Por: MARÍA ISABEL RUEDA | 8:00 p.m. | 19 de Febrero del 2012
Ministro de Agricultura y senador del Polo están enfrentados por programa bandera del Gobierno.
Senador Jorge Enrique Robledo
¿Por qué dice que la restitución de tierras parece un ‘falso positivo’?
Usted ha expresado dudas sobre las cifras de restitución de tierras que está presentando el Gobierno…
Soy amigo de la restitución de tierras, pero las cifras dicen que en esto el Gobierno va muy mal.
¿Por qué?
Porque en las cifras que está presentando el Gobierno, en el país y en el exterior, está mezclando todos los programas de tierras, que son ocho en total, que incluyen cosas distintas a la restitución y que incluso vienen de gobiernos anteriores. A quien han despojado de su tierra en forma violenta, deben devolverle esa misma tierra. Esa es la restitución propiamente dicha, que es la única política nueva de Santos. Otra cosa es la titulación de baldíos, por ejemplo, que viene desde la Colonia, o las tierras para resguardos o las de la Dirección de Estupefacientes.
¿Y por qué cree que la meta del Gobierno de que en el cuatrienio Santos se restituirán sus tierras a 160.000 familias es inalcanzable?
Por las propias cifras oficiales: a diciembre 31 del 2013 calculan restituir 11.200 predios. Eso sale de sumar 699 en el 2011, 2.100 en el 2012, y 8.400 en el 2013. Entonces quedarían faltando 149 mil restituciones en siete meses que le quedarán al gobierno Santos en el 2014. Y en diez años de vigencia de la ley, al 2021, habría que llegar a 350.000, que es el total de víctimas. Peor no es posible.
¿De dónde sale la meta de las 160.000 familias por restituir?
Está en el Plan Nacional de Desarrollo, la ha anunciado el ministro Restrepo, el jefe de la Unidad de Restitución, el Presidente Santos… Esa cifra aparece en todas partes como la meta de la restitución. Lo nuevo, que es muy desafortunado, consiste en que el ministro Restrepo ahora dice que esa no es una meta de restituciones, como aparece en todos los documentos oficiales que le estoy mostrando. Luego si además no la respetan como meta, peor todavía.
¿Usted lo que está pidiendo es que en las cifras que exhibe el Gobierno no se mezcle la restitución de tierras con la titulación de baldíos, porque así sean frutas, unas son peras y otras manzanas?
Esa es una buena comparación.
¿Y que digan cómo van a cumplir la meta, porque al ritmo que vamos, es imposible pensar que lo harán?
Exactamente. Esta discusión debe darse y tiene como propósito que efectivamente restituyan.
Pero, con todos los obstáculos que naturalmente tiene la restitución de tierras, ¿usted por lo menos reconoce que el Gobierno está muy comprometido?
Pues ante la realidad de las cifras, hay grandes dudas de si el Gobierno es consecuente. El Polo presentó un proyecto de ley distinto a este, porque nos parecía que el del Gobierno era cicatero (mezquino) con las víctimas. Pero ese ya no es el debate, sino la restitución, y las cifras dicen que va muy mal. Otra cosa grave es que entre las cosas del proyecto del Gobierno que el Polo sí respaldó estaba que en los procesos de restitución se aplicaría la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que no es la víctima la que debe demostrar la propiedad, sino que es el tenedor quien tiene que demostrar que no la obtuvo ilegalmente.
¿Y acaso no está funcionando así?
En el decreto reglamentario de la ley echaron atrás la inversión de la carga de la prueba. El ministro Restrepo lo explica, y le leo: «En la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir que, una vez presentada la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba». ¿Qué quiere decir? Que es a la víctima, así sea con la ayuda del Estado, a la que le toca la carga de la prueba. Y eso no es lo que dice el artículo 78 de la ley. Esto provocará un enredo de jueces, abogados, funcionarios, que probablemente sea lo que explique por qué las metas de restitución son tan mediocres. La inversión de la carga de la prueba la presentó el Gobierno, en Colombia y en el exterior, como una muestra de su buena voluntad. Que la ley diga una cosa y la reglamentación otra, obliga a preguntarse sobre el grado de seriedad que hay aquí.
Contésteme con la mano en el corazón: ¿duda del compromiso del Gobierno con la restitución cuando, haciendo presencia en Necoclí, zona muy neurálgica de despojo de tierras, Santos se ganó la oposición de los empresarios de la zona y fue recibido con frialdad por la clase dirigente antioqueña?
Cualquier restitución, por poca que sea, pisa callos. Las 11.000 restituciones generan 11.000 enemigos. Pero para el conjunto del problema y de su solución, eso no es lo que se necesita. Lo que estamos diciendo es que con 11.000 o una cifra semejante no es suficiente.
¿No será que, como el programa de restitución de tierras ha comenzado a funcionar, a la izquierda le duele y que ahora la despojada es ella, porque le quitaron una bandera?
