02/08/2021

Declaración de la 50 Junta Nacional de la CUT


Bogotá, septiembre 21 de 2012

1. La crisis del capitalismo y su modelo neoliberal sigue agudizándose y causando estragos a toda la población mundial. Si en el 2008 adoptó principalmente la forma de una bancarrota financiera donde la especulación y la corrupción llevaron a la ruina a miles de ahorradores y a la inestabilidad a muchos países, en el 2011 se hizo aún más profunda reventando a los países dependientes y presionando con el desempleo y los planes de austeridad el despojo de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. El traslado de capitales e industrias y la imposición de tratados de libre comercio hacen parte de la estrategia de las grandes potencias para atenuar la crisis, sin descartar las intervenciones militares y los golpes de Estado a los que recurren, con frecuencia, Estados Unidos y sus socios de la OTAN.
La crítica situación en Grecia, Portugal y España, para mencionar los más notorios, dan cuenta de la agresividad del capital financiero contra los países y principalmente contra las conquistas de los trabajadores. Si esto ocurre en el corazón de Europa, con mayor razón en los países del tercer mundo asediados por la dependencia, la desigualdad y la exclusión. Esta crisis y las medidas del capital para salvaguardar sus privilegios, están en la base de la ola de indignación que recorre el planeta exigiendo un nuevo orden económico que saque la humanidad de esta tragedia.
2. La economía colombiana no escapa a las tendencias globales y las medidas adoptadas lejos de garantizar un blindaje para la producción nacional y el empleo, nos exponen aún más al atraso y la dependencia económica. La locomotora minero energética, por ejemplo, solo transita por el carril de salida: entrega de nuestros recursos naturales con ingresos ínfimos para el país, secuelas medio ambientales y baja generación de empleo con el agravante de la tercerización laboral.
Los estímulos y exenciones tributarias, y los leoninos contratos con las multinacionales son resultantes de la cacareada inversión extranjera directa, amén de su nefasta incidencia en la revaluación del peso que abarata nuestras exportaciones y facilita las importaciones, debilitando así la industria y la producción agropecuaria. La privatización de Ecopetrol, la entrega del níquel de Cerro Matoso, el saqueo del carbón y demás minerales estratégicos, merecen el repudio nacional.
Lo mismo ocurre con la carrera desenfrenada por suscribir tratados de libre comercio; a los tratados vigentes con EEUU, Canadá y otros países del continente, o en su final, como el de la Unión Europea, le siguen los de Turquía y Corea; luego vendrán China, Japón y todos los que resulten. Esta firma de tratados “sin ton ni son”, como señalan algunos economistas del sector empresarial, no considera el retraso en infraestructura, tecnología y productividad, que nos coloca en desventaja frente a los poderosos “socios” y convierten en vana ilusión el tan mentado “mercado de millones de compradores”, cuando ni siquiera tenemos una respuesta a la pregunta ¿Qué productos colocaremos en ese mercado?
La realidad ha sido tozuda: las cláusulas sobre derechos humanos incorporadas a los tratados no se cumplen; Canadá aumentó sus exportaciones a Colombia en un 30% en el último año, mientras las nuestras decrecieron en un 15%; en el último período crecieron notablemente los sectores minero energético y financiero, pero se hundieron los sectores industrial y agropecuario; la generación de empleo como resultado de los tratados no se ha visto con la excepción de la instauración de la nefasta figura de las maquilas. Por ello, continuaremos en la lucha por unas relaciones con los demás países al servicio de la soberanía, la productividad, el empleo y el desarrollo nacionales.
3. La concentración de la riqueza, la flexibilidad tributaria con los grandes capitales, las gabelas a las grandes transnacionales para que saqueen nuestro trabajo y nuestras riquezas, entre otros factores, han agudizado la pobreza, la informalidad y el desempleo, ubicando a Colombia en el deshonroso podio de los países más inequitativos de América y del mundo.Los anuncios del gobierno de llevar el desempleo a un dígito y de eliminar la tercerización siguen siendo promesas y, no obstante el discurso oficial, el Estado sigue siendo el primer violador de las disposiciones y mandatos de la Corte Constitucional sobre intermediación y formalización laboral. En el sector privado, entre tanto, siguen aumentando los contratos sindicales y la intermediación con nuevas figuras como las sociedades anónimas simplificadas. El índice de desempleo que oscila entre un 10 y un 12%, está acompañado de un alarmante crecimiento de la informalidad en todos los sectores de la economía. Por eso la Movilización Nacional del 4 de octubre por el Trabajo Decente, convocada por el Comando Nacional Unitario, tiene como exigencia principal que el gobierno adopte políticas concretas para la generación y la formalización del empleo, y para la reducción de la informalidad.
4. La agenda legislativa de la Unidad Nacional sigue las viejas prácticas del clientelismo y la corrupción y así lo constató el país en la reciente intentona de la reforma a la justicia; nada había en ella para la descongestión y el fortalecimiento de la rama judicial pero abundaban los “micos” para privatizarla, para impedir el ejercicio de la denuncia ciudadana, para garantizar la impunidad de los acusados por corrupción y parapolítica y para establecer gabelas a los magistrados de las altas corporaciones. Por fortuna, en un hecho sin precedentes que debe ser evaluado y asimilado, hubo una reacción rápida de la sociedad civil, una indignación nacional, que obligó al Presidente Santos y al Congreso de la República a sepultar la iniciativa.
