28/05/2026
Economía Opinión

EL PLAN DE ACCIÓN LABORAL DE EE.UU PARA EL TLC CON COLOMBIA

Por admin / 14/07/2011
LA EXCLUSIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS Y SECTORES VULNERABLES DE LOS CONDICIONAMIENTOS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL TLC CON COLOMBIA PROPICIA MAYOR VULNERACIÓN A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

1. Introducción: Las dificultades del Gobierno de los Estados Unidos para salir de la crisis económica que arrastra desde el año 2008, han llevado a la búsqueda desesperada de nuevos mercados para su sector de manufacturas y servicios. Esta búsqueda de una salida de crisis por la vía de la expansión de sus exportaciones y de nuevas áreas para sus inversiones ha estado acompañada por nuevas presiones al Gobierno de ese país para acelerar la celebración de Tratados de Libre Comercio, particularmente con Corea del Sur, Panamá y Colombia. El Tratado Bilateral con Colombia, estuvo originalmente condicionado a una mejora sustancial en la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, considerando en especial, además del tema de los ataques a los sindicalistas, a el fin de las ejecuciones extrajudiciales y la superación de su impunidad, la cesación de la persecución a opositores políticos, periodistas, magistrados y defensores de derechos humanos, cese del favorecimiento y de los vínculos con los grupos paramilitares y la protección efectiva a defensores(as) de derechos humanos, líderes campesinos, afrocolombianos e indígenas.

Además de implementar un Plan de Alivio a los afectados en EEUU por el tratado (TAA), el Gobierno de Obama exigió al Gobierno de Colombia la implementación de un Plan de Acción Laboral. Este Plan considera algunas mejoras parciales en ámbitos de la regulación laboral y la protección a los sindicalistas. Pero deja por fuera temas y sectores importantes gravemente afectados por vulneraciones a los derechos humanos. Este enfoque parcial, restringido y excluyente de varios temas y sectores antes considerados, ha mandado una mala señal a sectores comprometidos con la violaciones a los derechos humanos en Colombia que habrían tomado nota del mensaje, ha debilitado de la capacidad de contención de la política exterior de ese país sobre las conductas propicias a la vulneración de los derechos humanos y podría desde ya estar propiciando algunas prácticas y medidas que ponen mayores riesgos y vulneración de derechos de sectores y temas que ahora se leen como exentos de las anteriores preocupaciones. Sin haber entrado en vigencia el tratado, estas señales son indicativas que lo que podría acontecer una vez ya puesto en práctica.

2. El Plan de Acción Laboral. Mejoras importantes pero Insuficientes

Las intenciones de mejorar la protección de los trabajadores sindicalizados en Colombia, de avanzar en el combate a la impunidad de los crímenes sistemáticos cometidos en contra de los sindicalistas y las reformas a algunos aspectos de las formas precarias de contratación laboral que se realizan a través de las mal denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado expresan preocupaciones legítimas por detener los graves ataques a los derechos y garantías laborales y sindicales en el país, que podrían generar un mejor ambiente para la vigencia de estos derechos.

El establecimiento de indicadores de voluntad precisos y fechas concretas para la implementación de las medidas propuestas constituye una novedad en este tipo de recomendaciones. Sin embargo, notamos con preocupación que temas que hasta ahora habían sido tenidos como prioritarios a la hora de evaluar las condiciones requeridas para avanzar en la negociación del Tratado bilateral de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos no fueron considerados con ocasión del Plan de Acción entre los presidentes Obama y Santos.

3. Los temas que ahora no son objeto de preocupación mandan una mala señal

La exclusión de condiciones concretas para avanzar en la protección de los líderes campesinos, las

comunidades indígenas y afrodescendientes, lo mismo que omisión de temas estratégicos y que continúan marcando con su dolorosa vigencia la gravedad de la situación de derechos humanos tales como la impunidad persistente de las ejecuciones extrajudiciales, las agresiones y persecución por parte de los servicios de inteligencia a los opositores políticos, magistrados, periodistas y líderes sociales, lo mismo que la reorganización y fortalecimiento del paramilitarismo y los ataques persistentes a los(as) defensores(as) de derechos humanos constituyen un giro lamentable en los niveles de compromiso y en la actitud vigilante y solidaria que los Estados Unidos, han sostenido hasta hoy frente a estos temas y sectores. Este viraje de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos no se compadece con la crítica situación que afrontan las organizaciones y líderes sociales y los ámbitos de vulneración de derechos que han sido dejados al margen en el mencionado Plan de Acción ideado para abrirle paso a la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia. En efecto, fenómenos como las ejecuciones extrajudiciales en su censurable modalidad de “falsos positivos” perpetrados por las fuerzas armadas del Gobierno Colombia que habían disminuido desde el año 2008 volvieron a incrementarse en el año 2010 en un 58% en el número de casos y en un 69,5% en el número de víctimas, con relación al año 2009i.

