Los jefes de hogar quedan sin excusas para no enviar a los pequeños a la escuela.
El año escolar 2012 será el primero en que la educación impartida por colegios públicos se ofrecerá de manera completamente gratuita en todos sus niveles. Así lo determinó el Gobierno Nacional el año pasado, en concordancia con fallos de la Corte Constitucional. Matrículas, pensiones, útiles y textos no tendrán ningún costo para unos 8,5 millones de niños y jóvenes inscritos en los planteles oficiales.
De hecho, el Ministerio de Educación anunció la destinación de más de medio billón de pesos para que se haga realidad dicho mandato en toda la geografía nacional. Sin embargo, la ministra María Fernanda Campo, reu-nida en estos días con los secretarios regionales del sector, denunció que en 12 entidades territoriales algunos rectores e instituciones siguen cobrando. Bonos, pagos deportivos e inscripciones son algunas de las trampas con las que aquellos funcionarios públicos están estafando a las familias.
Las ciudades de Barranquilla, Ibagué, Tunja, Yopal, Cali, Santa Marta, Villavicencio y Soacha, así como los departamentos de Atlántico, Bolívar, Tolima y Nariño encabezan el listado de quejas sobre peticiones ilegales de dinero a los padres. Es tarea prioritaria de esta cartera identificar las denuncias, prestarles atención y hacerles el debido seguimiento.
Las autoridades educativas de las localidades mencionadas tienen asimismo la responsabilidad conjunta de garantizar la gratuidad en sus respectivas jurisdicciones. Que los estudiantes, desde transición hasta último grado, reciban una educación sin costos amarrados no es un regalo del Estado sino el ejercicio de un derecho por mucho tiempo postergado.
Levantar las últimas barreras financieras al acceso educativo deja sin excusas a los jefes de hogar para no enviar a los pequeños a la escuela. De una aplicación estricta de la norma hoy depende que el país empiece pronto a recoger los beneficios sociales y económicos de millones de niños y adolescentes con una mínima formación básica.
Por tal razón, al Gobierno Nacional y a las administraciones territoriales no debe temblarles la mano para sancionar a los rectores y centros docentes que encarezcan ilegalmente la entrada a las aulas y el disfrute de un derecho que, a partir de este año, es ciento por ciento gratuito.
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