Tribuna Magisterial Nacional, Bogotá 23 de julio 2018
La receta de Duque contra la educación, dictada por la OCDE, el BID y demás agencias que hacen el papel de instrumentos de la dominación de los Estados Unidos, y desarrollada en el documento de empalme entre su Gobierno y el de Santos, se resume en mayor mercantilización, destrucción de la educación pública desde preescolar hasta la universidad, descargar la financiación en la comunidad con el cuento de derechos con responsabilidad sobrecargar a los entes territoriales, disminuir las inversiones y aniquilar la ley General de Educación, en una avalancha de medidas al servicio del capital financiero y contra la inmensa mayoría de los colombianos.
Para ello plantea un IVA “social”, impuestos sobre la renta y excedentes cooperativos, la reforma de la ley 30 de financiación de la educación superior, del decreto 1279 por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, con el evidente fin de acabar de desfinanciar las universidades públicas, gratuidad sólo para los estratos 1 y 2, y destruir la carrera docente universitaria, aumentar el programa ser pilo paga, realizar una reforma del SGP violando el acuerdo con FECODE para imponer la desfinanciación y la irresponsabilidad del gobierno nacional.
Dice el Gobierno que faltan 400.000 millones de pesos para el pago de la nómina docente de 2018 (y eso después de sacarle un billón al Fondo de Pensiones Territoriales sólo este año), que están embolatados los sueldos de 2019 y que se ha retrasado premeditadamente la III cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa, ECDF, a la que señala de tener alto impacto fiscal, lo que de paso da la razón a FECODE de las bondades del acuerdo de 2015 para los maestros del 1278. Para estos dos gravísimos problemas financieros no plantea solución distinta a dialogar con Hacienda para la nómina, del ascenso nada.
Según el documento los riesgos críticos son un paro docente y el problema de pago de la nómina, lo que en buen español quiere decir que Duque no va a cumplir con sus obligaciones legales y, en su lugar piensa desatar la represión ya anunciada por sus ministros de defensa y de hacienda.
A la III ECDF cohorte la cataloga de chicharrón, lo mismo que al fondo de prestaciones del magisterio (la joya de la corona que responde por pensiones, cesantía y salud) y al concurso docente procedente de los acuerdos con las FARC. Y plantea un cambio del SGP para introducir incentivos que logren que la comunidad asuma gastos de las instituciones educativas.
Para esta brutal y reaccionaria reforma el gobierno de Duque se plantea 5 victorias sobre los colombianos en los primeros 100 días, de las cuales la esencial es la aprobación de una ley de facultades extraordinarias para reformar leyes de educación entre lo cual estaría la evaluación del aprendizaje, la corresponsabilidad en la financiación (SGP) de tal manera que los “padres de familia aportan” financieramente, la reforma de la ley general de educación, de la ley 30, icetex, colciencias, fodesep y se crearía la superintendencia de educación. El preescolar se privatizaría y se le daría un gran impulso a colegios en concesión.
El magisterio y la comunidad educativa deben llenar calles y carreteras el 25 de julio para responder erguidamente la política de Duque de arrasar la educación pública y prepararse para triunfar en la gran batalla que nos impone el Gobierno.
¡Por los derechos de los trabajadores enfrentemos la política de Duque!
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