En este último año, un elevado número de niños han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, precedidas en ocasiones de brutales actos de violencia sexual, tal y como se constató en la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas con sus dos hermanitos por miembros del Ejército, el pasado mes de octubre de 2010.

4. Sectores excluidos siguen en grave riesgo

Víctimas crecientes de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos políticos a manos de paramilitares son los miembros de las comunidades indígenas. El caso más reciente de falsos positivos de estas comunidades fue el del líder indígena HUMBERTO PEROZA WAMPIARE, miembro del cabildo indígena del resguardo ‘La Vorágine’, comunidad La Ilusión del pueblo Hitnu, quien luego de ser asesinado el pasado 13 de junio del presente año en el municipio de Arauquita (Arauca) por miembros de Décima Octava Brigada del Ejército fue presentado como un miembro de la Compañía Julio Mario Tavera del Décimo Frente de las FARC. En este, al igual que en casi todos los casos de ejecuciones sumarias perpetradas por miembros de las fuerzas del orden, la investigación ha sido asumida por la Justicia Penal Militar, contraviniendo mandatos expresos de la normativa nacional e internacional sobre la competencia judicial de este tipo de crímenesii. Durante el año 2010, se incrementaron en un 10% los asesinatos de indígenas, pues fueron asesinados 122 miembros de comunidades indígenas, mientras en el 2009 habían sido asesinados 110 integrantes. Entre los meses de enero a abril de este año se registra ya un aumento de 48% en los asesinatos de indígenas con relación a igual período del año pasado.

La protección a los periodistas, excluida también de Plan de Acción Laboral, no muestra mejoras bajo el actual gobierno. La Fundación para la Libertad de Prensa ha denunciado que en los últimos 6 meses 57 periodistas han recibido amenazas de muerte, en comparación con 48

presentado a lo largo de todo el año pasado.

Situaciones igualmente preocupantes han sido denunciado en el ámbito de la violencia sexual y los derechos de las mujeres, temas en los cuales no se formularon exigencias en el acuerdo para la viabilización del Tratado de Libre Comercio. De los casos de violencia sexual recopilados por la Corte Constitucional de Colombia en el contexto del Auto 092 sobre ataques sexuales a las mujeres en el marco del Conflicto Armado se constató que el 58% de estos graves casos han sido perpetrados por paramilitares, 8% por las guerrillas, en un 11% se desconoce el autor, y en 23% la autoría de estos casos se atribuyó a fuerzas gubernamentalesiii.

5. La Reactivación de la Práctica de las Ejecuciones Extrajudiciales

El abandono de la exigencia de compromisos en el tema de la comisión de ejecuciones extrajudiciales y de resultados concretos en el combate a la impunidad de las mismas pudiera estar incidiendo en algunas prácticas que han conducido a la reactivación del aumento de los casos perpetrados, así como la proliferación de prácticas en el estamento militar que buscan oponerse al avance de las investigaciones y al enjuiciamiento y sanción sobre los responsables.

La conformación de una estructura corporativa al interior de las Fuerzas Armadas, conocida como Defensoría Militar (DEMIL), bajo la orientación y dirección de altos mandos del Ejército, que con el pretexto de la defensa judicial de los militares en estos crímenes sistemáticos, ha venido obstaculizando mediante prácticas dilatorias y estrategias abusivas el avance de los proceso, ha sido señalada, inclusive por autoridades judiciales, de ser uno de los principales factores de la impunidad en que se encuentran gran parte de los procesos que se siguen por estos crímenes que se perpetraron de manera generalizada y sistemática en los últimos 8 años.

Un caso notorio de estas prácticas abusivas lo constituye el recambio reiterado en 7 ocasiones de los abogados encargados de la defensa judicial del Subteniente Raúl Muñoz Linares, quien al mando de un grupo de soldados se encuentra procesado por la violación y asesinato de los niños de Tame (Arauca), con el efecto de suspender permanentemente las audiencias y obligar a conceder plazos reiterados para que la nueva defensa judicial pueda asumir el estudio del caso, dilatando de manera intencional el proceso. En el caso emblemático de Soacha, y en muchos otros casos de falsos positivos, prácticas similares han conducido a la libertad por vencimiento de términos de los militares que estaban siendo procesados.

