sea lo único que les depare alguna satisfacción a los esclavos del atraso en estas controversias, en la medida que apuntalan sus exigencias democráticas, pues el evento que cierra el año de angustias adquiere una confrontación protocolaria, sin una fuerza social movilizada que haga valer sus elementales reivindicaciones, para terminar con la renovación del desvalijamiento obrero.
La realidad económica en la que se encuentran los trabajadores es insoportable: el poder de compra ha caído en 50%; menos de dos salarios mínimos aforan a más de 75% de la masa laboral formalizada; la intermediación, incluidos los contratos sindicales, representa alrededor de 65% del espectro laboral reconocido por las estadísticas oficiales; a pesar de lo inexacta, la medición de la canasta familiar confirma la imposibilidad de la reposición de fuerzas para un trabajador con salario mínimo, en tanto que el denominado “círculo infernal” de las alzas postdecembrinas engulle de tajo el mísero incremento. La inflación, tasada en 1,94%, pone límites a las reclamaciones económicas y, basados en ella, los doctos analistas al servicio de las fuerzas retardatarias (lo mismo que hace 200 años), advierten que no podrán crearse empleos si las remuneraciones dejan de ser miserables, pero su mutismo es desconcertante frente a las ganancias de los todopoderosos.
La tendencia mundial señala la configuración de un polo de riqueza, menos numeroso, pero más rico cada vez, lo que en Colombia se revela con la comprobación de una élite casi mágica, integrada por 625 personajes que, según Portafolio, detentan la friolera de US$ 80.000 millones. La reforma tributaria les deparó a los empresarios y trasnacionales ventajas infinitas y exenciones billonarias, entre ellas, la anulación de los pagos parafiscales por concepto de los trabajadores de remuneración inferior a diez salarios mínimos, lo que les concede 13,5% de “ahorro” al establecer menos 2% para la financiación del Sena, menos 3% para el sostenimiento del Icbf y menos 8,5% para el régimen de salud (moñona contra los sectores populares). Esta no es la desigualdad, ni la inequidad invocada en el glosario de moda, es apenas la forma de la explotación imperialista que no morigerará en la medida en que las naciones sometidas sean capaces de soportarla y admitirla como un mal natural.
A la CUT le corresponde afanarse en la revisión del esfuerzo orientado a todos los sectores de trabajadores con la finalidad de configurar un ánimo de organización capaz de enfrentar la política de los gobiernos y de rescatar la tradición democrática, antimperialista y revolucionaria de la clase obrera. En la Colombia de hoy, retrotraída al esquema colonial minero-exportador y sometida al redoblamiento del sojuzgamiento foráneo, el listado de las movilizaciones de las clases y sectores sociales contra el enervante estado de cosas es casi infinito; su progresión será mayor, así haya quienes intenten rendirlas ante el gobierno. Los trabajadores incrementarán sus reclamaciones y se unirán en torno de una guía política correcta y de las organizaciones sindicales que interpreten sus intereses con empeño y claridad. Que Santos, el mejor agente de los gringos, no cuente con el respaldo sindical será una forma de vislumbrar un futuro menos aciago para Colombia y los oprimidos.
Notas:
(1) Editorial La Bagatela, noviembre 1 de 2013, Definiciones del congreso del Partido Liberal.
Alrededor del incremento de la remuneración en 4,5%, para cerca de 1.273.000 trabajadores, debió promoverse la denuncia sobre el escandaloso descenso de los costos laborales y sus causas, y de acuerdo con ello, exigir una restitución importante del poder adquisitivo de los asalariados. Por lo menos, ese fue el papel atribuido por el Comité Ejecutivo de la CUT a sus delegados en la Comisión. Y, se quisiera o no, el movimiento sindical tenía que aclarar si en su seno se gestaba una réplica de la Unidad Nacional que respalda la pretensión reeleccionista de Juan Manuel Santos.
El primero en expresar su beneplácito por el avenimiento fue Santos –comprensiblemente, pues había atado otro cabo en su propósito reeleccionista–, aunque anotó que la dicha no era completa porque un sector de la CUT, obedeciendo a su firme oposición al Gobierno, no lo había firmado. Así, se creó la impresión de que la Central más importante del país, salvo algunos “radicales”, estaba a bordo de la tramoya configurada con la complicidad de la CTC y la CGT. Luis Alejandro Pedraza, entonces, apuró una declaración en la cual aclaró que la CUT, por definición democrática de su Comité Ejecutivo, no firmaba acuerdo alguno por debajo de lo definido en esa instancia y que lo transado en la Mesa «no alcanzaba siquiera para una bolsa de leche». La polémica pareció quedar en sus debidas proporciones, pues nadie ignora la naturaleza cada vez más distanciada de los intereses obreros de la CGT y de su proclividad al gobierno norteamericano (el embajador gringo es invitado especial a los congresos de esa organización, al lado del Presidente y del Vicepresidente de Colombia; muchos de sus dirigentes viajan a Washington a solicitar trámites expeditos para la aplicación de los TLC, no se cansan de alabar el acuerdo Obama-Santos, el contrato sindical cuenta con su promoción abierta o embozada, entre otras perlas).
