Cinco estocadas neoliberales de las concesiones a la educación pública

María Antonieta Cano Acosta, Bogotá, junio 18 de 2014

La modalidad privatizadora de los colegios por concesión, adoptada en Bogotá durante el gobierno de Peñalosa, y generalizada en el país mediante el decreto 2355, se ha convertido en la punta de lanza de los neoliberales de la educación. La ministra de educación de Santos la ha defendido insistentemente, los economistas, criollos y de las agencias internacionales de crédito, la ponen como ejemplo a seguir y, en Bogotá, el alcalde Petro, traicionando su propio discurso de defensa de “lo público”, plantea prorrogarlas.

Tanta insistencia de los economistas y gobernantes del neoliberalismo en defender este modelo amenaza al sistema estatal de educación. Por eso es bueno recordar las verdaderas desgracias de las concesiones. Pueden resumirse en -por lo menos- cinco profundas estocadas.

1)     Reducción del gasto en educación: uno de los principios rectores del modelo neoliberal es reducir el gasto social en salud y educación, se plasmó evidentemente a partir de la disminución de las transferencias desde 2001, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda. Se orienta por el Banco Mundial y el BID, para que el Estado pueda cumplir con el pago oportuno de la deuda, interna y externa, y, entonces con ocasión del Plan Colombia, se destinara suficiente presupuesto para el gasto militar. Los colegios en concesión caen como anillo al dedo a este propósito.

El siguiente cuadro nos muestra cómo mientras la inversión por estudiante en Bogotá, en los colegios dirigidos por el Distrito, es de $3.696.991, a los colegios en concesión el Estado les gira por cada niño apenas un valor de $1.894.633; una cantidad de $ 1.802.358 menos que en las instituciones públicas. El cálculo matemático no falla, si en 25 colegios en concesión, con 3.9860 niños el gobierno está dejando de invertir $71.841.989.880 por año, ¿cómo será cuando se generalice esta modalidad en la cual se identifican tanto Santos como Petro?

2)    Si para los maestros, en el sector público llueve, en los concesionarios, no escampa: El cuadro habla por sí solo, la inversión en la nómina de maestros en los colegios por concesión, es la mitad de lo que se invierte en el distrito así, el operador privado garantiza la ganancia. Para funcionar con menor inversión, el concesionario desconoce todo tipo de garantías laborales a los maestros, no deben sujetarse a ningún régimen laboral existente y goza de la flexibilidad que contempla el ya bastante laxo Código Sustantivo del Trabajo. Estas contrataciones, que las concesiones hacen, no tienen en cuenta ni regímenes laborales de los maestros, ni jornadas laborales, ni mucho menos se reconoce el derecho a la asociación, a la reunión o a la huelga. 

3)    Infraestructura pública con administración privada: Como tantas veces se ha dicho,  en el sistema de concesión, el contratista entra ganando, no sólo porque el Estado pone la infraestructura física y la dotación, sino también porque la demanda está garantizada con el pago que, con recursos del Erario, se les gira por cada estudiante, un riesgo que se corre cuando la educación es una actividad económica de un particular con sus propias inversión e iniciativa.

4)    La educación es financiada por el Estado pero administrada por el sector privado: bajo esta premisa el gobierno flexibiliza y hace aún más precario el trabajo docente, con jornadas laborales de hasta once horas diarias y salarios integrales que deben cubrir los costos de la seguridad social, alimentación y transporte.

5)    Los colegios en concesión quebrantan el proyecto educativo  nacional. El Estado tiene que edificar un proyecto educativo para la sociedad. Limitar su acción  a construir instalaciones para que los particulares actúen como operadores, es negarse a la construcción de un proyecto educativo estatal estratégico para el desarrollo nacional y – al final- entregarlo por encargo a unos particulares. Es negar el papel que la educación cumple en el proyecto de un país y simplemente reducir la actividad pública a controlar el cumplimiento por terceros de estándares mínimos. Esta es, con una mirada más amplia, la peor falencia que acarrea la educación por concesión, en cualquiera de los niveles, desde el preescolar hasta el superior. Desde que en el modo capitalista apareció, el Estado se apropió de la educación precisamente porque los intereses privados no pueden cumplir con dicha misión en el interés general. Ahora a los países neocoloniales hasta ese rol se les quiere conculcar.

El afán de los neoliberales por conservar los colegios en concesión es evidente. La ministra de Santos, María Fernanda Campo, ha insistido por todos los medios sobre la necesidad que tiene el gobierno nacional de mantener vigentes las concesiones en Bogotá. Y el alcalde de Bogotá,  Gustavo Petro, traicionando su propio discurso de defensa de lo público, ya ha manifestado su intención de firmar la prórroga de los contratos de los colegios en concesión.

Una vez más los maestros del Distrito y de Colombia alzamos nuestra voz para decir:

Por la defensa de la educación pública, financiada y administrada directamente por el Estado ¡No a los colegios en concesión!

Al alcalde Petro le exigimos ¡No a la firma de la prórroga de los contratos de los colegios en concesión!