Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, 27 de junio de 2011
En reciente artículo habíamos denunciado como la política portuaria es como la ley del embudo ya que, según datos del Invías y de Cormagdalena, en los últimos cinco años el gobierno nacional ha gastado $92 mil millones de pesos en el dragado del canal de acceso a la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y en otras obras importantes como el dique guía y los espolones, mientras esta entidad por contraprestaciones portuarias solo le pagará a Cormagdalena cuatro mil millones de pesos en 2011. Según la ley 856 de 21 de diciembre de 2003 el municipio o distrito donde opere el respectivo puerto recibirá el 20 por ciento como contraprestación, por lo que el distrito de Barranquilla deberá recibir este año solo mil millones de pesos destinados a inversión social.
Pero como los problemas han continuado en cuanto al mantenimiento de la profundidad del canal de acceso a la Sociedad Portuaria de Barranquilla en los últimos 22 kilómetros del río Magdalena hasta Bocas de Ceniza, los usufructuarios privados de las actividades portuarias juntos con las autoridades distritales y departamentales, Cámara de Comercio, Comité Intergremial y Asoportuaria le solicitaron al gobierno nacional nuevos recursos para mantener adecuado el ingreso de barcos mercantes a puertos y muelles construidos en ambas riberas del río Magdalena.
El presidente Juan Manuel Santos aprovechó su visita a Barranquilla el pasado sábado 25 de junio para aprobar nuevas y generosas partidas del presupuesto general de la Nación en beneficio de los potentados que controlan la actividad portuaria en la capital del Atlántico. En su intervención en el llamado “Acuerdo para la prosperidad” declaró que siente “vergüenza cuando señalan a Colombia como el país más desigual del mundo, donde la pobreza supera todavía el 40 por ciento, siendo un país tan rico, con tanto potencial, creciendo, eso es inaceptable”. Luego reiteró el compromiso del gobierno “con los 42 mil millones de pesos para la circunvalar y los 20 mil millones de pesos para el puerto”.
Carlos Rosado, director de Invías, informó en el mismo acto que la Procuraduría General de la Nación le dio el aval a la figura de la urgencia manifiesta para los trabajos del dragado con los nuevos recursos aprobados por el presidente Santos, en la misma línea de su antecesor que recorría el país con sus “Consejos comunitarios” distribuyendo recursos sin arreglo a planes y proyectos sino para mantener a punta de clientelismo politiquero y con recursos de los colombianos la imagen paternalista que se vea reflejada en las amañadas encuestas de opinión, pero hundiendo al país en la mayor miseria con sus políticas neoliberales de libre comercio y de aniquilamiento de la producción agraria e industrial, como también profundizando las privatizaciones en salud, educación y servicios públicos.
En estas condiciones se demuestra una vez más que la política portuaria, basada en la ley primera de 1991 que privatizó a Colpuertos, es un barril sin fondo ya que el Estado recibe unas ridículas contraprestaciones del sector privado pero se obliga a que “El canal navegable del río Magdalena en el puerto de Barranquilla y sus obras complementarias seguirán siendo construidas, conservadas y mantenidas con recursos del gobierno nacional” (artículo 34).
Jamás Colombia progresará con estas políticas al mando. Solo una pequeña capa que controla los hilos fundamentales de la economía nacional florece pero dejando una secuela de pobreza, desempleo y descomposición. Se requieren profundas transformaciones democráticas para enderezar el rumbo, las cuales se harán cuando las condiciones sean propicias y las mayorías expoliadas lo decidan.
Pero como los problemas han continuado en cuanto al mantenimiento de la profundidad del canal de acceso a la Sociedad Portuaria de Barranquilla en los últimos 22 kilómetros del río Magdalena hasta Bocas de Ceniza, los usufructuarios privados de las actividades portuarias juntos con las autoridades distritales y departamentales, Cámara de Comercio, Comité Intergremial y Asoportuaria le solicitaron al gobierno nacional nuevos recursos para mantener adecuado el ingreso de barcos mercantes a puertos y muelles construidos en ambas riberas del río Magdalena.
El presidente Juan Manuel Santos aprovechó su visita a Barranquilla el pasado sábado 25 de junio para aprobar nuevas y generosas partidas del presupuesto general de la Nación en beneficio de los potentados que controlan la actividad portuaria en la capital del Atlántico. En su intervención en el llamado “Acuerdo para la prosperidad” declaró que siente “vergüenza cuando señalan a Colombia como el país más desigual del mundo, donde la pobreza supera todavía el 40 por ciento, siendo un país tan rico, con tanto potencial, creciendo, eso es inaceptable”. Luego reiteró el compromiso del gobierno “con los 42 mil millones de pesos para la circunvalar y los 20 mil millones de pesos para el puerto”.
Carlos Rosado, director de Invías, informó en el mismo acto que la Procuraduría General de la Nación le dio el aval a la figura de la urgencia manifiesta para los trabajos del dragado con los nuevos recursos aprobados por el presidente Santos, en la misma línea de su antecesor que recorría el país con sus “Consejos comunitarios” distribuyendo recursos sin arreglo a planes y proyectos sino para mantener a punta de clientelismo politiquero y con recursos de los colombianos la imagen paternalista que se vea reflejada en las amañadas encuestas de opinión, pero hundiendo al país en la mayor miseria con sus políticas neoliberales de libre comercio y de aniquilamiento de la producción agraria e industrial, como también profundizando las privatizaciones en salud, educación y servicios públicos.
En estas condiciones se demuestra una vez más que la política portuaria, basada en la ley primera de 1991 que privatizó a Colpuertos, es un barril sin fondo ya que el Estado recibe unas ridículas contraprestaciones del sector privado pero se obliga a que “El canal navegable del río Magdalena en el puerto de Barranquilla y sus obras complementarias seguirán siendo construidas, conservadas y mantenidas con recursos del gobierno nacional” (artículo 34).
Jamás Colombia progresará con estas políticas al mando. Solo una pequeña capa que controla los hilos fundamentales de la economía nacional florece pero dejando una secuela de pobreza, desempleo y descomposición. Se requieren profundas transformaciones democráticas para enderezar el rumbo, las cuales se harán cuando las condiciones sean propicias y las mayorías expoliadas lo decidan.
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