04/08/2021

Felicidad Inversionista y réquiem por criterios ambientales

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá 15 de enero de 2013


La segunda semana de enero de 2013 fue nefasta en materia ambiental en Colombia. No es fortuito, es fruto del proceso paulatino de devastación de los pocos criterios ambientales que existían en pro de los inversionistas interesados en el patrimonio natural.


La prórroga del contrato de Cerromatoso; la restitución de la licencia ambiental al hotel “Los Ciruelos” del parque Tayrona; la incertidumbre sobre la eficacia de la declaratoria como parque natural del Páramo de Santurbán; muestran en cada caso cómo se sepultan normas prevalecientes.

Lo de Cerromatoso es la prórroga de lo improrrogable. Desde 1996 se violaron los códigos vigentes y, a partir de allí, lo actuado es ilegítimo. No obstante, el gobierno de Santos, para brincarse nuevamente las normas, se fundó en concepto del Consejo de Estado, el que indujo mediante preguntas que no apuntaban a las partes esenciales de la discusión, para montar la renovación casi hasta el agotamiento del recurso, excluyendo tanto la reversión inmediata de las instalaciones industriales al Estado como desoyendo la denuncia de la Contraloría de que no había licencia ambiental. La directora de la ANM (Agencia Nacional Minera) advirtió que así se “había dejado línea para los contratos mineros”. ¡Qué esperanza!

El caso de los hoteles del Tayrona pone la discusión en la conveniencia de la propiedad privada dentro de los parques naturales. En casi todos los países está prohibida por la amenaza permanente al ecosistema de cuanto negocio quiera adelantarse allí y porque se conoce del ingenio utilizado por los negociantes para salvar restricciones establecidas hasta “coronar”. En Tayrona cuenta también la presencia de comunidades indígenas a las que debe consultarse; tales procesos se han convertido en un formalismo tal que Mauricio Cárdenas, cuando era ministro de Minas, dio parte de tranquilidad en la bolsa de Toronto diciendo que “no tenían poder de veto”. Santurbán es la unidad bio-geográfica de 438 mil hectáreas que surte de agua a 2,2 millones de personas y en su entorno merodean 30 títulos mineros de seis compañías extranjeras. Si bien la declaratoria de un parque natural de 11.700 hectáreas, a instancias del Instituto Humboldt, puede ir en la dirección correcta, hay escepticismo en su utilidad para una conservación efectiva porque se estableció en un tamaño mucho menor que al que aspiraba la comunidad afectada, porque la directora de dicho Instituto ha afirmado que la propiedad privada en parques “no es ni buena ni mala” y porque el ministro Uribe anunció que “…algunas áreas intervenidas tendrán que ser analizadas” y “vendrán acuerdos y planes de manejo”.

El trípode: licencia ambiental, consulta previa y parque natural, está agonizando en aras de la Felicidad Inversionista. A ella está supeditado por estos tiempos y con estos gobiernos.

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