Pero, como para no permitir que Santos se revalidara como el contumaz mentiroso que es, el 30 de diciembre apareció un pronunciamiento del autodenominado sector democrático de la CUT, firmado por cuatro de sus integrantes, exaltando el acuerdo y enumerando sus componentes: formalización laboral –la demagogia de siempre-, una confusa exoneración a los pensionados del pago de 8% en salud y una convocatoria de la Subcomisión del Sector Público para revisar los incrementos de los servidores del Estado. Es muy relevante destacar que quienes hacen parte de esta expresión sindical en la CUT, hace rato definieron su respaldo a la aspiración reeleccionista de Santos sin ningún tapujo y con mayor claridad que la CGT y CTC (1).
En ese lapso de festejos y navidad aparecieron las opiniones de los defensores del establecimiento, todos colmados de favores por el Ejecutivo, incluidos los gremios, prestando sus lomos al «triunfo» del Gobierno y celebrando con algazara la manipulada disminución del desempleo, el crecimiento económico de 4% (según la Cepal), por encima de la vecindad latinoamericana, sin echar de ver el crecimiento de la deuda externa a casi U$ 100.000 millones -que se incrementará por la mayor dependencia de la economía del crédito externo-, las tergiversaciones de las cuentas y el ininterrumpido decaimiento industrial. En altivo contraste con lo anterior, a las iras expresadas por los trabajadores y gentes del común, se sumaron las voces de Clara López, Jorge Robledo, Iván Cepeda, el semanario Voz, César Luque y diversos analistas y medios de talante democrático, todos tildando con vehemencia el aumento como ruin y ajustado a las ambiciones de los oligopolios y del reeleccionismo.
Recordemos –sin precisiones exhaustivas– que la fijación del salario mínimo fue el resultado de la admisión por parte del Estado colombiano de la normativa laboral adquirida por el proletariado europeo, con sus fuerzas y protestas desencadenadas contra las burguesías, en las postrimerías del siglo XIX. Como siempre, lo alcanzado por la resistencia de los trabajadores ante la explotación en los países de desarrollo capitalista se reconoció en nuestro medio con un retardo de varios decenios –otro de los tantos hechos que explica nuestro enorme atraso y demuestra la rapacidad de las clases opresoras que han controlado los destinos de la nación–. Luego de la creación de la Ley 6 de 1945, los criterios para imponer la paga mínima, por parte de los gobiernos, tuvieron modificaciones formales, hasta que bajo el embeleso suscitado por la Constitución y el ’Estado Social de Derecho’, y atendiendo las ingeniosas recomendaciones de la misiones asesoras norteamericanas, se crearon las Comisiones Permanentes, con las cuales los reclamantes se hacen aparecer como coautores de las tropelías contra sus representados, sin que algunas migajas y reconocimientos dejen de aparecerles.
Con la apertura económica, los trabajadores perdieron sus conquistas casi centenarias, sufriendo el hierro de la renovada dominación norteamericana. Con una fórmula inescrupulosa pero efectiva, se dividió a los afectados: la Ley 50 dispuso dos regímenes de cesantías, dejando el peso del desmonte a los que ingresaran a las lides productivas después del 1° de enero de 1991, sofrenando la indignación de los ya vinculados; la Ley 100 estableció regímenes de transición, con igual propósito; los maestros fueron clasificados también en dos opuestos estatutos laborales y con el 1278 emergió un nuevo magisterio sin garantías para el mejoramiento económico y su capacitación científica. En las pocas convenciones colectivas existentes se produjeron, por fuerza de las embestidas gubernamentales y de la debilidad sindical, modificaciones que diferenciaban a unos y otros sectores de beneficiarios. Todo esto impregnó la actitud de muchos sectores sindicales vinculados a las generaciones “protegidas” que, sin exponer su futuro económico, sucumbieron ideológicamente bajo la guía de los Garzones, y se aferraron a las tesis, –traídas de los contornos del FMI y de sus “tanques de pensamiento”–, de los planes alternativos, cuya médula es el abandono de la confrontación de las políticas imperialistas adversas a la nación y a los trabajadores. Lucho y Angelino, actuando como abiertos brigadistas antimotines del Gobierno, ahora hacen menos daño que el que le infligieron, casi irreparablemente, a la causa de los obreros; por supuesto, esta aseveración es discutible, porque no sabemos a cuántos males coadyuvarán en el futuro.
