Ministro Gaviria, sus diagnósticos empeoran la situación de la educación pública

La práctica médica ha demostrado que si se diagnostica mal la enfermedad se receta el tratamiento equivocado y por ende el paciente no mejora, sino que empeora. Esta premisa de las ciencias de la salud también aplica a los fenómenos sociales y por eso es preocupante que el ministro Alejandro Gaviria enuncie dictámenes errados o sin evidencia para justificar las políticas educativas del actual gobierno.

El primer diagnóstico equivocado surge cuando el jefe de la cartera de educación dijo el 6 de octubre, que, “si vamos a una escuela o colegio rural y encontramos un niño de 10 años, probablemente ese niño no sepa leer, 2 de cada 3 niños de esa edad en la educación pública no saben leer” señalando este hecho en la principal crisis de la educación de Colombia. Dicha afirmación la presenta sin ninguna evidencia que la sustente debidamente, por lo tanto queda en entredicho la veracidad del diagnóstico que realiza el jefe del MEN y centra la atención en un aspecto inexacto dejando en segundo renglón la grave crisis en la financiación de la educación pública. De ser cierta, esta no sería una causa, sino una consecuencia de las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE durante los últimos 30 años en el país.

El segundo diagnostico es la confesión de aplicar una medicina perjudicial anunciada el 7 de septiembre, cuando el ministro alega que su papel en el ministerio es paradójico (ilógico o contradictorio) porque el presupuesto para la educación preescolar, básica y media es inflexible ya que su distribución está claramente definida en la reglamentación del Sistema General de Participaciones. En esta expresión queda latente la intención del actual gobierno de materializar una de las recomendaciones más importantes de la OCDE, la de eliminar las destinaciones especificas en el SGP para que los entes territoriales asuman mayores responsabilidades fiscales.

Hay que subrayar que, gracias a la estricta reglamentación, la gran mayoría de los dineros para el sector llegan directamente a los establecimientos educativos y a la nómina docente para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes, por otro lado, con esta fórmula se ha reducido sustancialmente las pérdidas de recursos por corrupción porque los dineros en más de un 90% tienen una distribución definida por la ley, evitando asignarlos a través de procesos de contratación.

El tercer diagnóstico contra la educación pública es una pócima malsana y así se entiende porque el ministro el 30 de agosto, dijo que “el Sistema General de Participaciones tiene que ser coherente con la planeación fiscal de mediano plazo, en nuestro país con lo que se llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, lo que implica poner como prioridad los criterios de la regla fiscal sobre la financiación de los gastos e inversiones de carácter social. La propuesta realizada en el congreso implica que la reforma al SGP cumplirá los mismos términos pactados con el FMI y BM de los años 2001 y 2007, asegurando que Colombia antepondrá el pago de la deuda a la banca internacional sobre la adecuada financiación de la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico.

El cuarto diagnóstico entre errado y manipulador lo hizo el 7 de septiembre, cuando el ministro Gaviria señaló que la matricula está cayendo principalmente porque hay una disminución en la población en edad escolar y lo usa como argumento para justificar la reducción de plazas docentes, el cierre de las vacantes en la plataforma Sistema Maestro, el despido de maestros provisionales y la imposición de los programas de Escuela Nueva y Post-primaria en zonas urbanas. El alto funcionario desconoce que, según el DANE, al finalizar el año 2021 había 2´073.646 niñas, niños y jóvenes en edad escolar por fuera del sistema educativo y que esta cifra aumentó significativamente en 599.646 niñas, niños y jóvenes en comparación al año 2019. De igual forma ignora el estudio realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana que presenta la alarmante cifra de que en el 2021 la inasistencia en los establecimientos educativos fue de un 30%, en otras palabras, 3 de cada 10 estudiantes matriculados no asistió al colegio. Los datos suministrados por el DANE y la Universidad Javeriana demuestran que el argumento del ministro es falaz y que la política del actual gobierno sigue la misma senda del anterior, de disminuir el número de maestras y maestros en la nómina estatal.

En contraste a las formulaciones del ministro Gaviria el magisterio siempre ha cuestionado las políticas emanadas desde el FMI, BM, BID y la OCDE señalando su carácter antinacional y contra los derechos de los colombianos, también ha defendido una reforma al Sistema General de Participaciones que aumente real y progresivamente los recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, garantizando que el estado sea el principal responsable de destinar una asignación específica para financiar cada sector quitándole este enorme peso a los escasos recursos financieros de los entes territoriales.

Desde que el expresidente Andrés Pastrana y su ministro de hacienda Juan Manuel Santos impusieron el acto legislativo 01 de 2001 y la ley 715, la federación ha pedido la derogatoria de sus normas reglamentarias, entre ellas el decreto 3020 que estableció la relación entre el número el número de estudiantes por salón y el número de profesores por colegio, la cual ha arrojado como consecuencia el hacinamiento en las aulas afectando negativamente las condiciones educativas del estudiantado y una reducción significativa de la planta de personal docente impactando en la salud mental y física de las maestras y maestros por la sobrecarga laboral. De igual forma, siempre ha sido una exigencia del magisterio al gobierno nacional, la definición de unas políticas claras para que la matricula oficial aumente, disminuir la deserción y el ausentismo escolar.

El gobierno nacional debe cumplir los acuerdos con los maestros, lo expresado por el ministro no está apegado a lo pactado, que si bien firmó un gobierno anterior debe ser acatado por la administración actual y el comité ejecutivo de Fecode después de casi dos meses y medio y dos reuniones sin que se haya avanzado en algo y con la sombra de la política contra el gremio y la educación pública proyectándose en cada conferencia y cada reunión del ministro, debe convocar al magisterio a defender los acuerdos y rechazar políticas tan abiertamente perjudiciales como subordinar el SGP al marco fiscal de mediano plazo, que es poner el pago a la banca internacional sobre todas las cosas.