Francisco A. Torres M.
pachotorresm@gmail.com
Secretario de Asuntos Internacionales
FECODE
El magisterio colombiano ha luchado durante medio siglo por tener un estatuto que reconozca sus derechos y dignifique su profesión. Marchas épicas como la del hambre de 1966, decenas de paros, gigantescas movilizaciones son los hitos por los cuales ha transcurrido esa histórica contradicción con el Estado oligárquico. Una gran victoria, la que alumbró el nacimiento del estatuto docente 2277 de 1979 y una gran derrota, la del 1278 en el año 2002.
El gobierno de Uribe, por boca de María Cecilia Vélez White, dejó claro que el nuevo estatuto era el 1278 y que por lo tanto nada había que negociar y efectivamente nunca lo hizo. La ministra de Santos, María Fernanda Campo, hizo alarde de las bondades de dicho estatuto, elevándolo al rango de patrimonio jurídico de la nación, del cual destacó principalmente la evaluación docente como su principal virtud: “…la evaluación es un elemento importantísimo que incide en la calidad de la educación y que se ha desarrollado con mayor fuerza a partir de la implementación del nuevo estatuto, que establece procesos de evaluación para el ingreso, la permanencia y el ascenso de los maestros en establecimientos públicos.”.
Sin embargo, como resultado de las negociaciones del pliego nacional de peticiones entre Fecode y el MEN y de las gestiones de la Federación ante el Senado, se logró en la negociación de 2011 acordar una mesa tripartita conformada por representantes del gobierno nacional, del Congreso de la República y de nuestra federación para la concertación de un estatuto docente único.
En la Asamblea Federal de Paipa, celebrada entre el 4 y el 7 de marzo del presente año, los delegados elegidos democráticamente por los maestros colombianos aprobaron el proyecto de Estatuto de la Profesión Docente, estableciéndolo como una bandera central del magisterio. Un nuevo régimen laboral y de carrera para todos los docentes colombianos que derogue el decreto 1278 por ser la negación de los derechos de los docentes y derogue también el 2277 conservando sus rasgos centrales relacionados con la garantía de estabilidad laboral y el derecho pleno al ascenso en la carrera docente sobre la base del tiempo de servicio, los estudios alcanzados y la producción académica desterrando de una vez por todas las oprobiosas «evaluaciones de competencias» que congelaron este derecho para los nuevos docentes. En materia de evaluación la Asamblea aprobó que Fecode proponga la evaluación diagnóstica y formativa sin consecuencias para la estabilidad laboral docente.
Para que un gremio numeroso, de rica tradición organizativa y de lucha, y en cuyas manos está una tarea fundamental para el desarrollo de Colombia, se unifique en torno a un propuesta discutida por varios años y decida encaminarse a una larga y dura batalla, es preciso que esté en cuestión un asunto decisivo: se trata de enfrentar un aspecto central de la política imperialista, mano de obra muy barata, sin derechos laborales ni sindicales y en medio de la división de los trabajadores. El 1278 cumple los requisitos exigidos por Washington: falta de estabilidad, malos sueldos, nulas posibilidades de ascender y la división del magisterio. Claro, ahí no termina el asunto, el puerto final para el Gobierno es la privatización total de la educación, la cual, como ya se viene presentando en colegios concesionados y bancos de oferentes, comporta las peores condiciones laborales para los maestros.
En contraposición a la política del Gobierno y de sus amos del norte, los objetivos del magisterio colombiano con el nuevo estatuto son:
Conquistar un escalafón que garantice el derecho real y efectivo a ascender y mejorar el salario con experiencia docente, estudios y producción académica, desterrando la odiosa trampa de la evaluación de competencias del 1278 y el estancamiento en el grado 14 para los del 2277.
Alcanzar para todos los docentes la estabilidad cerrándole el paso al despido por supresión del cargo y por calificación negativa de la evaluación de desempeño, contenidos en el 1278, y a la amenaza que gravita contra todo el magisterio desde el Artículo 125 de la Constitución de 1991 y la ley 909 de 2004, definiendo la evaluación de desempeño como bienal, formativa y diagnóstica sin otra consecuencia, si no se alcanza el 50%,
Definir en el estatuto las horas de labor en 30 semanales, las clases en una extensión de 55 minutos y la asignación académica en 15 horas semanales en educación especial, 20 en preescolar, primaria y secundaria. Establecer como topes máximos 10 estudiantes por aula en educación especial, 20 en preescolar, 25 en primaria y 30 en secundaria. Modificar las relaciones técnicas para coordinadores y orientadores a 500 estudiantes o fracción mayor de 100 para ponerle coto a la política abusiva del Estado del hacinamiento y la sobrecarga laboral.
Incluir el régimen especial de salud –cuando se aprobó por la asamblea federal el proyecto de estatuto no se habían dado los acuerdos de septiembre con el gobierno-. Concertar la expedición del listado de las enfermedades profesionales. Extender la compatibilidad de salario y pensión a los nuevos docentes. En síntesis, los 157 artículos del proyecto se encaminan a dignificar la profesión, recuperar lo perdido con el 1278 y las demás normas surgidas del Acto legislativo 01 y la ley 715, y adelantar en nuevos derechos.
Pero hay un aspecto que subyace en la concepción del nuevo estatuto y que no por ello se convierte en secundario. Recordemos que el 2277 fue el catalizador de un avance sustantivo en los niveles de escolaridad de los maestros, que se lanzaron a adelantar pregrados y posgrados, y a escribir obras para ascender al grado 14. Mejoramiento académico que es un componente esencial en la búsqueda de una educación científica. El nuevo estatuto marcha en esa misma dirección: elevar la preparación y remuneración de los educadores, establecer condiciones que impidan el hacinamiento, garantizar orientación y coordinación en mejores condiciones y defender la autonomía educativa. La lucha por mejores condiciones laborales para los maestros está enlazada a la tarea por una educación científica y democrática.
Derrotar la política de Washington aplicada celosamente por el gobierno y conquistar un nuevo estatuto para todos los maestros requiere de un enorme esfuerzo de lucha en el marco de un ambiente de unidad que pasa necesariamente por el apoyo decidido al proyecto de estatuto aprobado por nuestra máxima autoridad, la Asamblea federal.
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