Igualmente, no ha dejado de ser una constante que los nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales sean avocados en su conocimiento por personal integrante de la Jurisdiccional Penal Militar, determinando desde el comienzo un rumbo de impunidad en las investigaciones para los autores de los hechos, que difícilmente puede subsanarse o corregirse en los pocos casos en los cuales pasan posteriormente a conocimiento de la justicia ordinaria. A esto se suma la actitud refractaria que mandos militares han mostrado y expresado de manera pública para que los militares que han sido condenados por ejecuciones extralegales y arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos puedan pagar sus condenas en establecimientos de reclusión por fuera de las guarniciones militares, en las cuales pueda se pueda ejercer un efectivo control a los innumerables privilegios, comodidades y ausencia de disciplina que rodean su permanencia en estos sitios, como ha sido constatado en los últimos meses.

6. Se agrava falta de garantías a la Labor de los/as defensores de Derechos Humanos

La exclusión de exigencias eficaces de protección a los y las defensores(as) de derechos humanos del Plan de Acción para la aprobación del Tratado Comercial constituye también una mala señal para las Autoridades Colombianas en sus obligaciones de proteger y garantizar la labor de los defensores.

El asesinato el 7 de junio pasado de la Líder de los Desplazados de Medellín, ANA FABRICIA CÓRDOBA luego de que recibiera múltiples amenazas y persecución por parte de agentes estatales después de denunciar la ejecución extrajudicial de su hijo menor a manos de miembros de la Policía nacional y la falta de voluntad para proteger su vida ante el riesgo inminente de su asesinato denunciado por ella 2 semanas antes de su asesinato ante la Vicepresidencia y otras entidades estatalesiv, evidencia la ausencia de garantías para los defensores(as) de derechos humanos en Colombia y en especial, para aquellos comprometidos con liderar procesos para el reclamo de sus tierras despojadas, de los cuales 59 de sus líderes han sido asesinados en últimos 3 años.

Una evaluación conjunta de las Plataformas nacionales de organizaciones de Paz y Derechos Humanos y de las organizaciones de las comunidades afrocolombianas sobre la falta de garantías para los defensores de derechos humanos y líderes sociales obligó a estos a suspender el proceso de interlocución que sostenían con el Gobierno nacional, mientras esperan del Presidente Santos una manifestación de voluntad expresa en el sentido de que sus vidas y su labor en pro de los derechos humanos van a ser protegidas y garantizadas.

La protección de la vida de los sindicalistas y la superación de la impunidad en la cual se encuentran cerca de 2900 víctimas de asesinatos de integrantes de las organizaciones sindicales es una necesidad indiscutible en la realidad colombiana. El aumento de las medidas de protección a los sindicalistas y la destinación de un mayor número de fiscales a investigar los crímenes en su contra constituye una genuina demanda de muchos sectores de la sociedad colombiana y estadounidense, correctamente formulada en el Plan de Acción Laboral Obama-Santos. Sin embargo, si dicha exigencia no viene acompañada de los recursos necesarios para poner en práctica dichas medidas puede terminar propiciando una injerencia distorsionadora de las políticas y estrategias nacionales para abordar la protección de sectores en riesgo y para la lucha contra la impunidad de diversos crímenes contra los derechos humanos. En ausencia de dichos recursos adicionales, podría también propiciar tensiones y pugnas entre diversos sectores por alcanzar umbrales de prioridad en la consideración de sus propias necesidades de protección, favoreciendo con dicha injerencia divisiones perversas e injustificadas entre los diferentes sectores sociales en Colombia.

7. Desmonte de las medidas de protección a defensores/as de derechos humanos con graves riesgos

Mientras en 2010, los(as) defensores(as) de derechos humanos en Colombia soportaron 174 eventos de agresión, en los primeros 5 meses ya han ocurrido 140 agresiones, incluidas 98 amenazas y 18 asesinatos de defensores(as) durante lo corrido del 2011. Aunque el Gobierno del Presidente Santos se ha comprometido a fortalecer las medidas de protección para los trabajadores sindicalizados, en el último año se deterioraron notablemente los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos por medio del Decreto 1740 del 2010.

En virtud de esta medida, los(as) defensores(as) de derechos humanos en las regiones se han quedado sin medidas de protección y a muchos se les han retirado los medios de custodia, de comunicación o de transportes que tenían asignados para desarrollar sus labores o para desplazarse a las zonas en donde se están presentando las mayores amenazas o el mayor número de víctimas.

