02/08/2021

El pleito clave es entre la nación y el imperialismo

Gustavo Triana, Secretario General del Moir, Editorial Tribuna Roja, enero 13 de 2011

Durante su campaña a la presidencia, Barak Obama despertó expectativas de cambio en las políticas económicas y de relaciones internacionales de la gran potencia; incluso se habló de terminar las guerras de ocupación impulsadas por sus predecesores y resolver los problemas crecientes de desempleo. Los resultados de las últimas elecciones en 2010 pusieron al desnudo la indignación de los votantes: los candidatos demócratas fueron responsabilizados de mantener la profunda crisis económica que afecta a esa nación y el castigo les llegó en las urnas, aunque no se debe olvidar que las políticas aplicadas son políticas de Estado. No era para menos. La cacareada operación rescate favoreció al gran capital financiero y a unas cuantas multinacionales, y no logró la reactivación del mercado interno ni superó la histórica caída del empleo y la pérdida de la calidad del mismo. El traslado de su producción a otros países, en busca de mano de obra barata, exenciones tributarias y mayores tasas de ganancia, convirtió a Estados Unidos en importador tanto de materias primas y energéticos primarios como de bienes terminados, disparando brutalmente su déficit comercial y disminuyendo la capacidad de consumo de su población. El capital financiero y las grandes empresas, al desligarse cada vez más de las fronteras nacionales, cavan la tumba de la potencia imperialista.

Para mantener las ocupaciones en Irak, Afganistán y Haití y continuar con el hostigamiento a Irán, Corea del Norte y Palestina, Obama incrementó los gastos de guerra. Optó por continuar con la desafiante emisión de moneda, 600 mil millones de dólares, para empujar la devaluación de su divisa, medida de doble filo, porque tras forzar el aumento de sus exportaciones y el abaratamiento de las importaciones, vendrá la caída del valor de las reservas internacionales de países que como China, Japón y Rusia las tienen en dólares, y hará poco atractiva la permanencia de capitales de los inversionistas extranjeros en la economía gringa.

El deterioro del nivel de vida de sus ciudadanos (14.2% de la población en pobreza y más de 50 millones sin seguridad social), los profundos daños a su aparato productivo y el resentimiento de su mercado interno por la prevalencia de los intereses del capital financiero y la encarnizada disputa con otras potencias por mercados y recursos naturales, afectan de manera seria e irreversible la economía de Estados Unidos e incuban un conflicto social de incalculables proporciones, pues la desigualdad y la pobreza se hacen sentir con rigor en la metrópoli.

Pero son más los reveses para la superpotencia: los consecutivos fracasos en las reuniones del G8, del G20 y de la parálisis de la OMC para imponer sus condiciones en el comercio mundial; la negociación, con condiciones menos favorables, del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas con Rusia; la persistencia de Irán y Corea del Norte en sus programas nucleares, y el fracaso del gobierno de Obama en el despropósito de aislarlos diplomática y comercialmente; la rotunda negación de China a revaluar su moneda, y la consolidación de esa nación como primer exportador mundial, primer demandante de energéticos primarios, y su salto a segundo socio comercial de América Latina y primero de Asia Central; la recuperación económica de Rusia y su importante nivel de optimización y modernización del arsenal nuclear, que refuerza su cada vez mayor protagonismo en la geopolítica; el descollante papel de Brasil en la economía y la política internacional y su consolidación como país determinante en el contexto de América del Sur. Por contera, la ONU continúa censurando casi por unanimidad el bloqueo a Cuba y apoyando el reconocimiento del Estado de Palestina, contra las posiciones de Estados Unidos e Israel.

A la profunda crisis de Estados Unidos se suma la de su principal aliado, la Unión Europea, que sufre hoy las quiebras de países como Grecia e Irlanda y las pronosticadas de Portugal, España e Italia. El FMI y el Banco Central de Europa, BCE, los vuelven objeto de las medidas de “salvamento” y les imponen reajustes y recortes que caen sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo; desmontan los vestigios del Estado benefactor, y muestran las agudas contradicciones que resultan de la vulneración de la soberanía, la toma de los mercados y el saqueo del trabajo por parte de Alemania y Francia sobre los otros 25 países integrantes de esa Unión. La reacción de los trabajadores y los estudiantes en una oleada de huelgas y protestas muestran la gravedad de la situación y, a la vez, auguran mejores tiempos para la emancipación de los desposeídos del Viejo Continente.

