02/08/2021

EDITORIAL DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

En medio del silencio casi total de los grandes medios de comunicación que están al servicio del gobierno, decenas de miles de docentes se movilizaron el pasado jueves en todo el país para rechazar políticas concretas de la administración de Juan Manuel Santos, a pesar de las amenazas de la ministra de Educación María Fernanda Campo que en una Directiva Ministerial ordenó a los rectores y secretarios de educación que tomaran nota de los docentes participantes en la jornada nacional de protesta convocada por Fecode.

El motivo central de la protesta magisterial fue muy claro: exigirle al gobierno que solucione de inmediato el grave problema de deterioro que acusan los servicios médicos que se prestan a los docentes y sus familiares más cercanos. La calidad, oportunidad y eficacia de estos servicios está despareciendo por cuenta de una política de asfixia presupuestal que se inició en el pasado gobierno y ha continuado con el actual, tras la decisión de los representantes de los ministerios de educación, hacienda y protección social en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de prorrogar los actuales contratos de salud hasta mediados del año entrante sin modificar para nada el costo de la unidad de capitación que se ha mostrado insuficiente para atender el servicio a los docentes.

El magisterio incluyó también en su protesta del jueves el rechazo total a la nueva propuesta de reforma al sistema general de seguridad social en salud a través de un proyecto de ley que presentó la senadora santista Dilian Francisca Toro, que cuenta con el apoyo del gobierno. Este proyecto busca rescatar los decretos de emergencia social que expidió el gobierno anterior y que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. La reforma plantea la adopción de un Plan Obligatorio de Salud único, nivelado por lo bajo, con lo cual les asegura a los mercaderes de la salud mayores ganancias. Y al ordenar que todos los colombianos estén afiliados al régimen contributivo o al régimen subsidiado, elimina de un tajo los regímenes especiales existentes en materia de salud, entre ellos el del magisterio que, como todos recordarán, logró con la lucha en 1993, ser exceptuado de la aplicación de la fatídica ley 100.

Fue también objeto de rechazo por parte de los maestros asistentes a las marchas y concentraciones del jueves 9 de septiembre, la decisión del gobierno de Santos y su ministra Campo de continuar con el sistema de contratación con el sector privado la prestación del servicio público educativo, como lo anunció la ministra en la primera reunión celebrada con Fecode el 26 de agosto, en la que también declaró tajantemente que el nuevo gobierno no tiene ningún interés en discutir con el magisterio la posibilidad de unificación de los regímenes laborales existentes en un solo estatuto que acabe con la artificial división del gremio.

La presencia de torrentes de maestros en las calles y plazas colombianas el jueves pasado es una muestra estimulante de que hay sectores en nuestra sociedad que no tragan entero todas las baratijas y engaños con los que los medios de comunicación y los sectores políticos gobernantes quieren enredar al pueblo colombiano para que acepte sin chistar la política de profundización del modelo neoliberal y de mayor sometimiento al dominio imperialista norteamericano. Con un magisterio dispuesto a luchar por sus derechos y a enfrentar el modelo imperante hay esperanza de que otros sectores de trabajadores y de colombianos oprimidos se levanten.

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