La autonomía, además de las decisiones académicas, debe permitir a la universidad administrar sus bienes y recursos y asumir normas administrativas propias.
No hay mejor mérito para un académico que poner en duda una verdad establecida.
Hace unos días mencionaba la necesidad de empezar a discutir los temas centrales que estarán presentes en la futura ley de educación superior.
Otro tema que necesariamente debe analizarse y que estará presente en la Ley es el de la autonomía universitaria. Este es un concepto mal entendido por algunas personas que lo atacan y por otras que lo defienden. No se trata de una patente de corso otorgada en el Medioevo a las universidades para que hagan lo que quieran. Tampoco es una dispensa papal para no cumplir las leyes nacionales, ni una condición de extraterritorialidad, ni un gobierno alterno al nacional.
La autonomía universitaria es un acto que legitima múltiples y muy diversas formas de gobierno universitario. En Colombia tenemos universidades cuyas directivas son nombradas por un consejo conformado por representantes internos y externos; tenemos otras en las que el rector es nombrado por el Papa, otras en que lo es por una junta de fundadores o incluso por una logia masónica. Todo eso está muy bien y enriquece a la sociedad con opciones múltiples. Asegura una diversidad muy productiva.
La autonomía universitaria es, ante todo, un reconocimiento social que en algunos países como el nuestro ha sido elevado a rango constitucional. Un reconocimiento de que una institución fundamentalmente altruista, con probada buena voluntad, cuya actividad se basa en la producción y difusión de conocimiento y con una gran capacidad de reflexión crítica, hará sus mejores aportes si no es constreñida por las necesidades de corto plazo de gobiernos y de grupos políticos. La autonomía para ser real, además de las decisiones académicas, debe permitir a la universidad administrar sus bienes y recursos y asumir normas administrativas propias.
No hay mejor mérito para un académico que poner en duda una verdad establecida. Cualquier propuesta es revisada en la universidad desde varios puntos de vista y en forma continua y repetida. Todo nuevo conocimiento ayuda para confrontar interpretaciones previas de la realidad. La autoridad formal está subordinada siempre a la argumentación.
La autonomía universitaria le otorga legitimidad a la indisciplina creativa. Las sociedades reconocen que se equivocan en sus políticas; por eso aseguran, con la más confiable de sus instituciones, el mantenimiento de una capacidad para detectar y superar errores. La Universidad va despacio, a veces parece conservadora, pero históricamente ha demostrado que se equivoca menos y que puede ayudar a corregir los rumbos.
En otras palabras, la autonomía universitaria es un aseguramiento de la pertinencia de largo término sobre aquella derivada de políticas incidentales. Los países en los que la autonomía ha sido sacrificada en nombre de un «bien común» y de unas prioridades fijadas autoritariamente han pagado un costo alto. Basta comparar lo que fue el desarrollo de las universidades estatales en la Alemania nazi, en la Unión Soviética o en la China de Mao con el de las universidades autónomas europeas y americanas, para entender la importancia de ese seguro.
Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) ha preparado un proyecto de Ley Estatutaria de Autonomía que espera sea recogido por los congresistas paralelamente a la Ley corriente que organiza a la educación superior. Pienso que el proyecto interpreta muy bien la jurisprudencia de las altas cortes durante los últimos 20 años.
Es importante que la sociedad entienda, en la próxima discusión de la Ley de Educación Superior, que la autonomía no es un privilegio exorbitante ni un anacronismo legal, sino que por el contrario constituye un instrumento útil y siempre moderno, que ha demostrado su eficiencia durante los mil años de existencia de la Universidad occidental.
Tomado de ElTiempo.com
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