Otros proyectos en trámite no son menos lesivos. Aunque formalmente el gobierno no los presentó hay dos proyectos de ley estatutaria en salud que defienden las EPS y todo el modelo mercantilista de la Ley 100 de 1993; frente a ellos, hemos levantado en la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, un proyecto que asume la salud como derecho fundamental, que invoca la universalidad, integralidad y calidad de los servicios; que elimina las EPS y la intermediación y devuelve al estado las responsabilidades cedidas al sector privado; un proyecto que busca la recuperación de la red pública hospitalaria y la incorporación a las plantas de los trabajadores tercerizados; un proyecto que promueve la salud pública como política de estado. Desde la Alianza Nacional, como expresión de organizaciones sociales defensoras del derecho a la salud, seguiremos impulsando la movilización por un nuevo modelo.Medidas anunciadas como la extensión del Programa de Protección al Adulto Mayor a la población de Sisbén I y II, con un estipendio de $65.000 mensuales, o un auxilio del 20% a las cotizaciones de los trabajadores independientes, no alcanzan siquiera para sacar de la línea de pobreza a la población objetivo, en el primer caso, ni contribuyen a la ampliación de la cobertura en pensiones, en el segundo.
Otro proyecto que atenta contra los derechos de los trabajadores es el llamado de Protección al cesante, presentado por el gobierno y a medio camino de su aprobación: es un subsidio al desempleo con los recursos de los trabajadores; el estado no pone un peso pero retiene las cesantías de los trabajadores para beneficiar a las administradoras de los fondos privados; los únicos recursos adicionales provendrían de las cajas de compensación, esto es, del recorte de otros servicios a cargo de las cajas. Rechazamos el proyecto y exigimos un subsidio estatal para los desempleados no una retención de nuestros precarios ingresos.
El gobierno anuncia, además, la presentación de los proyectos de reforma pensional y tributaria; el primero para dar paso a las propuestas de Fedesarrollo de limitar aún más las posibilidades de acceso a la pensión, eliminar el régimen de prima media, el ISS y las garantías de pensión mínima; el segundo para extender el IVA a la canasta familiar, recortar los parafiscales y aumentar la franja de trabajadores gravados con el impuesto a la renta. Así, nos encontramos frente a una agenda agresiva contra los trabajadores y los sectores populares. Lo cual nos impone seguir avanzando en la más amplia articulación y unidad de acción de todos los sectores afectados para derrotar las políticas del gobierno de la unidad nacional.
5. No obstante los compromisos adquiridos con la OIT el país sigue en contravía de los derechos sindicales: se obstaculiza el libre ejercicio del derecho de asociación; se impide el derecho a la negociación colectiva con dilación en el sector privado y con disposiciones unilaterales como el decreto 1092 de este año; hay despido y persecución a trabajadores sindicalizados; se dilata la conformación de los tribunales de arbitramento; se niega el derecho a huelga en el sector público; se incumplen los acuerdos y desconocen las reivindicaciones del sector educativo.Similar panorama se presenta en el campo de los derechos humanos: 15 sindicalistas han sido asesinados en lo corrido del año; las amenazas superan en número a las de años anteriores; la impunidad sigue por encima del 96%; la reparación a las víctimas raya en la indolencia; nada hay concreto sobre reparación colectiva al movimiento sindical y el alto gobierno no ha mostrado la disposición de debatir en los escenarios que corresponde, esta problemática. Continúa la campaña de estigmatización a las organizaciones sociales y políticas. Lejos de avanzar, lo que ha sido claro en el último período es la ofensiva contra las medidas de protección con una reglamentación restrictiva y la reducción de esquemas, poniendo en mayor riesgo a los dirigentes sindicales.
6 .Finalmente, un elemento nuevo en el escenario político nacional es el inicio de diálogos entre el gobierno y las FARC para poner fin al conflicto armado, proceso que queda abierto para el ELN y que se venía configurando discretamente desde hace varios meses. Las partes han definido una ruta, unas reglas y una agenda, y han ratificado sus compromisos, por lo cual han recibido un amplio respaldo nacional.
La CUT saluda este proceso, espera que la seriedad y el compromiso con la paz permitan superar las dificultades que siempre aparecen e impidan el surgimiento de una nueva frustración para el pueblo colombiano. Si bien la paz no es el silencio de los fusiles, ni la solución política negociada, también lo es que el cese del conflicto armado es el paso fundamental en el camino de una paz duradera.
En este contexto la CUT ratifica su rechazo al programa neoliberal de Santos y llama al movimiento sindical y a las organizaciones sociales a continuar con la más amplia unidad de acción y movilización por la generación y formalización del empleo; la defensa de los derechos a la educación, a la salud y la seguridad social; la defensa de la soberanía nacional y de nuestros recursos naturales; por plenas garantías para el ejercicio de los derechos sindicales; por el respeto y la promoción de los derechos humanos y por una pronta solución negociada al conflicto armado.

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