UNÁMONOS PARA  ENFRENTAR LA DESFINANCIACIÓN  DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

UNÁMONOS PARA  ENFRENTAR LA DESFINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Bogotá D.C., 2 de noviembre 2017

El huracán de la crisis financiera, que golpea a la educación pública en todos sus niveles, desde preescolar hasta la universidad, desnuda al Gobierno Santos, el cual, infructuosamente, trata de ocultarse bajo el manto raído de la afirmación de que nunca se había invertido más en educación que en su gobierno. El principal mentís se lo dio el paro nacional del magisterio, que lo obligó a reconocer qué hay cinco brechas en la financiación de la educación, de tal manera que no se cuenta con los recursos para atender a los casi tres millones de niños que no están estudiando – no en vano las coberturas en transición de 56%, primaria de 84%, secundaria de 71% y media de 41%, son una vergüenza-; que la plata no alcanza para alimentación –para 7.601.758 estudiantes apenas hay refrigerios para 4 millones de estudiantes a $1.615 la ración y 1.493.566 almuerzos, menos que el 1.602.099  del año 2016, a $2.422, irregularmente  suministrados en medio de una escandalosa corrupción-, transporte -donde todo el esfuerzo recae en municipios y departamentos-, dotación, servicios públicos y salarios en condiciones dignas; qué hay un rezago histórico con la infraestructura; que no hay recursos para la jornada única para infraestructura -apenas se construyeron, entre 2014 y junio de 2017, 4.006 aulas con el concurso  del MEN, las Entidades Territoriales y otros actores, de las 30.000 que aseveró este gobierno que construirá y que son una parte muy pequeña de las 80.000 que son necesarias- alimentación y personal docente y administrativo; y qué hay que revisar el número de estudiantes por grupo y profesor porque es excesivo. En síntesis, que debe adelantarse una reforma estructural al Sistema General de Participaciones, SGP, para colmar en un plazo de diez años los abismos que ha cavado el Gobierno.

Si bien el origen legal de la crisis se encuentra en los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, en los gobiernos de Pastrana y Uribe y con los ministros de Hacienda Santos y Zuluaga, protagonistas de las vertientes políticas de los mismos con las mismas que actualmente pretenden “venderse” como salvadores de la patria, crisis agravada por la decisión del Gobierno Santos de no modificar el SGP como se lo exigió Fecode desde 2015 , de tal manera que este año tenemos un déficit de quinientos mil millones de pesos, que para el 2018 sube a un billón doscientos mil millones y una caída real en los ingresos por cuenta de que mientras ellos suben apenas un irrisorio 0,5% la inflación estará entre el 3,5 y el 4%, lo que implica un decrecimiento en términos reales; es en lo político, en el acuerdo extendido con el FMI de 1999 y la política contraria a los intereses de Colombia de los Gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, donde se encuentran las bases de las decisiones que se tomaron para beneficiar al capital financiero, garantizándole sus súper ganancias, bajo el pretexto de que no se manejaban “eficientemente” los recursos de educación  y salud y que con menos se podría hacer más.

Aurelio Suárez ha señalado como mientras el recorte del SGP entre 2002 y 2017 ascendió a 140 billones, las exenciones tributarias, descuentos y beneficios tributarios, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica  al capital extranjero fueron de 100 billones, lo cual no es una coincidencia sino la prueba reina de que se desfinanció la educación y la salud, con sus funestas consecuencias de atraso económico y desmejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos, para privilegiar a unos pocos. En consecuencia, de lo que se trata es de derrotar la política económica del Gobierno dictada por la OCDE.

A la universidad pública se le aplica una descarada política de estrangulamiento financiero. La muestra más cínica, aunque no única, es el programa de “ser pilo paga” con el cual se le transfieren cuantiosos recursos (1,2 billones entre 2015 y 2017) al sector privado por atender un escaso número de estudiantes (30.000) cuando a las universidades públicas se les transfieren los mismo 1,2 billones para atender a 600.000 estudiantes. En el presupuesto de 2018 no aparecen las partidas del 40% del punto del IVA llamado social, que equivale a $550 mil millones y otros $550 mil millones de Imporrenta. En cambio se asignaron 980 mil millones para el Icetex y 580 mil millones para “ser pilo”. Razones de sobra tiene la comunidad universitaria para salir a las calles a defender su existencia.

Con bombos y platillos se ha anunciado el ingreso de Colombia a la OCDE como la feliz iniciativa que nos llevará al paraíso donde viven los países más ricos. La realidad, al igual que cuando pregonaron la apertura económica y los TLC, es dismetralmente opuesta: en lugar de exportar más, importaciones a granel; en lugar de desarrollo, desindustrialización; en lugar de mejores condiciones de vida, desempleo, subempleo y falta de educación y salud; en lugar de protección del medio ambiente, su destrucción acelerada. La educación no juega más que como propaganda engañosa, al igual que el programa laboral del TLC con Estados Unidos, para engatusar al país ocultándole las verdaderas intenciones que no son, ni mucho menos, pasar de los 1.094 dólares que invierte Colombia por estudiante en primaria a los 8.296 promedio de la OCDE, sino la entrega total de Colombia a la voracidad de las multinacionales y la banca.

La creación, en los acuerdos del paro, de la comisión para reformar el SGP, conformada por el Gobierno Nacional, FECODE, la Procuraduría y los representantes de departamentos y municipios, es un avance en la dirección correcta, lo que no significa que su sola actuación vaya a resolver el problema. Para ello es imprescindible organizar un frente de la mayor amplitud posible en el cual se unan parlamentarios, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, medios de comunicación, gremios, sindicatos, maestros, estudiantes y padres de familia. Por eso hay que resaltar la importancia del Foro Nacional sobre financiación al cual asistieron los presidentes de Senado y Cámara, el senador y candidato presidencial Jorge Robledo, el senador Senén Niño, los concejales Antonio Sanguino de Alianza Verde, Álvaro Argote y Celis Nieves del Polo, el Gobernador de Boyacá, el Secretario de Hacienda de Ibagué y delegaciones de todo el país.

Ese frente único por la salvación de la educación pública es la herramienta de lucha imprescindible a nivel nacional, departamental y municipal para enfrentar la política económica de Santos, sacar adelante la reforma constitucional de financiación y  convertir la educación pública en un motor que ayude a Colombia a superar el  atraso científico, tecnológico y productivo y la pobreza.

TRIBUNA MAGISTERIAL

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