El conflictivo mapa lo complementa la disputa que por la supremacía en el comercio mundial, el mercado de capitales, el acceso a recursos energéticos, minerales y tierras cultivables libra Estados Unidos contra los denominados países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son incidentes y roces cada vez más belicosos para mantener sus zonas de influencia, en el contexto de una disputa interimperialista, propia de los períodos de superproducción y concentración de la riqueza en manos de unas pocas potencias económicas y sus monopolios.

La crisis llega a todos los rincones de la Tierra como consecuencia de los alcances de la globalización imperialista, que rompió las fronteras de las naciones con flujos de capital, mercancías y servicios, y saquea los recursos y el trabajo de millones de personas. A la vez que se despliegan ejércitos, tanques, portaviones y naves de espionaje para que acompañen las andanzas del capital financiero por el mundo. Solo las naciones que han hecho valer su soberanía y se han negado al recetario neoliberal han resultado menos golpeadas. La descarada estafa que significa emitir miles de millones de dólares sin respaldo en riqueza o en trabajo, ordenada por Barak Obama para que el capital financiero “compre” recursos naturales y haga operaciones de “salvamento” a las economías en bancarrota, solo puede interpretarse como pillaje comparable al de los filibusteros que infestaron el Mar de las Antillas en el siglo XVII. A ese pillaje responderá la resistencia de naciones y pueblos que no soportan ya más tal avasallamiento. Aumentan las manifestaciones de rechazo de los trabajadores y otros importantes núcleos sociales y se multiplican las coaliciones y agrupamientos de distintos países para resistir el embate de la fiera herida. Para bien de la humanidad se ve alumbrar la comprobación de que el imperialismo es un gigante con pies de barro.

Colombia, peón de la superpotencia en declive

En el contexto descrito, Álvaro Uribe Vélez no podía ir más como presidente de Colombia. Sus desafueros autoritarios, sus procederes siempre rozando las fronteras del crimen, la escalada de hechos corruptos durante su administración, el constante rompimiento de la democracia, su hostilidad cerril contra las naciones vecinas, ponían en riesgo los intereses neocoloniales de Estados Unidos en el país y en la zona.

Se hizo necesario el relevo que cada cuatro años refresca el lacayismo, y Juan Manuel Santos resultó ser la opción adecuada para los requerimientos de la hora: atenuar las tensiones con Venezuela y Ecuador; ganar influencia dentro de Unasur, la que pretende ilusamente al nominar a María Ema Mejía para presidir ese organismo; tener vocerías con algún reconocimiento para defender la vigencia de la OEA y contrarrestar el protagonismo de Unasur; ser otra ficha de confianza para Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, para lo cual ese gobierno tramitó que Colombia fuera incluida, según lo develó James Steinberg, subsecretario de Estado: “Estamos ansiosos por la inclusión de Colombia en el Consejo de la ONU”. Todo está pensado para recobrar la efectividad de la política exterior norteamericana en Centro y Suramérica. De ahí la nutrida delegación de 45 funcionarios gringos que acompañó a los subsecretarios de Estado en visita oficial al país en octubre pasado y los anuncios de que Colombia presidiría una agencia de cooperación contra las drogas y el terrorismo. Ya la policía colombiana se ha adelantado a esta tarea al cumplir labores de entrenamiento e intervenir en operaciones contra el secuestro y el tráfico de narcóticos en varios países del área.

No sobra recordar que para Estados Unidos es imprescindible asegurar su provisión de petróleo y es sabido que Venezuela, Colombia y Ecuador hacen importantes exportaciones de crudo a ese país. Además, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador son poseedores de grandes reservas de minerales estratégicos, para lo cual se calculan inversiones de 200 mil millones de dólares en los próximos nueve años. Es tal el interés estadounidense en la región que, aunque por ahora prefiere la diplomacia y la coerción económica, no vacilará en recurrir a la fuerza, para lo cual no ha desistido del uso y acondicionamiento de más bases militares en nuestro territorio. Las revelaciones de los reportes de la embajada gringa dan cuenta de que Uribe, Santos y Silva fraguaron con Washington no pasar el tratado militar por el Congreso para evitar las resistencias y deja en claro lo comprometido que está Santos con la instalación de tales Bases.

