02/08/2021

LAS POLITICAS DE URIBE ARRASARON LA EDUCACION PUBLICA Y A LOS MAESTROS.

La mal llamada “Revolución Educativa” se constituyó en un feroz asalto a la educación pública y a los derechos del magisterio, él artículo 81 de la ley 812 del 26 de junio de 2003, que definió las bases de la política educativa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se dio comienzo al desmonte sistemático del régimen pensional especial del magisterio. No sólo se aumentaron los aportes laborales de los maestros para al régimen de previsión en un 70% y se impuso la plena cotización sobre las mesadas pensiónales, sino que, como si nada, se determinó que los educadores nombrados a partir del 26 de junio de 2003, es decir, todos los nuevos, ya golpeados por los efectos devastadores del decreto 1278 o nuevo Estatuto Docente, perderían el régimen pensional especial del magisterio y pasarían al régimen general de pensiones establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la única diferencia de que la edad de pensión para los hombres fue fijada en 57 años. Esta nociva política se materializa en:
• El cierre y fusión de establecimientos educativos.
• La eliminación de los cargos directivos.
• El hacinamientos de alumnos por la aplicación de la relación técnica alumno/ maestro.
• El incremento de la jornada laboral.
• La eliminación del preescolar de tres grados.
• El desmonte de las políticas de bienestar estudiantil.
• La imposición de la promoción automática en la educación básica y media.
• La violación de la autonomía escolar.
• El desconocimiento de los PEI y el gobierno escolar.
• La imposición de un currículo único, el establecimiento de los estándares y competencias.
• La abolición de la libertad de métodos.
• La entronización del autoritarismo y la antidemocracia en muchas instituciones educativas.
• La expedición del nuevo y lesivo estatuto docente.
• La realización del tramposo concurso docente.
• La masacre laboral de los docentes provisionales.
• El desmonte del régimen especial docente en pensiones, carrera docente y salud, que tienen como consecuencia la pauperización del gremio docente.
• Deterioro de la calidad de la educación pública en detrimento de una educación de alto contenido científico, al servicio del desarrollo de las fuerzas productivas del país y en beneficio de las inmensas mayorías nacionales.
El próximo gobierno, en cabeza de Juan Manuel Santos, asumió dos compromisos principales: continuar con todas las políticas de Álvaro Uribe, administración en la que él fue pieza de importancia, y montar un gobierno de “unidad nacional”. Sin embargo, Juan Manuel Santos podrá montar una gran manguala, pero no un gobierno de unidad nacional, por lo menos no en el sentido de que ese gobierno represente los intereses del conjunto de la nación, pues si algo caracteriza a la administración de Álvaro Uribe –que Santos continuará– es lo antidemocrático de sus concepciones políticas y lo plutocrático de sus criterios económicos y sociales, es decir, por gobernar según los intereses de las trasnacionales, los monopolios criollos y las roscas clientelistas, en tanto a la casi totalidad de la nación se la excluye en mayor o menor medida del bienestar. Por estas razones, nos comprometemos ante el magisterio guajiro a luchar conjuntamente con la Federación Colombiana de Educadores FECODE y Asodegua a:
• Emprender una lucha por la expedición de un único Estatuto de la Profesión Docente, que derogue el oprobioso decreto 1278, actualice las normas del antiguo Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) e incorpore lo más avanzado posible en materia de profesión y carrera docente.
• Luchar por mejorar las condiciones de trabajo de los educadores del 1278 sin que ello distraiga la atención en la lucha por la conquista del Estatuto de la Profesión Docente, que es la verdadera solución a los problemas de los educadores nuevos. Los asuntos a resolver son:

1. El tiempo en período de prueba debe ser tenido en cuenta para el ascenso, así como la validez del tiempo en provisionalidad.
2. Los títulos de especialización se deben reconocer sin que sea necesario la afinidad con el pregrado.
3. La inmediata expedición del decreto de incremento salarial en el 8% para el presente año.
4. Desmonte de las evaluaciones de: desempeño y competencias-ascenso, exigiendo en el primer caso que ésta sea diagnóstico-formativa y no sancionatoria; y en el caso de la segunda que se estimule el ascenso de conformidad con la formación, los títulos, la experiencia y la producción académica.
5. Seguir denunciando las condiciones calamitosas de trabajo de los docentes 1278, quienes son objeto de: acoso laboral, negación de los derechos fundamentales de la libre asociación y organización, sobreexplotación e inestabilidad laboral; y adelantar todas las acciones posibles desde lo jurídico, político y sindical.Defender la educación como derecho-deber y como servicio público que debe garantizar el Estado.
• Lograr con el Gobierno Departamental la Ampliación de las Asignaciones Presupuéstales dirigidas a alcanzar una verdadera gratuidad de la Educación Pública.
• Concertar con el gobierno departamental y los gobiernos municipales, políticas gratuitas de capacitación y formación de docentes, para poner en marcha los planes de mejoramiento de la calidad de la educación en las instituciones educativas.
• Gestionar ante el gobierno el pago permanente de las primas de Antigüedad y Bonificación establecida por la Asamblea Departamental y reconocida por el gobierno departamental.
• Solicitar en unión con FECODE, que el Gobierno Nacional destine los recursos necesarios para facilitar la evacuación de las solicitudes de cesantías parciales hechas por los maestros y maestras ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterios y se respete el orden de radicación de la misma
• Gestionar ante el fondo de prestaciones sociales del magisterio y la Unión Temporal del Norte, el mejoramiento de los servicios médicos generales, que la medicina especializada sea prestada por médicos con reconocida idoneidad y la prestación de este servicio se debe delimitar especificando el norte y el sur del departamento, de tal manera que las diligencias médicas no generen gastos económicos para los usuarios.

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