El mayor obstáculo que tienen los miles y miles de trabajadores que «viven para no morir», es el de la carencia de organización, pues tanto los del mínimo sueldo, como aquella masa que devenga menos de $ 204.000 mensuales –esta última, constitutiva de 32% de la fuerza laboral- no están representados por las Centrales Obreras (la tasa de sindicalización es de apenas 4%), y encarna el sector más desprotegido y numeroso del proletariado colombiano. Por eso, no se rompe una lanza por ellos en la víspera de las conversaciones, ni se asume la elemental tarea propagandística de “poner los gritos en los cielos” para convocar las solidaridades del pueblo, como tampoco se propone un período distinto al decembrino para su trámite.
Tal vez los encomiables y contundentes estudios, que precisan las desgracias que padecen los asalariados -en contraposición con las ganancias acumuladas por los oligopolios foráneos y nacionales-, a cargo de desvelados economistas amigos de los trabajadores, como César Giraldo y Aurelio Suárez, sea lo único que les depare alguna satisfacción a los esclavos del atraso en estas controversias, en la medida que apuntalan sus exigencias democráticas, pues el evento que cierra el año de angustias adquiere una confrontación protocolaria, sin una fuerza social movilizada que haga valer sus elementales reivindicaciones, para terminar con la renovación del desvalijamiento obrero.
La realidad económica en la que se encuentran los trabajadores es insoportable: el poder de compra ha caído en 50%; menos de dos salarios mínimos aforan a más de 75% de la masa laboral formalizada; la intermediación, incluidos los contratos sindicales, representa alrededor de 65% del espectro laboral reconocido por las estadísticas oficiales; a pesar de lo inexacta, la medición de la canasta familiar confirma la imposibilidad de la reposición de fuerzas para un trabajador con salario mínimo, en tanto que el denominado “círculo infernal” de las alzas postdecembrinas engulle de tajo el mísero incremento. La inflación, tasada en 1,94%, pone límites a las reclamaciones económicas y, basados en ella, los doctos analistas al servicio de las fuerzas retardatarias (lo mismo que hace 200 años), advierten que no podrán crearse empleos si las remuneraciones dejan de ser miserables, pero su mutismo es desconcertante frente a las ganancias de los todopoderosos.
La tendencia mundial señala la configuración de un polo de riqueza, menos numeroso, pero más rico cada vez, lo que en Colombia se revela con la comprobación de una élite casi mágica, integrada por 625 personajes que, según Portafolio, detentan la friolera de US$ 80.000 millones. La reforma tributaria les deparó a los empresarios y trasnacionales ventajas infinitas y exenciones billonarias, entre ellas, la anulación de los pagos parafiscales por concepto de los trabajadores de remuneración inferior a diez salarios mínimos, lo que les concede 13,5% de “ahorro” al establecer menos 2% para la financiación del Sena, menos 3% para el sostenimiento del Icbf y menos 8,5% para el régimen de salud (moñona contra los sectores populares). Esta no es la desigualdad, ni la inequidad invocada en el glosario de moda, es apenas la forma de la explotación imperialista que no morigerará en la medida en que las naciones sometidas sean capaces de soportarla y admitirla como un mal natural.
A la CUT le corresponde afanarse en la revisión del esfuerzo orientado a todos los sectores de trabajadores con la finalidad de configurar un ánimo de organización capaz de enfrentar la política de los gobiernos y de rescatar la tradición democrática, antimperialista y revolucionaria de la clase obrera. En la Colombia de hoy, retrotraída al esquema colonial minero-exportador y sometida al redoblamiento del sojuzgamiento foráneo, el listado de las movilizaciones de las clases y sectores sociales contra el enervante estado de cosas es casi infinito; su progresión será mayor, así haya quienes intenten rendirlas ante el gobierno. Los trabajadores incrementarán sus reclamaciones y se unirán en torno de una guía política correcta y de las organizaciones sindicales que interpreten sus intereses con empeño y claridad. Que Santos, el mejor agente de los gringos, no cuente con el respaldo sindical será una forma de vislumbrar un futuro menos aciago para Colombia y los oprimidos.
Notas:
(1) Editorial La Bagatela, noviembre 1 de 2013, Definiciones del congreso del Partido Liberal.
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