La gente ya no solo se muere de las enfermedades por las que acude al médico. La gente en Colombia se muere, también, porque el modelo perverso que impuso la Ley 100, la mata. La salud en nuestro país dista mucho de ser un servicio de cubrimiento universal y de alta calidad. Es un negocio, y muy jugoso, del que se lucran las llamadas EPS. 40 Billones de pesos es el gasto total en salud, fondos que salen del presupuesto nacional y que no se trasladan, como debería ser, a los hospitales, lo que ha producido la quiebra de la red pública hospitalaria. Esta gran cantidad de plata no se traduce en un mejor servicio, porque es evidente que la salud en Colombia ni es de calidad, ni es oportuna, ni es efectiva, ni es digna.
Este panorama se agrava con el denominado “cartel de las EPS”, fuente de la desvergüenza en los precios de los medicamentos, de la corrupción que agobia al sistema y de todos los demás gastos injustificables ejecutados por los gerentes de estas entidades y sus amigotes y que generan daños inmensos en la vida nacional porque lo que se roban y lo que despilfarran es la plata de la salud, o sea, de la vida de los colombianos. Por eso es que las EPS y este modelo de intermediación no son necesarios. Más aún, son una especie de parásitos que viven a expensas de la salud de los colombianos.
Un buen ejemplo para demostrar que las EPS no son necesarias es el sistema de salud de los maestros. Es cierto que la prestación de salud del magisterio tiene problemas, y graves. La atención a los pacientes no es de calidad. Pero, tan mala como la que padecen los colombianos que están bajo el régimen de las EPS, no es. El magisterio no tiene las limitaciones que representa el POS, ni sufre por los períodos de carencia, ni tiene copagos, ni cuotas moderadoras.
Entonces, ¿qué pasa con la prestación de la salud al magisterio? El problema de este régimen especial radica en que el gobierno se ha apropiado ilegalmente, para subsanar sus déficits en la responsabilidad en el pago de las pensiones, de casi la mitad de los 1.4 billones de pesos que aportan anualmente los profesores. Este y no otro es el origen del caos que a diario padecen los maestros cuando acuden por alguna dolencia a hacer uso de su servicio.
Pero que lo del magisterio no sea perfecto, no debe ser pretexto para que el gobierno intente quemar la parroquia con la excusa de que el cura no le sirve. No es con la Ley 100 como se zanjarán los problemas de la salud de magisterio. Parece un chiste de mal gusto este planteamiento. Millones de compatriotas son testimonio triste de las implicaciones que estar sometido a este régimen perverso.
Afortunadamente, el magisterio ha defendido el régimen de salud precisamente por estar exceptuado de la Ley 100/93, un régimen que contrata directamente con las Instituciones Prestadoras de Servicio. Y está claro que si hay dificultades, porque las hay, es porque el gobierno despoja a los maestros de 700 mil millones de pesos año tras año que, si se invirtieran en la salud, se mejorarían ostensiblemente las condiciones en que reciben los servicios médicos los maestros.