Santos profundiza lo fundamental

Santos, una vez electo, se empeñó en lograr su llamada “Unidad Nacional”, procedió a aliviar los roces con las altas Cortes, dialogar con la jerarquía eclesiástica, recuperar las buenas relaciones con los magnates criollos, endulzarles el oído a unos cuantos bonzos sindicales y, en fin, a aliviar algunos de los innecesarios focos de conflicto que Uribe había encendido.

Pero en realidad Santos con sus medidas y su agenda legislativa apuntala el neoliberalismo: la revaluación del peso; la rebaja de aranceles; la producción de agrocombustibles; las gabelas a la gran minería trasnacional; las grandes obras de infraestructura en transporte; la sostenibilidad fiscal; la centralización de las regalías; la austeridad en el gasto social; la ley estatutaria de salud; la excluyente ley de reparación de víctimas; una propuesta de restitución de tierras conducente a facilitar los negocios del capital financiero; la ley de formalización del trabajo, que profundiza el abaratamiento de la mano de obra y saca de la competencia la pequeña y mediana producción; la reconstrucción de los daños del invierno, proyectada como oportunidad de negocios, para lo cual ya la banca nacional e internacional planea aprovecharse de ella a sus anchas.

Con Santos sigue la recolonización imperialista, que destruye la base económica nacional. Los desarrollos capitalistas y la modernización que Estados Unidos permitió para poner a Colombia en condiciones óptimas para su explotación, hoy les estorban. El libre comercio impone no solamente la importación de bienes de capital y onerosos y condicionantes créditos de la banca multilateral, sino que inunda nuestro mercado con bienes de consumo y productos agrícolas y pecuarios de toda clase. Industrias estratégicas como la metalúrgica han desaparecido en gran parte y otras fueron tomadas por las multinacionales. Las emblemáticas empresas de transporte aéreo pasaron a manos de monopolios continentales. Dos de las tres grandes cementeras son hoy propiedad foránea. Las telecomunicaciones, la energía eléctrica, la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la salud y otros dejaron de ser nacionales. La industria textil y de confecciones, la del cuero y el calzado fueron destruidas por las importaciones y el contrabando. El comercio ha sido concentrado para beneficio de cadenas de grandes superficies y jugadores de talla mundial. La producción de alimentos y la economía campesina son arrasadas por las importaciones de excedentes agrícolas, sigue la destrucción de las entidades de fomento e investigación y se mantienen los altos costos de los insumos y el crédito.

La economía del país se ve cada vez más circunscrita a la minería trasnacional, la extracción de petróleo y gas, la producción de agrocombustibles y las explotaciones agrícolas de multinacionales dirigidas a la exportación. Se ha acentuado el carácter neocolonial y semifeudal de la nación; hemos sido lanzados aún más al atraso y acrecentado la dependencia de Estados Unidos. La recolonización es tal que actividades como la producción de leche y carne en la que participan desde campesinos pobres hasta poderosos latifundistas, será diezmada como consecuencia de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Declaraciones de José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, ilustran el daño de las políticas neoliberales que hoy Santos apuntala: “En todos los tratados que ha negociado el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, siempre ha salido afectado el sector ganadero. Apuesto que, igualmente, no se pondrá ni un litro de leche y ni una libra de carne en los TLC que se están negociando con Corea y Panamá”.

Santos se desborda en favores al capital financiero, para lo cual orienta la economía del país en la vía de ofrecerle el mayor número de negocios y facilitarle toda clase de andanzas especulativas y expoliadoras.

El Polo es lo nacional y democrático

Ver en el de Santos un gobierno de transición que resiste las políticas imperialistas es contribuir al engaño contra el pueblo y debilitar sus luchas por la soberanía y la democracia. Encontrar diferencias sustanciales en la política económica y social de Santos frente a la de Uribe, es desconocer los padecimientos y daños que la coyunda imperialista y oligárquica le causan a diario a la inmensa mayoría de los colombianos.