Yo quisiera que se hicieran las 160 mil restituciones, así me quiten alguna bandera. Ese no es problema. Mi discusión es que les deben restituir las tierras a los que se las quitaron y lo que denuncio es que no lo están haciendo. Y políticamente hay un aspecto que mortifica: por la restitución, Santos dice que es el Presidente de los campesinos, que hay una revolución agraria, y eso es paja. Las cifras dicen que no es cierto. Y hay otras políticas que tienen que ver con el agro y la propiedad rural que poco se conocen. A los campesinos de tierra fría ya les quitaron el trigo y la cebada, y si con los TLC les quitan la leche, perderán la tierra.
La ley decía que los baldíos del Estado solo se les podían entregar a campesinos. Santos cambió eso en el Plan de Desarrollo y hoy se les pueden entregar baldíos a banqueros, monopolios y transnacionales. Y tienen como propósito que, por ejemplo, la finca Las Catas, que era de un narcotraficante, se explote colectivamente bajo la jefatura de la Nacional de Chocolates, donde los campesinos no serían dueños y señores de sus parcelas, sino súbditos de la empresa. Entonces, la restitución se está usando como una cortina de humo para ocultar otras políticas muy discutibles, pero con un agravante: que tampoco hacen la restitución. Creo que estamos ante un inmenso ‘falso positivo’ en esta materia.
Finalmente, no resisto las ganas de preguntarle: ¿terminará usted aliviado de que Petro no gobierne en nombre del Polo? Habría sido el segundo alcalde de ese partido que consecutivamente le falla a la ciudad…
Petro no es del Polo y, para bien o para mal, no nos toca responder por él. Ahora, en la Alcaldía no le está yendo como bien. Su concepción programática no la compartimos. Pero la realización ni siquiera se ajusta a su programa, sino que improvisa. Y hay una obsesión por salir en los medios, que no es un buen estilo. Se debe gobernar gobernando, y si se sale o no en los medios, ya se verá.
¿Teme que lo de Petro definitivamente salga mal?
Hay mucha improvisación e incluso ocurrencias poco técnicas, y una ciudad como Bogotá requiere concepciones políticas, pero también criterios técnicos. Si tranvía o no tranvía… requiere una evaluación técnica, lo mismo que la ALO o la peatonalización del centro. Veo muchas ocurrencias que no se sustentan con claridad técnica, y la ciudad comienza a sentir eso.
Ministro Juan Camilo Restrepo
¿Por qué dice que las críticas del senador Robledo son pura bullaranga?
El senador Robledo anda muy preocupado porque a él no le cuadran las cifras de la restitución de tierras…
El senador Robledo, que no votó la ley de víctimas, parece estar muy preocupado de que las cosas estén marchando bien. Entonces anda en una campaña desesperada y frenética por caricaturizar y desconceptuar lo que se está haciendo, malinterpretando las cifras oficiales, lo cual conduce a la mendacidad (hábito de mentir). Es tan frenético su afán por descalificar esta ley, que le está ganando el campeonato al expresidente Uribe en Twitter.
¿Es cierto que las cifras que exhibe el Gobierno mezclan restitución con titularización de baldíos?
El Gobierno ha sido escrupulosamente cuidadoso desde el primer día en todos sus documentos y estadísticas para distinguir entre lo uno y lo otro. Mire, por ejemplo, el título de este libro que publicó el Ministerio: Política integral de tierras: un viraje trascendental en la restitución y formalización.
Pero en las cifras que él muestra no parecen estar discriminadas…
Mire. Esta semana le presenté a la Corte Constitucional un informe oficial y completo donde están todas las cifras y las explicaciones de cada cosa. Titulación del baldíos: 566.000. Restituciones por la vía administrativa: 18.000. Total de ejecución de política de tierras, 852.000. Estos son los datos a final del año 2011. No puede haber grandes cantidades de restituciones de las de la ley de tierras y víctimas porque llevamos dos meses de este año, y solo empezó a regir a partir del 1o. de enero.
¿Cuál es entonces el balance de los primeros 18 meses del Gobierno?
Es cierto que la mayoría de lo que se ha hecho es titulación, y eso no lo ocultamos. La restitución apenas comenzó el 1o. de enero de este año. Bajo este gobierno se han intervenido 853.000 hectáreas, la mayoría de las cuales ha sido titulación, que tampoco es una cosa menor, porque es uno de los problemas agrarios más graves. El 40 por ciento de los predios en Colombia no tiene escrituras sino tenencia precaria, por lo que se carece de acceso al crédito y a la hipoteca, a la movilidad social y al subsidio. El ser informales, sin títulos, es una de las trampas que atenazan al campesino colombiano.
