La Ministra de Educación anunció que el próximo 20 de julio radicará el proyecto de reforma a la Ley 30 en el Congreso. Las modificaciones a la propuesta inicial se concentran principalmente en aumentar los controles a las IES con ánimo de lucro.
Por: Equipo periodístico Unimedios Tomado de. http://www.unperiodico.unal.edu.co
El pasado mes de mayo, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció ajustes al articulado inicial de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, como resultado de las discusiones realizadas en diferentes escenarios. Sin embargo, las nuevas disposiciones evaden las peticiones de los rectores sobre la financiación de las universidades públicas y no logran disipar las dudas sobre el funcionamiento de instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro.
La propuesta de reforma a la Ley 30 ha puesto a la educación superior en el centro del debate nacional. Desde que se conoció la intención gubernamental, se han dispuesto espacios estatales, académicos, empresariales, políticos e informativos (prensa, radio y televisión) para hablar sobre las necesidades, retos y expectativas de la sociedad colombiana frente a las IES.
La propuesta ha generado diversas posiciones con varios matices. No obstante, a través del proceso de discusión se pueden establecer dos grandes consensos: por un lado, es necesario contar con un marco normativo que permita adecuar el sistema de educación superior a los principales cambios sociales, económicos y culturales de Colombia y el mundo. Por el otro, rectores, profesores, estudiantes universitarios y otros sectores (entre los que se destacan organizaciones sociales y centros de investigación) también han coincidido en la importancia de los cuatros objetivos de la propuesta gubernamental: cobertura, calidad, pertinencia e internacionalización, y transparencia y buen gobierno.
¿Todo es consenso?
Los mismos sectores que apoyan un proceso de reforma a la educación superior colombiana no dudan en señalar algunos problemas en las estrategias para alcanzar dichos objetivos. Por ejemplo, un grupo de rectores mencionan reiteradamente que los nuevos recursos que se proponen para las IES públicas no resuelven el problema financiero que las agobia. Las universidades de este sector dependen de las transferencias estatales para su buen funcionamiento. Desde 1998 acumulan un déficit de 700 mil millones de pesos. Se ha esperado entonces que la reforma cierre la brecha entre los ingresos percibidos por estas instituciones y el incremento de los costos en el sector: construcción de laboratorios y aulas para atender a los nuevos estudiantes, nuevas tecnologías, así como la contratación de un mayor número de profesores con maestría y doctorado. Ni la propuesta inicial ni los ajustes realizados por el MEN retoman esta preocupación por la sostenibilidad financiera actual y a largo plazo. En ese contexto, la pregunta de las universidades públicas es: ¿Cómo harán para asegurar el incremento de cobertura sin sacrificar la calidad? Otra importante observación a la propuesta gubernamental se relaciona con el funcionamiento de las IES con ánimo de lucro y el riesgo que representarían en calidad, pertinencia y el endeudamiento de los estudiantes que ingresen a ellas. Adicional a lo anterior, han sido reiteradas las preocupaciones frente a los planteamientos de inspección y vigilancia y sus implicaciones en la autonomía universitaria, entendida como la capacidad –entregada por la Constitución de 1991– de que las universidades establezcan sus estatutos internos y prioridades académicas, con independencia de los gobiernos de turno y otros intereses.
Precisiones a la propuesta inicial
Después de varias semanas de discusiones, el pasado 19 de mayo, en el Foro sobre el Impacto de la Inversión Privada en Educación Superior, la ministra Campo presentó una serie de precisiones al articulado inicial, que en principio se concentran en responder a las preocupaciones generadas por las IES con ánimo de lucro. Frente al objetivo de calidad, se acogieron esencialmente tres puntos: 1) los recursos públicos para incentivar la calidad se destinan exclusivamente a las IES públicas y privadas sin ánimo de lucro; 2) se da la posibilidad de un periodo de transición para que las IES públicas cumplan con el requisito de que todos sus docentes cuenten, al menos, con una maestría, y, 3) reconociendo la capacidad de autorregulación de las IES, se excluye la posibilidad de tomar posesión o adelantar acciones cautelares contra aquellas instituciones con problemas de calidad o sostenibilidad financiera. En cuanto al objetivo de cobertura y acceso, la Ministra manifestó que continúa en firme la propuesta de permitir la creación de IES con ánimo de lucro, pero con mayores controles estatales. Por ejemplo, estas instituciones tendrán autorización de funcionamiento con un plazo de cinco años prorrogables, sujetos a que adquieran la acreditación institucional. Además, serán vigiladas por el MEN y la Superintendencia de Sociedades, y solo tendrán aval para andar cuando aseguren los recursos para que la primera cohorte culmine sus estudios. Con miras a evitar la posición dominante de alguna de estas nuevas instituciones en el sistema, se prohibirá que tengan un número de matriculados que supere el 10% del total de matrículas en las IES del país. Asimismo, para impedir que estos establecimientos se subsidien con fondos públicos, dichas entidades deberán ser garantes de los créditos educativos que adquieren sus estudiantes en el Icetex. Por último, un porcentaje de la renta gravable se destinará a un fondo de garantías para otorgamiento de crédito educativo y el fortalecimiento de las IES públicas.
Otros puntos del debate
El MEN estableció que los doctorados solo serán ofertados por las universidades y las IES que tengan acreditación institucional. En este sentido, una preocupación surgida en el articulado inicial se relaciona con una serie de requisitos que debían cumplir las actuales universidades para seguir funcionando bajo esta clasificación. Pues bien, el MEN amplió el plazo de 5 a 8 años para su cumplimiento. Al referirse al bueno gobierno y transparencia en el sector, se determinó que los órganos de gobierno de las IES públicas mantendrán el Consejo Académico como máxima autoridad. Además, en ejercicio de su autonomía universitaria, crearán y modificarán sus estatutos sin intervención alguna del Ministerio. Aún no se han cerrado los espacios de discusión, aunque el objetivo del MEN es radicar el proyecto de reforma el próximo 20 de julio en el Congreso de la República. Hay que esperar a que la disposición al debate abierto y constructivo que ha mostrado el Gobierno se traduzca en una normatividad que responda a las principales necesidades del sector educativo nacional
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«A las universidades públicas les van a llegar recursos como nunca antes»
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, defiende la reforma de la educación superior que plantea el Gobierno
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