La importancia de votar por Aurelio

Recordemos que Petro hacía parte del M-19, movimiento surgido por el robo de las elecciones al exgeneral Rojas Pinilla, abuelo de Samuel e Iván, en 1970. Se trataba de una guerrilla urbana, amiga del orden, de la autoridad, de la fuerza, populista y efectista. El holocausto del Palacio de Justicia fue responsabilidad de las derechas armadas, la institucional y la guerrillera. Pero, por fortuna, la reinserción de los antiguos alzados en armas fue exitosa y el país avanzó en su democratización a partir de la Constitución de 1991. Que el cambio político no fue solamente en la letra sino en el espíritu colectivo lo verificarán los resultados del domingo. En buena hora.

Pero no todo es positivo en la historia del nuevo alcalde. Su simpatizante Vladdo ya se estremece con las propuestas “progresistas” de convertir a los taxistas bogotanos en “informantes” sobre ruedas. Debía recordar el humorista que concluido el valiente debate al paramilitarismo en Antioquia, el entonces senador, de forma inconsulta, planteó un acuerdo nacional de unidad por la verdad y la paz a sus acusados, ante el desconcierto del PDA y de las víctimas. Sospecho que Petro acabará siendo rehén de sus antiguos perseguidores y amigo de quienes promueven una generosa justicia transicional para los victimarios.

Los sectores inconformes e indignados pueden aún apoyar con su voto la existencia de un pensamiento crítico y de izquierda como el representado por Aurelio Suárez Montoya y Jorge Enrique Robledo. Una oposición seria y responsable es fundamental para la democracia, más si reconoce y enmienda los errores cometidos. El disenso y el control político son antídoto contra la corrupción y contra la acción interesada o irreflexiva en los asuntos públicos. El voto a favor de la oposición fortalece al sistema democrático.

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El responsable de las pérdidas por el paro estudiantil es el gobierno Santos al empecinarse en un proyecto de ley contrario al derecho fundamental a la educación superior consagrado en la Constitución de 1991. El Gobierno confundió una ley de promoción a instituciones técnicas y tecnológicas con una reforma estructural a la ley 30 de 1992. Si quiere inyectar recursos frescos a las universidades públicas basta que conserve sólo los artículos correspondientes en el proyecto de ley. Defender posiciones de principio puede ser costoso para los estudiantes y sus familias. Pero presionarlos por plata y subestimar sus demandas justificadas sobre lo que debe ser una sociedad justa y equitativa es una grave equivocación política.

Fuente: Elespectador.com

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