Está muy bien eso de la titularización. Pero la restitución es más difícil, pisa más callos, hay que despojar al tenedor para devolvérsela al campesino…
Este gobierno encontró muchos expedientes no tramitados, olvidados, casos emblemáticos en el Incoder que pueden conducir a restitución de tierras por la vía administrativa, y esas se han venido haciendo desde el 7 de agosto del 2010 hasta la fecha, con todas las complejidades jurídicas. Esas son 18.000 hectáreas. Con la aplicación de la nueva ley a partir del 1o. de enero, hemos recibido ya 8.200 solicitudes de restitución sobre cerca de 550.000 hectáreas. Esas se regirán bajo la nueva ley.
El senador dice que usted fijó una meta de restituir a 160.000 familias, y que ahora la abandonó…
Como el doctor Robledo no votó la ley, parece que no la ha estudiado tampoco. Y como no la ha estudiado, no entiende el procedimiento señalado por la ley, que dice que el Estado recibirá tantas solicitudes de restitución como se le presenten. No es que haya metas: hay es deberes de recibir las solicitudes de restitución, todas las que lleguen.
¿Tramitan todas las solicitudes?
No. Estamos estudiando las cerca de 8.200 que ya hemos recibido a través de las oficinas que para tal efecto estamos abriendo por todo el país. Y sobre aquellas que se encuentren bien sustentadas, se acompañará a las víctimas hasta los estrados de los jueces agrarios que se han creado para que estos den la última palabra sobre si procede la restitución o no.
Entonces lo de las 160.000 familias es un cálculo. ¿Cómo llegan a esa cifra?
El senador Robledo ha hecho una bullaranga sobre la cifra de 360.000 casos que menciona la ley del plan para el decenio, y 160.000 para el cuatrienio. Esas cifras, se lo informé a la Corte Constitucional, vienen de que, cuando se empezaba a diseñar la ley, el Gobierno tenía que preparar todo el instrumental presupuestal, administrativo, judicial, logístico, para hacerle frente al proceso de restitución. Juiciosamente se calculó cuántos potenciales reclamantes de restitución de tierras o cuántos potenciales retornantes por despojos forzados puede haber.
¿Y cuáles estudios sociales tomaron como base?
El registro único de población desplazada, el registro único de predios, los estudios de la Fiscalía y los estudios que ha hecho la Pastoral Social de la Iglesia. Los cruzamos y la conclusión es que en el último cuarto de siglo pudo haber, entre gente a la que le quitaron la tierra, y la que tuvo que abandonarla forzadamente, algo así como 360.000 casos. El Gobierno planeó su infraestructura para poder atender administrativa y presupuestalmente eso en diez años. Y en este cuatrienio, 160.000. Pero eso no es propiamente una meta.
¿Es cierto que el plan de invertir la carga de la prueba a favor del campesino echó reversa?
Nuevamente el senador Robledo hace gala de su desconocimiento de la ley, porque esa es una de sus grandes novedades. Al ser una ley de justicia transicional, su esencia es que se pueden acoger mecanismos que no son usuales en el derecho ordinario. Si la carga de la prueba no se hubiera invertido y se aplicaran los estándares normales, una familia desplazada hace 15 años y que está aquí en el semáforo de la calle 85 tratando de ganarse la vida tendría que ir de notaría en notaría o de oficina en oficina en registro buscando los papeles para acreditar su pretensión. Como Estado, le ayudamos a la víctima a que allegue las pruebas para hacer valer su derecho.
Hasta donde yo tenía entendido, el que tiene que demostrar su derecho es el tenedor o propietario al cual se le reclama la tierra…
No. La inversión de la carga de la prueba no es eso. Consiste en que la ley le dijo al Estado: ayúdele a la víctima, que en condiciones normales debería probar su despojo, a allegar las pruebas para que lo pruebe. Lo que hace la inversión de la carga de la prueba es levantar de los hombros de la víctima reclamante algo que en condiciones normales sería su obligación en un juicio ordinario, como es probar su despojo.
El senador Robledo niega que la ‘bullaranga’ sobre las cifras de la restitución se deba a una espinita de la izquierda porque el Gobierno les haya quitado una de sus banderas…
Yo sí creo que tiene mucho de eso. Porque inclusive muchos senadores del Polo, como el senador Avellaneda y otros, votaron y participaron muy entusiastamente y enriquecieron mucho la discusión de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Sin embargo, un grupito del Polo, entre otras cosas los mismos que eran amigos de la administración de Samuel Moreno en Bogotá, dijeron que no les gustaba este proyecto y no lo votaron. El último día presentaron 150 proposiciones. Total, se marginaron del proceso. Yo sí creo que están ahora un poco inquietos porque ante una política que sobre todo es sincera y trasparente, y que busca revisar una de las desfiguraciones más grandes que se han dado en la estructura agraria del país, como es esta informalidad y el despojo violento de la tierra, están viendo que se quedaron por fuera, a la vera del camino. Ahora, para colincharse en este proceso, no están haciendo una tarea propositiva y constructiva, sino que recurren a la caricatura y a la permanente desfiguración de los hechos.
María Isabel Rueda
Especial para EL TIEMPO
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