El Polo manifestó tempranamente su oposición al gobierno continuista e inició el desenmascaramiento de su naturaleza. Denunció el desempeño clientelista y de aprovechamiento del aparato estatal para sus intereses y cómo conformó la coalición de gobierno, a la que acertadamente el senador Jorge Robledo denominó “la manguala nacional”. El Polo también advirtió sobre los cantos de sirena con que el vicepresidente Garzón pretende la cooptación de parte del movimiento sindical y de las víctimas de la violencia, mientras aprueba políticas contra el trabajo como son los TLC y el miserable aumento del salario mínimo legal.

Los militantes y activistas de la izquierda democrática tienen en el Ideario de Unidad del PDA el programa nacional y democrático que rige las aproximaciones o alejamientos a otras fuerzas políticas y su postura frente a los gobiernos. Ese Ideario, la estructura organizativa en consolidación y las normas que rigen el relacionamiento de las tendencias e individuos que componen el Polo, son cruciales en el loable empeño de ofrecer a los colombianos una propuesta real de transformación del actual estado de cosas.

En el Polo, Gustavo Petro recibió todo el respaldo como candidato presidencial, así hoy lo desconozca, y al final de la contienda persistió en reclamar para sí la presidencia de la organización por encima de lo dispuesto en los estatutos y de su escasa fuerza en la organización, a la vez que exigía una política colaboracionista con Juan Manuel Santos.

Al no lograr tal despropósito, abandonó los escenarios naturales de discusión y lanzó, con la ayuda de la gran prensa y la reacción, un ataque matrero contra el único partido que hace una oposición nacional y democrática en Colombia. Pidió que se desechara la almendra de la resistencia y, como no lo consiguió, entonces violó los mínimos del funcionamiento de la organización. Sus críticas son infundadas y destructivas, y ponen una cortina de humo sobre la contradicción principal de la nación. Equipara las andanzas de las multinacionales y del capital financiero con posibles hechos de corrupción cometidos por funcionarios del Polo que desempeñan cargos en la Alcaldía de Bogotá. Petro hace el flaco favor de desprestigiar al PDA sin prueba alguna y calla ante la implicación en las mismas investigaciones de importantes personajes de la manguala de la “Unidad Nacional”.

Las inconsecuencias de gobernantes y representantes del Polo con el Ideario de Unidad, como la cometida por Gustavo Petro al proclamar un posible apoyo al TLC con Estados Unidos, llamar a un acuerdo nacional que incluía a Uribe y apoyar la elección del actual Procurador, entre otras, o las propuestas de Samuel Moreno de acometer la venta de la ETB y de contratar autopistas concesionadas o las posibles conductas punibles de miembros del PDA en cualquier sitio del país, deben ser objeto de tratamiento en las instancias estatutarias, con aplicación del debido proceso, concediendo la presunción de inocencia y recurriendo a la crítica como recurso valioso para la formación de los dirigentes, en el caso de las primeras, y a la aplicación de justicia en las segundas. Equiparar los desaciertos de los hombres públicos y representantes del PDA con los daños que el imperialismo y la oligarquía lacaya le causan a la nación y al pueblo es claro oportunismo.

El Polo deberá sistematizar la experiencia de presidir gobiernos locales y regionales, examinar el desempeño de sus gobernantes y de sus voceros en las corporaciones públicas, confrontar la validez de sus propuestas sobre lo económico, lo social y lo político e ir formando así el contingente de dirigentes y militantes que conducirán el país por los senderos de la independencia y la democracia.

Invoquemos para la concreción de esta urgente tarea el incontrovertible llamado de Francisco Mosquera con respecto a las calidades del frente único: “No hay pues movimiento político sin programa, ni programa que exprofesamente no sirva a la revolución o a la reacción. El frente único antiimperialista no tendrá por qué omitir el suyo, y como su propósito jamás será el de engañar o escisionar al pueblo, cuidará que sus actos no desmientan sus palabras”.

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