Casos ejemplarizantes del deterioro reciente de las medidas de protección a defensores(as) de derechos humanos son los casos de los presidentes de los Comités Permanentes de Derechos Humanos de los Departamentos de Nariño y Risaralda, donde la situación es cada vez más crítica, impidiéndoles desplazarse a los municipios por fuera de la capital y acompañar los líderes y comunidades victimizadas. A raíz de la aplicación del mencionado Decreto 1740 del 2010, a JAVIER DORADO, Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Nariño, uno de los líderes más amenazados de ese departamento, se le retiraron los medios que tenía asignados para su trasporte y comunicación, impidiéndole realizar labores de acompañamiento y denuncia en las diferentes regiones y municipios de dicho departamento. Igual situación se presenta en el caso del Presidente de Comité de Derechos Humanos del Departamento de Risaralda, GUILLERMO CASTAÑO, quien a pesar de las múltiples amenazas denunciadas se la han negado todas las medidas de protección solicitadas, impidiéndole también el ejercicio de sus laborales de defensa, protección y denuncia y colocando en grave riesgo su propia vidav.

Más allá de estas consecuencias, es claro que los avances que pueda propiciar la implantación del Plan de Acción Laboral no están en condiciones de contrarrestar ni siquiera en mínima medida, los enormes estragos que un Tratado de Libre Comercio entre Colombia u EEUU va a generar en la estructura productiva de nuestro país, en la pérdida previsible de puestos de trabajo en la agricultura, en la pequeña y mediana industria y en el deterioro de las condiciones para el acceso a la salud, a los medicamentos, a la seguridad alimentaria para millones de campesinos y en la capacidad del Estado para trazar de manera soberana hacia el futuro sus propias prioridades de desarrollovi.

Las protección de los líderes campesinos y de los miembros de las comunidades indígenas y

afrocolombianos, de los periodistas, líderes religiosos, opositores políticos, funcionarios judiciales que luchan contra estos crímenes y de los líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos deben también ser objeto de consideración en cualquier agenda o Plan de Acción que se proponga con el fin de superar la grave de situación de vulneración de los derechos humanos actualmente imperante.

Para la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, Red de 220 organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país, el Plan de Acción Laboral, a pesar de los avances parciales que postula en algunos temas laborales y sindicales, no da cuenta de la gravedad de la situación de vulneración a los derechos humanos ni de las situaciones de vulneración y riesgo en que se encuentran diversos sectores sociales y defensores de derechos humanos, ni logra superar ni compensar las grandes asimetrías económicas y los impactos económicos adversos que se generarían con la implementación del Tratado Bilateral de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. La preocupación y las premuras por anteponer intereses comerciales a las consideraciones de derechos humanos integralmente tendrá como consecuencia el debilitamiento de la democracia, de la lucha contra la exclusión y las desigualdades, y el agravamiento del conflicto armado y las vulneraciones sistemáticas y persistentes de los derechos humanos en perjuicio de unas relaciones bilaterales centradas en el respeto mutuo y la justicia en las relaciones económicas y comerciales entre las dos naciones.

NOTAS

iCinep. Falsos Positivos 2010: Clamor por la Verdad y la Justicia. En: www.cinep.org.co/node/1244

ii Las últimas horas de los tres niños asesinados en Tame, Arauca. En: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO‐WEBNEW_

NOTA_INTERIOR‐8245390.html

iii La Violencia Sexual en Colombia. Un arma de guerra. Informe de Oxfam Internacional 9 de septiembre 2009. En :

http://www.oxfam.org/es/policy/violencia‐sexual‐colombia

iv Programa Somos Defensores: Ana Fabricia Córdoba: Un crimen de las balas y del Decreto 1740. En:

http://www.somosdefensores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80:ana‐fabricia‐cordoba‐un‐crimen‐de‐lasbalas‐

y‐el‐decreto‐1740&catid=8:novedades&Itemid=3

v Carta de organizaciones al Gobierno por situación del campo, campesinos y defensores de la vida, 25 de mayo de 2011. En:

http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1349&Itemid=34

vi Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Declaración de la CUT sobre el “Plan de acción de Colombia y Estados Unidos para

derechos laborales”. En: http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=340:la‐cut‐reclama‐soluciondel‐

paro‐nacional‐camionero&catid=34:comunicados

Con el apoyo de:

DIAKONIA

COORDINACIÓN SUIZA POR COLOMBIA

MISEROR DAS HILFSWERK

OXFAM INTERMON

BROT FUR DIE WELT

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